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rebelion.orgEfectos y razones del cataclismo electoral en México
El legado histórico del neoliberalismo oligárquico Una profunda impugnación en su expresión electoral pronunció su más sentido rechazo nacional a la violenta forma de reproducción del capital (dependiente, concentradora, excluyente), junto a su inescindible configuración de un régimen político autoritario caracterizado por una permanente crisis de representación y de legitimidad, signo del estado dedescomposición
del aparato institucional estatal. A más de tres décadas de una densa
acumulación histórica se presentó la más determinante manifestación
colectiva contra lo que se ha conformado como el legado histórico del neolib
I. Efectos del cataclismo electoral: crisis de la partidocracia dominante
El domingo 1º de Julio, el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con tan sólo cuatro años de edad, conquistó de forma avasalladora la presidencia del país, gubernaturas estatales, diputaciones y senadurías federales, capitales y grandes ciudades, congresos locales, presidencias municipales, alcaldías. Arrastró los propios bastiones de los partidos tradicionales. Barrió con fuerza a la imperante partidocracia del ré
El rasgo dominante del régimen político mexicano constituido en gran parte por la auto-legitimada “transición democrática” y “pluralismo de partidos”, ha sido cuestionado. Se ha hecho con tal ímpetu, que se ha logrado desplazar a condiciones cercanas a la marginalidad (otros llaman “extinción”) a los otrora imperantes partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD (conocidos como el bloque del PRIANRD) y sus “partidos satélites”, que en conjunto forman una de las columnas principales del régimen político autoritario, y en la que ha reposado por varias décadas el capitalismo dependiente y neoliberal en México.
Presentamos a continuación un primer análisis que permite avalar la magnitud del reciente huracán electoral y destacar algunos de sus efectos. Esto le plantea a Morena, el nuevo partido dominante, y sobre todo a sus bases sociales y simpatizantes que lo eligieron, importantes interrogantes. Por ejemplo, puede discutirse si MORENA tendrá las condiciones y la voluntad política de definir una estrategia orientada a consolidar la crisis terminal de la partidocracia hegemónica.
Nuevo mapa político-electoral
El candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por su partido MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), fue elegida con el 53.19 % de los sufragios, contabilizando 30 millones 113 mil 483 votos, un número que casi dobla el número de votos del presidente electo que había sido más votado en los registros de elecciones presidenciales anteriores. Por primera vez, un candidato presidencial gana en 31 de 32 entidades del país, tiñendo al país de un sólo color partidista.[1] La alianza “Todos por México” (PRI-PVEM-NA) perdió en los 300 distritos electorales que integran el país . AMLO gana en 91.3% de los distritos, y la coalición “Por México al Frente” sólo el 8.7% de éstos.
Solamente el estado de Guanajuato, bastión conservador del PAN, AMLO no logró ganar, no obstante que conquistó en ese estado un tercio de los votos. Correspondió al candidato conservador, Ricardo Anaya, quien con la coalición “Por México al Frente”, formada por su partido (PAN), el partido “Movimiento Ciudadano”, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), contabilizar el 22.27% de los votos, con 12 millones 610 mil 120 sufragios, a treinta puntos porcentuales del ganador. El candidato oficialista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ocupó el tercer lugar, José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México” conformada por los partidos PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Partido Nueva Alianza (NA), contabilizó el 16.40% de sufragios, nueve millones 289 mil 853 votos.
Si consideramos la tradicional alianza del bloque PRIANRD, que esta vez, significativas causas impidieron, ni sumando los votos de las coaliciones en segundo y tercer lugar podrían haber vencido al candidato ganador. En todo caso, pudo haber sido más competitiva, limitándose así la debacle de este bloque partidista.
A pesar de que esta vez fue en coalición, la votación del candidato del PAN, Ricardo Anaya, fue menor a la votación que contabilizó su partido en las últimas dos elecciones presidenciales. Lo mismo le ocurrió al candidato del PRI-PVEM-NA, quien superó negativamente el peor derrumbe del PRI en el año de 2006, cayendo hoy por debajo de 6 puntos porcentuales de aquella votación que logró el 22.03%.
