Ha vuelto a ocurrir en Italia. En Alemania lleva sucediendo
durante las últimas tres legislaturas. Y lo experimentamos en España,
durante varios meses, después de las elecciones celebradas en diciembre
de 2015 y su repetición en junio de 2016 (aún lo padecemos en la
Comunidad Autónoma de Cataluña donde seguimos instalados en la parálisis
de un parlamento recién elegido que es incapaz de formar Gobierno). Y,
como precedente emblemático de este tipo de experiencias “anárquicas”,
tenemos lo acontecido en Bélgica en los años 2010 y 2011, donde pasaron 541 días sin que fuera posible elegir un ejecutivo. Bélgica ostenta, por el momento, el “honroso” récord mundial de vacío de poder por impotencia del parlamento.
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En todas las anteriores ocasiones, se celebraron elecciones, el pueblo votó y, sin embargo, no quedó resuelto el problema del poder. Y eso ocurrió porque, en cada uno de los supuestos señalados (Bélgica, España, Alemania e Italia), el pueblo no elige directamente a su Gobierno. Su forma de Gobierno es parlamentaria y el jefe del ejecutivo es elegido por el parlamento. Ante esta forma de organizar los poderes del Estado (elegir, en este caso, a su ejecutivo), si la ley electoral no contribuye a la formación de mayorías parlamentarias solventes, se llega a la situación enmarañada, a veces durante largos periodos de tiempo, de la no elección de un nuevo Gobierno.
Por eso llama la atención la proposición realizada por los partidos políticos españoles, Podemos y Ciudadanos, de reformar la ley electoral para hacerla todavía más proporcional. La clave principal de la reforma consiste en variar el sistema de reparto de escaños. Se quiere enterrar la famosa ley D`hont para instaurar una fórmula, la conocida como Saint Lagüe, que incide aún más en el reparto proporcional de los votos emitidos con los escaños que se atribuyen.
La cuestión fundamental es, por tanto, establecer ¿cómo se alcanza el poder ejecutivo de un Estado? ¿Cómo se organiza su forma de Gobierno? Y ¿qué sucede, en un régimen parlamentario, cuando el resultado de unas elecciones no permite la conformación de un nuevo poder?
La primera de estas preguntas tiene sencilla respuesta: el presidencialismo establece que sea el pueblo quien elija directamente (en una o dos vueltas) al poder ejecutivo; mientras que en el parlamentarismo (monárquico o republicano) la elección del gobierno (primer ministro o presidente) es realizada por el parlamento.
Lo habitual, por tanto, es escoger una salida a la crisis de falta de Gobierno en contra de lo manifestado electoralmente por la mayoría, favoreciendo, eso sí, los intereses de las minorías. En España, lo anterior ha quedado suficientemente demostrado durante las últimas décadas por el papel que han jugado los partidos separatistas a la hora de votar a favor (o abstenerse) en una investidura o aprobar, posteriormente, unos presupuestos anuales.
En Italia han hecho de la crisis de gobierno un modelo específico de forma de poder. Lo cual no es ninguna virtud. La mayoría de las ocasiones, las sucesivas crisis llevan a la conclusión, tras varios intentos de investiduras fallidas, de convocar nuevas elecciones. Nuevos comicios que, en muchas ocasiones, no consiguen resolver nada y, en otras circunstancias, incluso empeoran las posibilidades de elegir un nuevo ejecutivo.
Si atendemos a su definición más popular la democracia es entendida como “el gobierno del pueblo”. Queda claro que el objetivo, al convocar a los ciudadanos para que expresen su preferencia a través de una votación, es solucionar el problema del poder. El dilema del poder consiste en contestar a la pregunta de ¿quién gobierna? Cualquier sistema político cuyas reglas institucionales no permitan solucionar, de una manera definitiva, el problema del poder no puede ser calificado como auténticamente democrático.
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En todas las anteriores ocasiones, se celebraron elecciones, el pueblo votó y, sin embargo, no quedó resuelto el problema del poder. Y eso ocurrió porque, en cada uno de los supuestos señalados (Bélgica, España, Alemania e Italia), el pueblo no elige directamente a su Gobierno. Su forma de Gobierno es parlamentaria y el jefe del ejecutivo es elegido por el parlamento. Ante esta forma de organizar los poderes del Estado (elegir, en este caso, a su ejecutivo), si la ley electoral no contribuye a la formación de mayorías parlamentarias solventes, se llega a la situación enmarañada, a veces durante largos periodos de tiempo, de la no elección de un nuevo Gobierno.
La ingobernabilidad no ocurre cuando el parlamentarismo une a su forma de Gobierno una ley electoral mayoritaria, como es el caso británico: distritos uninominales y sistema electoral mayoritarioEsto ocurre, como sucede en el caso español, italiano, belga, alemán y en otros muchos, cuando al régimen parlamentario se le une una ley electoral proporcional o más o menos proporcional. Así lo demuestran los casos recientes de Alemania e Italia, que han reformado sus sistemas electorales para convertirlos en mixtos (proporcionales con un porcentaje de mayoritario), pero donde continúa produciéndose el mismo efecto: inexistencia primero e inestabilidad después del ejecutivo. Lo anterior no ocurre cuando el parlamentarismo une a su forma de Gobierno una ley electoral mayoritaria, como es el caso británico: distritos uninominales y sistema electoral mayoritario.
Por eso llama la atención la proposición realizada por los partidos políticos españoles, Podemos y Ciudadanos, de reformar la ley electoral para hacerla todavía más proporcional. La clave principal de la reforma consiste en variar el sistema de reparto de escaños. Se quiere enterrar la famosa ley D`hont para instaurar una fórmula, la conocida como Saint Lagüe, que incide aún más en el reparto proporcional de los votos emitidos con los escaños que se atribuyen.
