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A
partir del sexenio de Felipe Calderón, y aún sin que hubiera una Ley de
Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas empezaron a hacerse cargo de la
seguridad pública en muchos estados y municipios. Y avanzaron
paulatinamente. A la fecha, más de 20 entidades federativas –incluyendo
las que se consideran más peligrosas– dejan las labores policiacas en
manos del Ejército y la Marina. Y el resultado ha sido el incremento de
la violencia y el crimen en las zonas bajo control del Mando Único
Policial, eufemismo para designar el control castrense de las tareas de
seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El debate en torno a la impugnada Ley de Seguridad Interior dejó ver lo que ya es una realidad: que los soldados y marinos tienen el control de la seguridad pública en casi todo el país. Lo que no se ha dicho en las discusiones es que el tan anhelado Mando Único Policial (MUP) existe también de facto y está en manos, asimismo, de militares.
Aprobada la Ley de Seguridad Interior en contra de la opinión de numerosas organizaciones, académicos nacionales y organismos internacionales, lo que sigue es la legalización del MUP, que se ha impuesto, por la vía de los hechos, sin las necesarias reformas a la Constitución.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mil 773 municipios de los 2 mil 469 existentes en el país, ya se aceptó la implementación del MUP.
Ello significa que 82% de la población ya vive en municipios con este esquema de seguridad, encabezado en su mayor parte por mandos del Ejército y la Marina, vestidos de civil, desplegados en entidades donde la violencia no cede, como Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, según el propio SESNSP.
El MUP fue promovido desde el sexenio de Felipe Calderón para desaparecer a las policías municipales. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto, propuso la creación de Policías Estatales Únicas “con el fin de pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidos por la delincuencia, a 32 corporaciones sólidas de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces” (Proceso 1987).
La legislación respectiva quedó pendiente también para este sexenio en el Senado ante la imposibilidad de alcanzar las tres cuartas partes necesarias para reformar varios artículos de la Constitución. Uno de ellos, el 115, referido al municipio libre, ya está en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2146, ya en circulación
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El debate en torno a la impugnada Ley de Seguridad Interior dejó ver lo que ya es una realidad: que los soldados y marinos tienen el control de la seguridad pública en casi todo el país. Lo que no se ha dicho en las discusiones es que el tan anhelado Mando Único Policial (MUP) existe también de facto y está en manos, asimismo, de militares.
Aprobada la Ley de Seguridad Interior en contra de la opinión de numerosas organizaciones, académicos nacionales y organismos internacionales, lo que sigue es la legalización del MUP, que se ha impuesto, por la vía de los hechos, sin las necesarias reformas a la Constitución.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mil 773 municipios de los 2 mil 469 existentes en el país, ya se aceptó la implementación del MUP.
Ello significa que 82% de la población ya vive en municipios con este esquema de seguridad, encabezado en su mayor parte por mandos del Ejército y la Marina, vestidos de civil, desplegados en entidades donde la violencia no cede, como Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, según el propio SESNSP.
El MUP fue promovido desde el sexenio de Felipe Calderón para desaparecer a las policías municipales. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto, propuso la creación de Policías Estatales Únicas “con el fin de pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidos por la delincuencia, a 32 corporaciones sólidas de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces” (Proceso 1987).
La legislación respectiva quedó pendiente también para este sexenio en el Senado ante la imposibilidad de alcanzar las tres cuartas partes necesarias para reformar varios artículos de la Constitución. Uno de ellos, el 115, referido al municipio libre, ya está en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2146, ya en circulación
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