Entrevista con Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia
El
viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia,
Alfredo Rada, visitó Montevideo para participar en el debate “La
izquierda de América Latina en la encrucijada. Alternativas para
avanzar”. Tanto en esa instancia como en conversación con la diaria
instó a los partidos políticos de izquierda de América Latina a
posicionarse como socialistas y abandonar el camino del progresismo,
porque considera que mantener el modelo capitalista implica
necesariamente que los cambios impulsados por los “proyectos
revolucionarios” sean reversibles, como está sucediendo en Argentina y
Brasil.
¿Cuál es la tarea del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales?
Trabaja dentro del Ministerio de Presidencia –en relación directa con el presidente– y es un viceministerio mediante el cual se busca llevar adelante un gobierno de movimientos sociales, tal como planteó Evo [Morales] cuando asumió en 2006. Se encarga de efectuar la coordinación con una gama de organizaciones sociales que hay en Bolivia, donde tenemos una cultura organizacional muy avanzada. Todos los sectores sociales se organizan en sindicatos u otro tipo de estructuras. Hay tres vertientes de estos movimientos sociales: la obrero-sindical, en la que están todos los sindicatos de trabajadores, que forman parte de la Central Obrera Boliviana; la campesino-indígena, que tiene organizaciones con estructura sindical o territorial, basada en autoridades originarias; y la urbano-popular, en la que sobresalen las juntas de vecinos que se conforman en los barrios y las agrupaciones de comerciantes de calle. Unas 40 organizaciones nacionales de estas tres vertientes confluyen desde 2007 en lo que se denomina la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Conalcam, con la que Evo se reúne una vez por mes. Él la ha definido como su segundo gabinete, el de los movimientos sociales.
Un tema que se debatió en estos años es que la afinidad ideológica entre los gobiernos de izquierda y los movimientos sociales hace difícil que estos últimos cumplan con su función de presionar para mejorar las condiciones de vida y laborales. Esto se ve en particular en el caso de los sindicatos, a los que les ha costado ir en contra de los gobiernos de izquierda. Este esquema planteado en Bolivia, ¿no acentúa estas dificultades?
No, porque no estamos hablando de un cogobierno. Dentro del gabinete de ministros no hay ningún representante de un sector de la burguesía, pero tampoco de los sectores sociales. La Conalcam tiene el sentido de convertir la demanda social en política pública. Allí las organizaciones plantean sus demandas al presidente, pero también está para debatir las cuestiones generales que hacen al gobierno, como la agenda política o incluso la económico-productiva, sin formar parte del gabinete. Lo que hay no es un cogobierno, sino una especie de control social de la gestión de gobierno. Ellos mantienen su propia identidad, más allá de que exista una comunicación fluida con el presidente. La coordinación permanente con los movimientos sociales es una virtud del proceso boliviano que se ha perdido en otros procesos políticos de transformación en Sudamérica.
En los últimos meses hubo varias visitas a Uruguay de jerarcas del gobierno de Morales, entre ellas la del vicepresidente Álvaro García Linera y la del ex canciller David Choquehuanca. En el contexto regional de la izquierda, ¿ustedes consideran que Bolivia es un modelo a seguir, el que sí funcionó correctamente, en comparación con propuestas más cautas, como la de Argentina o la de Brasil?
Nosotros no pretendemos dar recetas a nadie, simplemente venimos a hablar de nuestra experiencia, a transmitir lo que hemos logrado y las dificultades que tenemos. Cada proceso político depende de las características y particularidades de cada país, pero lo que hemos visto en el caso boliviano es que la estabilidad política se debe, entre otras cosas, a una gestión de gobierno en la que el presidente asume personalmente la relación y la coordinación con los movimientos sociales. El segundo elemento que explica esa estabilidad es el acompañamiento de un modelo económico que permita crecimiento y redistribución, porque si no lo hay, no hay régimen que resista.
¿Qué medidas se adoptaron para cambiar el modelo económico boliviano?
Nosotros implementamos nacionalizaciones y estatizaciones que han cambiado por completo el perfil de nuestra economía y nos permitieron contar con nuevos ingresos que ahora se quedan en Bolivia, que generaron un shock de ingresos fiscales que ha incrementado la inversión pública a niveles nunca vistos, y las reservas internacionales, que crecieron de 1.750 a 15.000 millones de dólares entre 2006 y 2015. Hemos logrado incrementar el tamaño de la economía boliviana. Cuando Evo asumió el gobierno en 2006, el Producto Interno Bruto [PIB] de Bolivia era de 9.000 millones de dólares; hoy es de 35.000. Esto ha permitido acercar a nuestra economía a la de los países vecinos, la brecha regional se está cerrando. Son logros económicos que se mantienen. Había analistas de derecha que decían que el modelo económico de Evo iba a durar mientras se mantuvieran altos los precios de las materias primas, pero cuando se cayeron esos precios –del petróleo, los minerales, la soja y la quinua, los principales productos de exportación de Bolivia–, la economía se mantuvo. Eso ocurre porque el crecimiento del PIB significó también un crecimiento de la demanda interna, y ese es otro de los secretos del modelo económico. Hemos apostado por ampliar el tamaño de la economía nacional y diversificar la matriz productiva y las fuentes de ingresos del país para no seguir siendo una economía primaria exportadora. En los últimos años se hicieron inversiones muy importantes en energía, infraestructura y transporte, estamos haciendo grandes esfuerzos. Eso también explica la estabilidad que el gobierno de Evo tiene a 11 años de haber comenzado su mandato.
