Durante
los años 2017 y 2018, Barcelona acogerá una sesión del Tribunal
Permanente de los Pueblos que juzgará a la Unión Europea (UE) y a los
estados miembros responsables de las políticas migratorias, de asilo y
de refugio causantes de tantas muertes durante los últimos años, así
como de la privación de derechos en suelo comunitario. Este tribunal
también analizará el papel de las transnacionales en el empobrecimiento
de países y regiones enteras, causa también de desplazamientos
inseguros, así como el papel de los estados en conflictos bélicos que
obligan a huidas masivas.
De esta manera, este sábado, 8 de julio, se celebrará una jornada de presentación de esta audiencia que tendrá lugar en Barcelona a finales del 2017 y durante el primer trimestre del 2018. Durante esos meses, se conformará el jurado y se organizará y llevará a cabo la primera audiencia en la capital catalana y, posteriormente, en la segunda mitad del 2018, se concluirá con nuevas sesiones en otra ciudad mediterránea aún por confirmar. En la jornada de presentación del próximo sábado, en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona, participarán diversas organizaciones convocantes que harán públicas las acusaciones y aportarán testimonios en primera persona tanto de migrantes como de refugiados, víctimas de las políticas de la UE, sus estados y de las prácticas de empresas transnacionales.
De este modo, durante toda la jornada se presentarán acusaciones y se aportarán testimonios por parte de organizaciones como Transnational Institute, Transnational Migrant Platform Europe , Respect Network Europe, Coordinadora Europea de Vía Campesina, Espacio del Inmigrante, Fotomovimiento, Institut de Drets Humans de Catalunya, Centre Iridia, Mujeres Pa’lante, Novact, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Tanquem els CIEs, Tras la Manta o la Marcha Mundial de Mujeres, entre otras. Tras estas intervenciones, jueces de reconocido prestigio internacional en materia de Derechos Humanos aceptarán llevar a cabo el juicio popular, entre ellos destacan: Leticia Gutiérrez, de México, Bridget Anderson, del Reino Unido, Jennifer Chiriga, de Sudáfrica, y Carlos Beristain de Euskadi.
El tribunal admitirá juzgar a los causantes de un movimiento sin precedentes de personas desplazadas, migrantes y refugiadas en todo el mundo, aunque, pondrán especial énfasis en lo ocurrido en la UE durante los últimos años
El tribunal admitirá juzgar a los causantes de un movimiento sin precedentes de personas desplazadas, migrantes y refugiadas en todo el mundo, aunque, pondrán especial énfasis en lo ocurrido en la UE durante los últimos años. La UE es receptora a diario de miles de personas que cruzan el Mediterráneo, bien como migrantes huyendo del empobrecimiento, bien como refugiadas huyendo de la devastación de la guerra. Estas personas se encuentran, una vez en suelo europeo, con la detención y la criminalización en fronteras militarizadas, donde los Derechos Humanos son negados o disminuidos, a la vez que miles de personas encuentran la muerte en su ruta hacia las fronteras europeas. Mediante estas sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos se pretende identificar la cadena de corresponsabilidad en toda la ruta migratoria.
Todo esto se trabajará investigando tres espacios concretos: el espacio de expulsión, es decir, el país de origen de las personas desplazadas, analizando las causas que generan la migración; en un segundo lugar se investigará el viaje hasta las fronteras europeas; por último, la estancia y residencia en los países de recepción. Además, se trabajarán tres ejes. En primer lugar, la “necropolítica”, la política de la UE y sus estados que tiene por consecuencia la muerte de estas personas; en segundo término, los espacios sin derechos, como las propias fronteras, el mar o los CIEs; por último, las personas desaparecidas durante los trayectos o ya en los países de destino.
Este juicio popular, se quiere documentar de forma rigurosa los casos de violaciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas
Mediante la celebración de este juicio popular, se quiere documentar de forma rigurosa, escuchar y visibilizar los casos de violaciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como analizar conjuntamente las causas de los desplazamientos forzados, incluyendo los acuerdos de comercio e inversiones, el extractivismo a nivel global. También se documentará y visibilizará la cadena global de producción. Con todo ello, se pretende determinar las responsabilidades de los gobiernos, incluida la UE, y visibilizar la responsabilidad también de las corporaciones en la cadena de producción global así como en el régimen de fronteras.