El huracán electoral impactó igualmente a los partidos “satélites” del PRIAN. Hoy, cinco partidos “satélites” están en riesgo de perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al no lograr el 3% de la votación presidencial.[2] El PRD, contabilizó 1 millón 300 mil votos, 2.83% de la votación nacional en la elección presidencial. Un derrumbe que lo separa con fuerza de su votación registrada en 2012, con más de 9 millones de sufragios. El Partido Encuentro Social (PES), minúsculo partido de derecha que participó esta vez en la coalición con MORENA-PT, logró el 2.7% de los sufragios para la presidencia. El PVEM, logró el 1.85% de los votos para esta elección. El partido MC y Nueva Alianza obtuvieron el 1.78 y el 0.99% de la votación, respectivamente.
Importante es mencionar que el abstencionismo en México. En esta elección, no se modificó respecto a la tendencia general que es de 40% entre 1988 y 2018. Sólo en 1994, la abstención fue de 22.8%. En esta elección de 2018, con una Lista Nominal de Electores de poco más de 89 millones, la participación fue de 62.6%, muy similar a la participación en la elección de 2012.
La composición en el Congreso
Como se observa, el derrumbe para la partidocracia mexicana fue enorme. Frente a la avalancha Morenista, todos cayeron. Más aún si observamos la composición del Congreso Federal, las gubernaturas disputadas en esta elección, y el poder Ejecutivo. Una crisis profunda del “sistema político mexicano” lo amenaza. Depende de las luchas sociales y populares presionar a Morena hacia su transformación de raíz.
De nueve gobiernos estatales competidos, Morena gana 5, PAN 2, MC 1 (el actual virtual gobernador electo se ha desligado de su partido y busca a Morena), el PRI 0, y resta la gubernatura de Puebla, en litigio por Fraude del PAN contra Morena.
El próximo Congreso asumirá una nueva composición. En la Cámara de Diputados, la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) contará con 303 diputaciones de 500 que componen la Cámara baja; la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) obtendrá 140 y la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-NA) obtendrá 63.[3]
Según el cómputo de elecciones de senadurías, la alianza encabezada por MORENA triunfó en 25 de 32 entidades de la República mexicana. La alianza del Frente gana en 5 estados, el PRI sólo 1, y MC, sin alianza, gana 1. Y de acuerdo a la elección de la Cámara de Diputados, Morena gana en 219 de los 300 distritos electorales.
En la Cámara de Senadores, conformada por 128 escaños, la alianza ganadora contará con 70; el Frente obtendrá 38 y la coalición oficialista “Todos por México”, contabilizará 20 senadores. Como se observa, el Ejecutivo tendrá mayoría absoluta en el Congreso, por lo que no tendrá argumentos para no ejer
La debacle del aparato partidista se percibe de mejor manera al observar la nueva composición en el Congreso de cada partido político por separado.
Morena, en las elecciones federales de 2015 en que se renovaron los 500 espacios de la Cámara de Diputados, contabilizó 35 diputaciones. Así se integró al inicio de la LXIII Legislatura (1 de agosto de 2015). En esta elección del primer domingo de julio de 2018, logró 191 espacios. En la última elección de Senadores de 2013, Morena no existía como partido político, por lo que no tenía senadores. En esta elección de 2018 contabilizó 55 senadores.[4]
En la Cámara de diputados, el PT, aliado de Morena, contabiliza 61 curules, de sólo 6 que ganó en 2015. Contabiliza 6 senadurías de las mismas 6 de la elección anterior. El PES, de 8 diputaciones logra 55 espacios. En el senado logra 7 en esta elección. Es muy posible que los nuevos representantes del PT y PES, se integren a Morena, dada la seria posibilidad de pérdida de registro de su partido político.
El derrumbe del PRI es quizá el más significativo. De 204 diputados con los que contaba, cae a 40. Muy lejos quedaron los tiempos en los que el PRI se daba el “lujo” de “traspasar” ocho diputados al PVEM (sept/2017), para evitar que Morena -debido a la desbandada de diputados del PRD y otros partidos a Morena- se pudiera conformar como cuarta fuerza política en el Legislativo.
De 48 senadores que disponía el PRI, pasa a 14, sólo una ganada de mayoría (elección directa), las restantes son otorgadas por primera minoría y plurinominales. Muy atrás quedarán los intereses priistas de eliminar los espacios de representación proporcional y plurinominales, así como de recortar el número de diputados que expusiera con sus propuestas en septiembre de 2017.
