Como
ha sido la tónica, y tal como ocurrió con el proyecto de gratuidad y de
reforma laboral, la Derecha y los conservadores en la Nueva Mayoría aún
pueden evitar la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el
aborto en tres causales; el mecanismo: el Tribunal Constitucional (TC)
que, actuando como tercera cámara legislativa, puede calificarlo de
inconstitucional y con ellos borrar de un plumazo un proyecto que cuenta
con el respaldo mayoritario de la sociedad chilena. ---- Si bien
nuestra posición va más allá que el contenido propuesto por el ejecutivo
consideramos que el proyecto de ley constituye un mínimo en una
sociedad en que culturalmente ha costado muchísimo romper con vetos y
tabúes medievales propios de la matriz conservadora de las clases
dominantes.
Por ello, no es una alegoría jurídica cuando se plantea como tarea de primer orden para las fuerzas políticas de cambio, como el Frente Amplio, apostar por eliminar o suprimir las atribuciones supra-legislativas del TC.
Con la excusa del examen de constitucionalidad de las leyes, este órgano -en los hechos- subordina al Poder Legislativo, convirtiéndose en un cerrojo autoritario de la Constitución que vulnera el principio de la separación de los poderes del Estado propio de una república que se dice democrática. Este estándar mínimo en sociedades occidentales encuentra en Chile una manifestación jurídica atávica expresada en este blindaje surgido del temor de las clases dominantes al debate democrático en una sociedad que progresa en el reconocimiento de libertades públicas y derechos sociales.
No contentos con cercenar el proyecto original por medio de indicaciones regresivas, estos sectores se las arreglaron hoy para forzar la comisión mixta que retardará la vista del proyecto por parte del tribunal constitucional ante el cambio de presidencia (y de voto de mayoría) que quedara en manos de la derecha.
No obstante lo anterior, no podemos seguir tolerando que proyectos de ley se diriman por la mayoría circunstancial de un tribunal elegido de modo indirecto y binominal, por lo que consideramos necesario que las fuerzas sociales y políticas democráticas pongamos por delante la superación de este enclave dictatorial.
El tribunal constitucional debe ser eliminado y debemos conquistar las mayorías para ser nosotr@s quienes decidamos.
www.izquierdalibertaria.cl
Por ello, no es una alegoría jurídica cuando se plantea como tarea de primer orden para las fuerzas políticas de cambio, como el Frente Amplio, apostar por eliminar o suprimir las atribuciones supra-legislativas del TC.
Con la excusa del examen de constitucionalidad de las leyes, este órgano -en los hechos- subordina al Poder Legislativo, convirtiéndose en un cerrojo autoritario de la Constitución que vulnera el principio de la separación de los poderes del Estado propio de una república que se dice democrática. Este estándar mínimo en sociedades occidentales encuentra en Chile una manifestación jurídica atávica expresada en este blindaje surgido del temor de las clases dominantes al debate democrático en una sociedad que progresa en el reconocimiento de libertades públicas y derechos sociales.
No contentos con cercenar el proyecto original por medio de indicaciones regresivas, estos sectores se las arreglaron hoy para forzar la comisión mixta que retardará la vista del proyecto por parte del tribunal constitucional ante el cambio de presidencia (y de voto de mayoría) que quedara en manos de la derecha.
No obstante lo anterior, no podemos seguir tolerando que proyectos de ley se diriman por la mayoría circunstancial de un tribunal elegido de modo indirecto y binominal, por lo que consideramos necesario que las fuerzas sociales y políticas democráticas pongamos por delante la superación de este enclave dictatorial.
El tribunal constitucional debe ser eliminado y debemos conquistar las mayorías para ser nosotr@s quienes decidamos.
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