viernes, 20 de julio de 2018

Ajuste de cuentas

Estado de Derecho –palabras más, palabras menos– es aquel orden en donde se gobierna en función de la ley y no a partir del capricho de los hombres. Día a día, el discurso que prevalece en el ambiente nacional es el que afirma, casi religiosamente, que nuestro país configura su devenir dentro del susodicho modelo. Si ello fuera así, no cabría la polémica que en este momento ha suscitado una de las medidas que el próximo gobierno federal piensa implementar: la austeridad presupuestaria, la cual se reflejaría –entre otros aspectos– en las percepciones de los servidores públicos.

Al vagar por las cientos de publicaciones de una afamada red social, nos encontramos con un atinado comentario jurídico del Lic. Francisco Burgoa respecto del tema que nos atañe, que nos permitiremos parafrasear en las líneas de este párrafo. Ni tardos ni perezosos, no pocos brincaron refunfuñando cuando se anunció que nadie ganaría más que el presidente. Muchos han calificado esto como un dislate, como una injusticia, como algo ilegal, como una determinación anticonstitucional, como algo incorrecto, como populismo jurídico… como el asomo de un posible régimen autoritario. ¿Y si antes de ponerle etiquetas a una acción, que de entrada parece lógica, volvemos la mirada a nuestras leyes?
Pues, raudos y veloces, consultamos el documento recomendado por el jurista citado: nuestra constitución política… ni más ni menos. Y, ¿qué creen? Pues nada: la medida no tienen nada de novedosa, pero sí mucho de justa. De acuerdo con el artículo 127, los servidores públicos de todo el país (donde se incluyen diputados, senadores y un largo etcétera) deben recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones y proporcional a sus responsabilidades. Este pago será determinado anualmente, respetando tres bases, siendo una de ellas la siguiente: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. El lineamiento constitucional referido está vigente desde 2009. Es más: se les dio un periodo de gracia para ajustar las remuneraciones que en ese momento eran superiores, para el ejercicio fiscal de 2010.
Entonces, ¿por qué tantos golpes de pecho?... ¿por qué se desgarran las vestiduras? ¿No que vivimos en un Estado de Derecho? Fácil y sencillo: porque se fija un tope de 108 mil pesos. En la actualidad tenemos un presidente de la república que gana, más o menos, 250 mil; ministros de la suprema corte que obtienen 269 mil; y diputados que alcanzan los 149 mil. En realidad, la cuestión radica –una vez más– en una simulación, ahora de tipo legal, donde la ley es aplicada en beneficio de nuestra malgastada élite política.
Desde hace mucho tiempo era necesario un ajuste de cuentas como este, que –si se es un poco objetivo– termina siendo un tema de ética, de honradez y de equidad, máxime cuando se vive en un país con más del 50% de la población sumida en la pobreza y un buen número de “clasemedieros” que apenas llegan a fin de mes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.