El PRI, obtendrá menos diputados que el PT, que contabilizará 61. El derrumbe priista lo lleva de primera fuerza en el Legislativo a quinta fuerza parlamentaria, detrás de Morena, PAN, PT y Encuentro Social . En su estado bastión, el Estado de México, gobernará menos de 20 municipios, de un total de 125. En el Congreso local, sólo ganó en un distrito. En la actualidad, sólo gobierna 12 gubernaturas, muy débiles ante el dominio del nuevo presidente y su partido mayoritario. Un ligero esfuerzo de Morena, y el PRI puede extinguirse. A los priistas –hoy en fuertes divisiones internas dados los resultados– sólo le resta aliarse con los nuevos ganadores. Como se aprecia, el mandado popular barrió con gran fuerza al PRI. Dependerá del nuevo liderazgo Morenista si los empuja al vacío o los “integra”.
El PVEM, satélite del PRI, pierde 38 diputaciones manteniendo sólo 17. Y sólo obtendrá 4 senadurías, perdiendo muy posiblemente todas las plurinominales debido a su bajísima participación en los sufragios. El partido Nueva Alianza, perderá 11 diputados, de los 12 que tiene hoy, quedándose con uno.
El PAN desciende de 114 diputaciones a 82 en la nueva legislatura. Y pasa de 38 senadurías a 24. Será la segunda fuerza en el Senado, pero peligra más por la profundización de sus divisiones internas (como el PRI) y la futura suerte de su principal líder, el candidato presidencial Ricardo Anaya, acusado de delitos como lavado de dinero.
El PRD, aliado de “Por México al Frente”, contabilizó el 5.35% y 5.36% de los sufragios para candidatos a diputados y senadores, respectivamente. Obtendrá 21 diputados, 83 menos que los que tiene ahora (104), y perderá 14 senadores, manteniendo solo 8 de 21 que ocupaba. Este partido queda marginalizado, a un paso de su desaparición.[5] No sólo no ganó ninguna gubernatura de las nueve competidas, sino que perdió sus bastiones, Ciudad de México, Tabasco y Morelos. La sociedad se expresó por la pulverización del PRD.
El partido “satélite” MC, de la coalición del Frente, quien mantenía 17 diputaciones y una senaduría (que posteriormente se integró al PT), a pesar de su bajísima votación en la elección presidencial, logrará 27 diputaciones y 7 senadores. Es la única fuerza que mejoró sus espacios en el Congreso.
En general, la sociedad arrolló al conjunto de partidos tradicionales. No es un dato menor. Si se consolida una crisis terminal del régimen de partidos, puede abrirse una nueva relación de fuerzas en el aparato estatal. Si bien la disputa por el poder político rebasa con mucho al aparato de Estado y su organismo electoral, pues el capital es una fuerza extraparlamentaria por excelencia[6], bien puede avanzarse hacia el final de la partidocracia como momento significativo para construir una nueva relación de fuerzas encaminada en el corto plazo, al logro de importantes “reformas” (económicas y políticas) a favor de los explotados y excluidos. Pues si no se modifican las principales columnas del aparato de Estado muy difícil será lograr y conservar un Estado social de derechos.
Ahora bien, ¿cómo debemos entender la presente manifestación electoral de una gran parte de la sociedad? ¿Dónde encontrar las señales sísmicas que lo permitirían avizorar? ¿Cuáles serían las razones que empujaron este cataclismo electoral en México? A continuación presentamos algunos de los elementos estructurales que sin duda nos permiten dar razones para explicarlo.
II. Razones del cataclismo electoral: Reproducción del capital, neoliberalismo y Estado oligárquico
Desde 1982 se impuso una violenta forma de reproducción del capital vinculada a la reestructuración de la economía internacional, la cual fue continuamente vehiculizada de modo predominante mediante políticas económicas neoliberales de expreso carácter anti-social (privatizaciones, política monetaria ortodoxa, disciplina fiscal, reducción del gasto social, desmantelamiento del Estado, disciplina salarial, endeudamiento externo e interno, etc.).
En estas décadas, se establecieron las bases de reproducción del capital que definieron la forma de un patrón de reproducción subordinado a los capitales trasnacionales, consolidado en 1994 con el TLCAN y cuyo principal sustento ha residido en un régimen de superexplotación del trabajo. Los nuevos ejes de acumulación se orientaron a la conformación de un patrón de especialización productiva[7] caracterizado por un proceso de desmantelamiento de la estructura industrial, el carácter selectivo y privilegiado de nuevos núcleos de acumulación dominados por unas cuantos sectores manufactureros de bajo valor agregado (maquiladora), dependientes de inversiones, tecnología y mercado predominantemente estadounidenses.