Jeza Goudinoff, una de las portavoces de la organización del evento, explica a cuartopoder.es: “Ante la impunidad de las violaciones de Derechos Humanos de migrantes que se suceden de forma sistemática, es necesario que los pueblos reclamen su derecho al acceso a la justicia recogido en la Carta de los Derechos de los Pueblos de Argel y que estos casos sean juzgados aunque las demás instancias legales y judiciales fallen en el cumplimiento de su función”. Esta portavoz, añade al respecto: “Es una oportunidad para situar un juicio ante la opinión pública, para poder ejercer presión e incidencia para cambiar el marco legal y el paradigma hacia un modelo basado en los derechos y no en los beneficios”. Goudinoff aclara: “El tribunal emitirá un veredicto que no es vinculante, puesto que es un tribunal de opinión, pero en el banquillo no sólo estarán las transnacionales, sino también los responsables de las políticas que conllevan la muerte de estas personas, políticas discriminatorias y racistas, las políticas de la fortificación europea, la falta de vías seguras, las leyes de extranjería, incluso los tratados con países africanos o los pactos para la externalización de fronteras”. “Todas estas políticas tendrán como responsables a la Unión Europea y a sus estados miembros”, concluye esta activista.
Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el encargado de dar la bienvenida al Tribunal Permanente de los Pueblos será el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Este asegura: “Barcelona es una ciudad con una amplia vocación internacionalista y con una larga tradición de compromiso con la justicia global. El gobierno es consciente de esta realidad ciudadana y quiere estar a la altura. Por ello, nos honra que Barcelona acoja el Tribunal de los Pueblos”. Pisarello añade: “Estas violaciones, que afectan especialmente a las mujeres, los menores o las personas LGBTI, empiezan más allá de nuestras fronteras y siguen en nuestras ciudades, con instituciones como los CIEs”. “El Ayuntamiento de Barcelona denuncia estas políticas europeas y se esfuerza por cerrar el CIE. En este sentido, confiamos en que el encuentro del Tribunal en nuestra ciudad permita dar un empujón a estas y otras reivindicaciones”, asegura.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos se estableció en 1979, tomando como principal referencia la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel, y desde entonces ha celebrado 40 sesiones. Es un Tribunal de Opinión, que actúa con independencia de los Estados y responde a las peticiones de las comunidades y los pueblos cuyos Derechos Humanos han sido violados. El objetivo de las audiencias es recuperar la autoridad de los pueblos cuando los estados y los organismos internacionales han fallado en proteger los derechos de los pueblos.
De esta manera, este sábado, 8 de julio, se celebrará una jornada de presentación de esta audiencia que tendrá lugar en Barcelona a finales del 2017 y durante el primer trimestre del 2018. Durante esos meses, se conformará el jurado y se organizará y llevará a cabo la primera audiencia en la capital catalana y, posteriormente, en la segunda mitad del 2018, se concluirá con nuevas sesiones en otra ciudad mediterránea aún por confirmar. En la jornada de presentación del próximo sábado, en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona, participarán diversas organizaciones convocantes que harán públicas las acusaciones y aportarán testimonios en primera persona tanto de migrantes como de refugiados, víctimas de las políticas de la UE, sus estados y de las prácticas de empresas transnacionales.
De este modo, durante toda la jornada se presentarán acusaciones y se aportarán testimonios por parte de organizaciones como Transnational Institute, Transnational Migrant Platform Europe , Respect Network Europe, Coordinadora Europea de Vía Campesina, Espacio del Inmigrante, Fotomovimiento, Institut de Drets Humans de Catalunya, Centre Iridia, Mujeres Pa’lante, Novact, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Tanquem els CIEs, Tras la Manta o la Marcha Mundial de Mujeres, entre otras. Tras estas intervenciones, jueces de reconocido prestigio internacional en materia de Derechos Humanos aceptarán llevar a cabo el juicio popular, entre ellos destacan: Leticia Gutiérrez, de México, Bridget Anderson, del Reino Unido, Jennifer Chiriga, de Sudáfrica, y Carlos Beristain de Euskadi.
