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El año entrante, con las campañas político-electorales, habrá un amplio debate en el país sobre la reforma energética.
La duda es si hay un riesgo de continuidad de la reforma, dependiendo del resultado de la elección presidencial.Ayer, al registrarse como precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador anunció el “rescate del sector energético”, pero no dijo si buscará suspender o detener la reforma.
Desde la perspectiva de la Comisión Reguladora de Energía, que regula los mercados de gas natural, gas LP, petrolíferos y electricidad, “es muy difícil que la reforma se pare”.
La energética fue una reforma constitucional, que requirió el voto favorable de dos terceras partes del Congreso, por lo que cualquier modificación requeriría el mismo proceso de aprobación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre el tema y determinó que los jueces federales no pueden suspender las resoluciones o normas de los órganos reguladores del sector energético, lo cual ancla su constitucionalidad.
No obstante, al menos tres gasoductos han reportado problemas legales por conflictos sociales.
Otro de los factores que garantizan continuidad de la reforma energética es que el periodo de los reguladores es escalonado y trasciende los ciclos políticos del país.
En la CRE, los comisionados están por siete años, por lo que la continuidad de sus labores no se ve afectada por cambios de administración.
Uno más es la participación de los gobiernos estatales y municipales en la instrumentación de la reforma.
Esa es la razón por la que Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, se ha sentado con 16 gobernadores a dialogar sobre el tema.
Lo más importante son la inversión y el empleo generados a partir de la reforma energética.
Actualmente, ya hay 133 compañías de 19 países, de las cuales 51 son mexicanas, que han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad.
Son empresas que nunca habían pisado el país y que se hicieron presentes a partir de la apertura de los mercados.
Todas esas empresas –grandes, medianas y chicas– han venido creando un ‘ecosistema energético’.
Ya se han detonado inversiones significativas derivadas de las rondas petroleras, los farmouts de Pemex, la sísmica, la red de gasoductos, las actividades en gas LP y petrolíferos, así como de las subastas eléctricas.
La inversión estimada es por 257 mil millones de dólares y, de ese monto, la inversión desplegada o comprometida suma 86 mil millones de dólares.
Ésta representa cerca de 53 por ciento de la IED acumulada durante la presente administración.
Dada la naturaleza de los proyectos energéticos, que son de largo plazo, todas las empresas que han invertido en el sector tienen la mirada puesta en el marco jurídico.
Quieren asegurarse de que, independientemente de quién llegue a la Presidencia en 2018, sus inversiones se mantendrán a salvo.
Es sano que el próximo año, en el marco de la contienda electoral, haya un debate técnico y sustentado sobre las 13 reformas aprobadas durante el gobierno del presidente Enrique Peña.
Se vale hacer una reflexión, un alto en el camino y un reconocimiento de los avances, pero también de los desafíos de la reforma energética, como el combate a los actos de corrupción en procesos de subcontratación.
Lo que no se puede hacer es ignorar el nuevo modelo energético que apuesta a la modernización de los sectores de hidrocarburos y electricidad a partir de un mercado competitivo, que ya cuenta con un centenar de participantes.
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