Con el fin del otrora patrón de diversificación productiva-industrial, se establecieron dinámicos polos productivos de estructura monopolista, volcados al mercado externo, a costas de la exclusión y abandono de sectores de producción orientados al mercado interno. Millones de pequeños y medianos productores fueron empujados a la desaparición y al deterioro de sus capacidades productivas y de competencia. Asistimos a la contracción crónica del mercado interno.
La dinámica de un aparato de especialización productiva volcado a la satisfacción de las demandas del mercado externo –una integración subordinada a la “globalización” –, terminó por reforzar una tendencia estructural del ciclo del capital común a las economías dependientes latinoamericanas: un mayor distanciamiento de sus estructuras productivas respecto a las necesidades de consumo de los trabajadores.[8] Al acentuarse las condiciones de subordinación de una esfera productiva volcada al mercado exterior, vehiculizada por la liberalización de la economía y una proliferación en México de Tratados de Libre Comercio, la principal tendencia del patrón de reproducción del capital fue mermar las condiciones de vida y de consumo de los trabajadores, experimentada mediante la continua pérdida del poder adquisitivo del salario, ampliación de las brechas entre salario nominal y salarionecesario, caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional, así como la expansión de las condiciones de precarización del trabajo.
Tanto el desmantelamiento y entrega del sector energético, el despojo de recursos naturales, el abandono de la producción en el campo, es otro signo de una especialización regresiva altamente concentradora y excluyente que ha generalizado los condiciones de pobreza, de crisis y violencia social en México, lo que impactó, por ejemplo, en los elevados movimientos migratorios hacia Estados Unidos (a un ritmo de 500 mil personas por año en las últimas dos décadas).
La forma monopolista que asumió la especialización productiva integrada a los encadenamientos de valor de las corporaciones trasnacionales, terminó por pulverizar encadenamientos productivos nacionales, una de las causas de los elevados niveles de desocupación real, del fuerte declive de la participación de la economía en el PIB mundial, del cuasi estancamiento económico durante más de tres décadas, así como del estancamiento y deterioro del PIB per cápita.
La desindustrialización fue sustituida por una marea de importaciones de insumos intermedios y tecnología, con impactos en un déficit comercial permanente, y la acentuación de la dependencia del capital extranjero para sostener los problemas externos. La juventud quedó condenada a la exclusión cuando los grandes empresarios se volcaron a las compras del exterior, abandonándose el crecimiento educativo y procesos de investigación científico-tecnológica.
De igual modo, se redoblaron las asimetrías entre sectores productivos profundizando una desarticulación de la estructura productiva que agravó los desequilibrios económicos, y remarcó la incapacidad de reproducción orgánica volviéndola mucho más dependiente del exterior.
Ha sido tal la forma de especialización productiva y sus impactos en la desarticulación del aparato productivo que ésta asumió propiedades geográfico-territoriales. Detrás del establecimiento de polos productivos y corredores mercantiles en la zona norte fronteriza y la región del bajío -regiones donde predomina la manufactura maquiladora de exportación conectada a determinados circuitos de la economía estadounidense-, se desenvolvió un abierto proceso de desarticulación productiva territorial (desterritorialización) con impactos en condiciones de profunda desigualdad regional, de expresiones clasistas y racistas. Una heterogénea geografía de la exclusión y de la desigualdad económica y social con trazos ideológicos, políticos (y de alcances electorales) fractura al país, dividiéndolo en uno, dos, muchos Méxicos. En este sentido, es notable que, en la reciente elección del candidato presidencial, existió -de modo inédito- gran homogeneidad de la preferencia electoral entre el norte y el sur.
Estado oligárquico y ciclo político neoliberal
Esta forma de reproducción del capital es inescindible de su forma política de dominación estatal. El capital es una relación social constituida como relación de explotación y dominio. El actual patrón de reproducción del capital en México fue establecido a través del Estado en tanto instancia que condensa una relación política de fuerzas. Distintos intereses yproyectos económicos y sociales son construidos por las principales clases sociales, grupos económicos y fuerzas políticas de una sociedad. Las relaciones de poder y de fuerza entre estos agentes sociales terminan por concretar una fuerza hegemónica que se impone desde el Estado al conjunto de la sociedad presentándola como “proyecto de nación”. En términos meramente descriptivos, el bloque en el poder es el conjunto de clases y fuerzas sociales que detentan la hegemonía en el diseño, establecimiento y reproducción del proyecto económico y social, el cual adquiere una determinada forma de reproducción del capital. Es en este sentido, que el Estado no es un órgano neutral por encima de los intereses de la sociedad. El Estado es una relación social de clase.