El tribunal admitirá juzgar a los causantes de un movimiento sin precedentes de personas desplazadas, migrantes y refugiadas en todo el mundo, aunque, pondrán especial énfasis en lo ocurrido en la UE durante los últimos años
El tribunal admitirá juzgar a los causantes de un movimiento sin precedentes de personas desplazadas, migrantes y refugiadas en todo el mundo, aunque, pondrán especial énfasis en lo ocurrido en la UE durante los últimos años. La UE es receptora a diario de miles de personas que cruzan el Mediterráneo, bien como migrantes huyendo del empobrecimiento, bien como refugiadas huyendo de la devastación de la guerra. Estas personas se encuentran, una vez en suelo europeo, con la detención y la criminalización en fronteras militarizadas, donde los Derechos Humanos son negados o disminuidos, a la vez que miles de personas encuentran la muerte en su ruta hacia las fronteras europeas. Mediante estas sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos se pretende identificar la cadena de corresponsabilidad en toda la ruta migratoria.
Todo esto se trabajará investigando tres espacios concretos: el espacio de expulsión, es decir, el país de origen de las personas desplazadas, analizando las causas que generan la migración; en un segundo lugar se investigará el viaje hasta las fronteras europeas; por último, la estancia y residencia en los países de recepción. Además, se trabajarán tres ejes. En primer lugar, la “necropolítica”, la política de la UE y sus estados que tiene por consecuencia la muerte de estas personas; en segundo término, los espacios sin derechos, como las propias fronteras, el mar o los CIEs; por último, las personas desaparecidas durante los trayectos o ya en los países de destino.
Este juicio popular, se quiere documentar de forma rigurosa los casos de violaciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas
Mediante la celebración de este juicio popular, se quiere documentar de forma rigurosa, escuchar y visibilizar los casos de violaciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como analizar conjuntamente las causas de los desplazamientos forzados, incluyendo los acuerdos de comercio e inversiones, el extractivismo a nivel global. También se documentará y visibilizará la cadena global de producción. Con todo ello, se pretende determinar las responsabilidades de los gobiernos, incluida la UE, y visibilizar la responsabilidad también de las corporaciones en la cadena de producción global así como en el régimen de fronteras.
Jeza Goudinoff, una de las portavoces de la organización del evento, explica a cuartopoder.es: “Ante la impunidad de las violaciones de Derechos Humanos de migrantes que se suceden de forma sistemática, es necesario que los pueblos reclamen su derecho al acceso a la justicia recogido en la Carta de los Derechos de los Pueblos de Argel y que estos casos sean juzgados aunque las demás instancias legales y judiciales fallen en el cumplimiento de su función”. Esta portavoz, añade al respecto: “Es una oportunidad para situar un juicio ante la opinión pública, para poder ejercer presión e incidencia para cambiar el marco legal y el paradigma hacia un modelo basado en los derechos y no en los beneficios”. Goudinoff aclara: “El tribunal emitirá un veredicto que no es vinculante, puesto que es un tribunal de opinión, pero en el banquillo no sólo estarán las transnacionales, sino también los responsables de las políticas que conllevan la muerte de estas personas, políticas discriminatorias y racistas, las políticas de la fortificación europea, la falta de vías seguras, las leyes de extranjería, incluso los tratados con países africanos o los pactos para la externalización de fronteras”. “Todas estas políticas tendrán como responsables a la Unión Europea y a sus estados miembros”, concluye esta activista.
Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el encargado de dar la bienvenida al Tribunal Permanente de los Pueblos será el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Este asegura: “Barcelona es una ciudad con una amplia vocación internacionalista y con una larga tradición de compromiso con la justicia global. El gobierno es consciente de esta realidad ciudadana y quiere estar a la altura. Por ello, nos honra que Barcelona acoja el Tribunal de los Pueblos”. Pisarello añade: “Estas violaciones, que afectan especialmente a las mujeres, los menores o las personas LGBTI, empiezan más allá de nuestras fronteras y siguen en nuestras ciudades, con instituciones como los CIEs”. “El Ayuntamiento de Barcelona denuncia estas políticas europeas y se esfuerza por cerrar el CIE. En este sentido, confiamos en que el encuentro del Tribunal en nuestra ciudad permita dar un empujón a estas y otras reivindicaciones”, asegura.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos se estableció en 1979, tomando como principal referencia la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel, y desde entonces ha celebrado 40 sesiones. Es un Tribunal de Opinión, que actúa con independencia de los Estados y responde a las peticiones de las comunidades y los pueblos cuyos Derechos Humanos han sido violados. El objetivo de las audiencias es recuperar la autoridad de los pueblos cuando los estados y los organismos internacionales han fallado en proteger los derechos de los pueblos.
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