El resultado final, de aplicarse esta reforma, resulta evidente: más dificultad para formar Gobierno y, en caso de elegirse uno, más inestabilidad en el nuevo ejecutivoTomando como modelo la cita electoral de 2016, el nuevo sistema haría que el PP perdiera 15 diputados, el PSOE reduciría en un escaño su presencia en el parlamento, mientras que Podemos y Ciudadanos verían incrementados su representación en 7 y 12 diputados respectivamente. El resultado final, de aplicarse esta reforma, resulta evidente: más dificultad para formar Gobierno y, en caso de elegirse uno, más inestabilidad en el nuevo ejecutivo. Dos circunstancias para nada deseables.
La cuestión fundamental es, por tanto, establecer ¿cómo se alcanza el poder ejecutivo de un Estado? ¿Cómo se organiza su forma de Gobierno? Y ¿qué sucede, en un régimen parlamentario, cuando el resultado de unas elecciones no permite la conformación de un nuevo poder?
La primera de estas preguntas tiene sencilla respuesta: el presidencialismo establece que sea el pueblo quien elija directamente (en una o dos vueltas) al poder ejecutivo; mientras que en el parlamentarismo (monárquico o republicano) la elección del gobierno (primer ministro o presidente) es realizada por el parlamento.
La llamada “tiranía de la minoría” impone sus condiciones para poder conformar un gobierno o negociar un “pacto de gobernabilidad”La segunda de las cuestiones planteadas, ¿qué sucede cuando un parlamento no puede elegir un ejecutivo? tiene más difícil contestación. No solamente por las diferentes mecanismos que en las distintas constituciones se establecen para solventar esta coyuntura, sino porque en la práctica es, en este momento (falta de una mayoría suficiente en la cámara), cuando el parlamentarismo pone en marcha todos sus subterfugios, maniobras y artimañas potenciales. Es en esta situación cuando surge el momento álgido de poder de los partidos políticos, especialmente de los minoritarios. La llamada “tiranía de la minoría” que impone sus condiciones para poder conformar un gobierno o negociar un “pacto de gobernabilidad”. Una solución parlamentaria absolutamente antidemocrática donde se elige un poder, o unas políticas de gobierno, que nadie ha votado (ya sea un gobierno de concentración, una gran coalición o apoyos puntuales).
Lo habitual, por tanto, es escoger una salida a la crisis de falta de Gobierno en contra de lo manifestado electoralmente por la mayoría, favoreciendo, eso sí, los intereses de las minorías. En España, lo anterior ha quedado suficientemente demostrado durante las últimas décadas por el papel que han jugado los partidos separatistas a la hora de votar a favor (o abstenerse) en una investidura o aprobar, posteriormente, unos presupuestos anuales.
Con las llamadas “primarias obligatorias” se deja en poder de los militantes de los partidos la facultad de decidir sobre una cuestión, el poder, mientras al resto de los ciudadanos se nos hurtaEn Alemania viene ocurriendo lo mismo durante los últimos años con una especialidad: se configura un Gobierno “contra natura” donde el partido ganador (la CDU de Angela Merkel) pacta con el partido perdedor (SPD de Olaf Scholz) formándose la llamada “grosse koalition” (gran coalición) conocida popularmente como “groko” que consigue la peculiaridad de anular la oposición y, al mismo tiempo, formar un Gobierno cuyo programa no han elegido los electores y sí, como hemos visto, los militantes de los partidos. Algo parecido a lo que quieren presentar ahora en España, determinadas fuerzas políticas, como medida “regeneradora” con las llamadas “primarias obligatorias”: se deja en poder de los militantes de los partidos la facultad de decidir sobre una cuestión, el poder, mientras al resto de los ciudadanos se nos hurta la capacidad de realizar este tipo de elección.
En Italia han hecho de la crisis de gobierno un modelo específico de forma de poder. Lo cual no es ninguna virtud. La mayoría de las ocasiones, las sucesivas crisis llevan a la conclusión, tras varios intentos de investiduras fallidas, de convocar nuevas elecciones. Nuevos comicios que, en muchas ocasiones, no consiguen resolver nada y, en otras circunstancias, incluso empeoran las posibilidades de elegir un nuevo ejecutivo.
Cualquier sistema político cuyas reglas institucionales no permitan solucionar, de una manera definitiva, el problema del poder no puede ser calificado como auténticamente democráticoLa organización de las formas de gobierno, los sistemas de gobierno en su terminología más clásica, es un fundamento esencial en la estructura política de un Estado. Y, al decidir por una u otra forma, se determina la existencia o no de una verdadera democracia. Los padres fundadores de la democracia americana así lo entendieron y, junto al principio de representación política que estableció Alexander Hamilton, se aplicó el principio de la separación de poderes con la elección directa del ejecutivo por parte del pueblo. Lo relató Alexis de Tocqueville en su obra “La Democracia en América” al resaltar la importancia en EE.UU. de la existencia de una separación de poderes desde su origen (a partir de su elección). La finalidad de este tipo de organización de los poderes es crear límites al ejercicio de éstos y marcar una división entre quien legisla, quien aplica la ley y quien gobierna. Aspectos estos que no se cumplen en un régimen parlamentario.
Si atendemos a su definición más popular la democracia es entendida como “el gobierno del pueblo”. Queda claro que el objetivo, al convocar a los ciudadanos para que expresen su preferencia a través de una votación, es solucionar el problema del poder. El dilema del poder consiste en contestar a la pregunta de ¿quién gobierna? Cualquier sistema político cuyas reglas institucionales no permitan solucionar, de una manera definitiva, el problema del poder no puede ser calificado como auténticamente democrático.
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