En una audiencia ante el Congreso, el secretario de Estado, Rex Tillerson, adelantó que preparan "una lista muy robusta de individuos" del gobierno que serán sancionados por la Casa Blanca.
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Venezuela se mantiene en el ojo de la Casa Blanca. Este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, aseguró que preparaban más sanciones a Caracas.
Durante una audiencia en el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Tillerson indicó que consolidan una "lista muy robusta" de personas que serían castigadas por el gobierno norteamericano por supuestas violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
"Estamos trabajando con el Departamento del Tesoro para desarrollar una lista muy robusta de individuos", dijo el secretario de Estado, citado por El Universal.
El anuncio de Tillerson fue en respuesta a la petición de la congresista republicana y acérrima crítica del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Ileana Ros-Lethinen, quien solicitó medidas punitivas contra el gobierno bolivariano. Esta no es la primera arremetida de la administración Trump en contra de Caracas. Hace poco menos de un mes, el Tesoro sancionó a varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, previamente, al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami.
Aunque el secretario de Estado admitió que Washington seguirá "muy implicado" con la situación en Venezuela, con énfasis en las gestiones desde la Organización de Estados Americanos (OEA), ha prometido ser "cauto".
No obstante, la relación de Tillerson con Venezuela no tiene buenos precedentes. El actual funcionario nortemericano, recuerda el diario Ciudad Caracas, estuvo al frente de la petrolera Exxon cuando la firma se negó a aceptar las condiciones de explotación puestas por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
En 2007, Tillerson también era director de Exxon cuando la empresa demandó al Estado venezolano por haber nacionalizado la Faja Petrolífera del Orinoco, uno de los yacimientos de crudo más importantes del mundo, por lo que pidió una indemnización de 12 mil millones de dólares. El fallo favoreció a Caracas, que sólo tuvo que pagar 1,5 millones.