¿Qué cree que dejó de funcionar en los casos de Argentina y Brasil, donde los proyectos de izquierda no lograron mantenerse?
La izquierda latinoamericana debe analizar si es bueno diluir nuestras propuestas ideológicas asumiendo términos que no reflejan lo que debería ser un proyecto revolucionario. En el último tiempo se ha optado por abandonar un planteamiento abiertamente socialista en aras de la denominación de “progresismo”, y yo tengo problemas con eso: no me asumo como un progresista, sino como un socialista. Hablar de progreso en un sistema capitalista significa reproducir inequidades, desigualdades, depredación e injusticias. El progresismo está dentro de un sistema capitalista que pervive; eso significa que todos los avances que logremos en materia de justicia social siempre van a estar en riesgo. El sistema capitalista depende fundamentalmente de dos fuentes de acumulación de capital: la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza. Los retrocesos tan atroces que estamos viendo ahora en Argentina y Brasil se explican porque no se cambió el sistema capitalista, que justamente obtiene ganancias de convertir a la fuerza de trabajo en una variable de ajuste en momentos de crisis, como se está haciendo con la contrarreforma laboral, y convertir a la naturaleza en una fuente de depredación, como se pretende hacer en la Amazonia. Ese es un tema que debemos debatir en América Latina: la izquierda debe retomar abiertamente una identidad socialista, y desde los gobiernos debe plantearse la construcción del socialismo, buscar la manera de profundizar los cambios pasando de una revolución democrática y cultural a una económica y social.
Usted hizo mucho hincapié en la necesidad de que el gobierno se articule con los movimientos sociales. ¿Qué sucede con el reclamo de las organizaciones que se oponen a la construcción de un camino que atravesará al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)?
Ningún gobierno como el de Evo ha impulsado tanto a nivel nacional como internacional este debate sobre los derechos de la madre tierra. Pero siempre hemos dicho que la defensa de estos derechos debe guardar un equilibrio con la atención a las necesidades de la población, incluyendo aquella que vive en los parques nacionales, y lo que está pasando en el TIPNIS es que estamos aplicando esto que siempre dijimos. Debemos ser coherentes y ver cómo logramos ese equilibrio. Los que protestan por la instalación del camino viven en otros lugares del país; tienen el derecho democrático de expresarse, pero el gobierno debe escuchar a los pobladores que viven ahí, con todas las carencias que tienen.
La diaria de Montevideo
¿Cuál es la tarea del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales?
Trabaja dentro del Ministerio de Presidencia –en relación directa con el presidente– y es un viceministerio mediante el cual se busca llevar adelante un gobierno de movimientos sociales, tal como planteó Evo [Morales] cuando asumió en 2006. Se encarga de efectuar la coordinación con una gama de organizaciones sociales que hay en Bolivia, donde tenemos una cultura organizacional muy avanzada. Todos los sectores sociales se organizan en sindicatos u otro tipo de estructuras. Hay tres vertientes de estos movimientos sociales: la obrero-sindical, en la que están todos los sindicatos de trabajadores, que forman parte de la Central Obrera Boliviana; la campesino-indígena, que tiene organizaciones con estructura sindical o territorial, basada en autoridades originarias; y la urbano-popular, en la que sobresalen las juntas de vecinos que se conforman en los barrios y las agrupaciones de comerciantes de calle. Unas 40 organizaciones nacionales de estas tres vertientes confluyen desde 2007 en lo que se denomina la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Conalcam, con la que Evo se reúne una vez por mes. Él la ha definido como su segundo gabinete, el de los movimientos sociales.
Un tema que se debatió en estos años es que la afinidad ideológica entre los gobiernos de izquierda y los movimientos sociales hace difícil que estos últimos cumplan con su función de presionar para mejorar las condiciones de vida y laborales. Esto se ve en particular en el caso de los sindicatos, a los que les ha costado ir en contra de los gobiernos de izquierda. Este esquema planteado en Bolivia, ¿no acentúa estas dificultades?
No, porque no estamos hablando de un cogobierno. Dentro del gabinete de ministros no hay ningún representante de un sector de la burguesía, pero tampoco de los sectores sociales. La Conalcam tiene el sentido de convertir la demanda social en política pública. Allí las organizaciones plantean sus demandas al presidente, pero también está para debatir las cuestiones generales que hacen al gobierno, como la agenda política o incluso la económico-productiva, sin formar parte del gabinete. Lo que hay no es un cogobierno, sino una especie de control social de la gestión de gobierno. Ellos mantienen su propia identidad, más allá de que exista una comunicación fluida con el presidente. La coordinación permanente con los movimientos sociales es una virtud del proceso boliviano que se ha perdido en otros procesos políticos de transformación en Sudamérica.
En los últimos meses hubo varias visitas a Uruguay de jerarcas del gobierno de Morales, entre ellas la del vicepresidente Álvaro García Linera y la del ex canciller David Choquehuanca. En el contexto regional de la izquierda, ¿ustedes consideran que Bolivia es un modelo a seguir, el que sí funcionó correctamente, en comparación con propuestas más cautas, como la de Argentina o la de Brasil?
Nosotros no pretendemos dar recetas a nadie, simplemente venimos a hablar de nuestra experiencia, a transmitir lo que hemos logrado y las dificultades que tenemos. Cada proceso político depende de las características y particularidades de cada país, pero lo que hemos visto en el caso boliviano es que la estabilidad política se debe, entre otras cosas, a una gestión de gobierno en la que el presidente asume personalmente la relación y la coordinación con los movimientos sociales. El segundo elemento que explica esa estabilidad es el acompañamiento de un modelo económico que permita crecimiento y redistribución, porque si no lo hay, no hay régimen que resista.
¿Qué medidas se adoptaron para cambiar el modelo económico boliviano?
Nosotros implementamos nacionalizaciones y estatizaciones que han cambiado por completo el perfil de nuestra economía y nos permitieron contar con nuevos ingresos que ahora se quedan en Bolivia, que generaron un shock de ingresos fiscales que ha incrementado la inversión pública a niveles nunca vistos, y las reservas internacionales, que crecieron de 1.750 a 15.000 millones de dólares entre 2006 y 2015. Hemos logrado incrementar el tamaño de la economía boliviana. Cuando Evo asumió el gobierno en 2006, el Producto Interno Bruto [PIB] de Bolivia era de 9.000 millones de dólares; hoy es de 35.000. Esto ha permitido acercar a nuestra economía a la de los países vecinos, la brecha regional se está cerrando. Son logros económicos que se mantienen. Había analistas de derecha que decían que el modelo económico de Evo iba a durar mientras se mantuvieran altos los precios de las materias primas, pero cuando se cayeron esos precios –del petróleo, los minerales, la soja y la quinua, los principales productos de exportación de Bolivia–, la economía se mantuvo. Eso ocurre porque el crecimiento del PIB significó también un crecimiento de la demanda interna, y ese es otro de los secretos del modelo económico. Hemos apostado por ampliar el tamaño de la economía nacional y diversificar la matriz productiva y las fuentes de ingresos del país para no seguir siendo una economía primaria exportadora. En los últimos años se hicieron inversiones muy importantes en energía, infraestructura y transporte, estamos haciendo grandes esfuerzos. Eso también explica la estabilidad que el gobierno de Evo tiene a 11 años de haber comenzado su mandato.
¿Qué cree que dejó de funcionar en los casos de Argentina y Brasil, donde los proyectos de izquierda no lograron mantenerse?
La izquierda latinoamericana debe analizar si es bueno diluir nuestras propuestas ideológicas asumiendo términos que no reflejan lo que debería ser un proyecto revolucionario. En el último tiempo se ha optado por abandonar un planteamiento abiertamente socialista en aras de la denominación de “progresismo”, y yo tengo problemas con eso: no me asumo como un progresista, sino como un socialista. Hablar de progreso en un sistema capitalista significa reproducir inequidades, desigualdades, depredación e injusticias. El progresismo está dentro de un sistema capitalista que pervive; eso significa que todos los avances que logremos en materia de justicia social siempre van a estar en riesgo. El sistema capitalista depende fundamentalmente de dos fuentes de acumulación de capital: la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza. Los retrocesos tan atroces que estamos viendo ahora en Argentina y Brasil se explican porque no se cambió el sistema capitalista, que justamente obtiene ganancias de convertir a la fuerza de trabajo en una variable de ajuste en momentos de crisis, como se está haciendo con la contrarreforma laboral, y convertir a la naturaleza en una fuente de depredación, como se pretende hacer en la Amazonia. Ese es un tema que debemos debatir en América Latina: la izquierda debe retomar abiertamente una identidad socialista, y desde los gobiernos debe plantearse la construcción del socialismo, buscar la manera de profundizar los cambios pasando de una revolución democrática y cultural a una económica y social.
Usted hizo mucho hincapié en la necesidad de que el gobierno se articule con los movimientos sociales. ¿Qué sucede con el reclamo de las organizaciones que se oponen a la construcción de un camino que atravesará al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)?
Ningún gobierno como el de Evo ha impulsado tanto a nivel nacional como internacional este debate sobre los derechos de la madre tierra. Pero siempre hemos dicho que la defensa de estos derechos debe guardar un equilibrio con la atención a las necesidades de la población, incluyendo aquella que vive en los parques nacionales, y lo que está pasando en el TIPNIS es que estamos aplicando esto que siempre dijimos. Debemos ser coherentes y ver cómo logramos ese equilibrio. Los que protestan por la instalación del camino viven en otros lugares del país; tienen el derecho democrático de expresarse, pero el gobierno debe escuchar a los pobladores que viven ahí, con todas las carencias que tienen.
La diaria de Montevideo
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