En México, el Estado de clase de nuestro tiempo se constituyó dentro del ciclo político neoliberal. Una de sus principales caracterizaciones que se ponen de relieve se refiere a su marcada estructuración oligárquica. Una centralizada esfera del poder político en la que participa un reducido núcleo de capitalistas locales- trasnacionales con la capacidad de imponer y controlar las principales estructuras de acumulación del capital establecidas mediante el aparato de dominación estatal. Una modalidad de concentración económica logró recrear una esfera impenetrable del poder político, y consecuentemente, promovió un proceso de erosión de derechos políticos y de exclusión política sin concesiones al mundo del trabajo y al movimiento social popular sometido a una narrativa abstracta de “transición democrática”, “nueva forma de hacer política” y “pluralismo de partidos”.
El periodo 1982-2018, seis sexenios presidenciales que dan forma integral al ciclo político neoliberal en México (1982-1988/1988-1994/1995-2000 con gobiernos presidenciales del PRI; 2000-2006/2006-2012 con gobiernos del PAN; 2012-2018 gobierno del PRI), constituyó de modo permanente una forma oligárquica y autoritaria del Estado mexicano impuesto entre otros elementos mediante el recurso al Fraude Electoral (de Estado) en el año de 1988, 2006 y 2012, recurso que hace añicos cualquier narrativa de “pluralidad” y “democracia”.
La “transición pactada” acontecida en el año 2000 en que el PRI pierde la presidencia por primera vez en 70 años (en sus tres expresiones históricas PNR, PRM, PRI), y cedida al gobierno conservador pro empresarial y religioso del PAN con Vicente Fox (2000-2006), constituyó una “alternancia sin alternativa”, una mera continuidad de la economía dependiente y de las políticas neoliberales que se prolongaron (vía el nodus político del Fraude de 2006) con el sexenio panista de F. Calderón (2006-2012).
El régimen político durante el ciclo político neoliberal de “pluralismo de partidos” fue entonces controlado por lo que se conoce como el PRIAN, y un reducido y minoritario grupo de cuatro o cinco “partidos satélites”.
2012-2018: El “Pacto por México”, crisis económica y Estado de excepción
En 2012, la elección del priista Enrique Peña Nieto (EPN) como presidente del país, se llevó a cabo mediante una enorme confluencia polisémica de multivariadas prácticas que transgreden al cuerpo jurídico escrito y sistemático de la “democracia electoral” que hacen al Fraude. Otra elección nacional más marcada por la des-legitimidad política.
El 2 de diciembre de 2012, segundo día de su investidura presidencial, se presentó el “Pacto por México”, un programa de contra-reformas estructurales acordado por una alianza neoliberal entre el poder Ejecutivo y las cúpulas de los principales partidos políticos (PRI, PAN, PRD), como los dirigentes de estos partidos al frente, Cristina Díaz Salazar (interina del PRI), Gustavo Madero (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), intermediarios de la mayor ofensiva del gran capital en los últimos años, y a la que -dicho sea de paso- el entonces secretario de la OEA, José Miguel Insulza, señalaría como “un camino que otras democracias de América Latina deberían seguir”.
El llamado “Pacto por México” fue una nueva etapa de reestructuración neoliberal celebrada por los grandes capitales y organismos internacionales, en el que se impulsó un programa de once contra-reformas estructurales de carácter anti-obrero y anti-nacional.[9] Entre éstas destacan la Reforma Laboral, Reforma Educativa, Reforma de Telecomunicaciones, Hacendaria, Financiera, de Competencia Económica y la Reforma Energética entreguista del petróleo como integración subordinada a la geoeconomía y geopolítica de Estados Unidos.
Además de su profundo carácter anti-social y regresivo, el Pacto destacó por constituirse bajo una forma autoritaria estatal, esto es, como “una especie de supra o extra parlamento sobrepuesto a los poderes legalmente constituidos del Estado mexicano, en particular, el Poder Legislativo”[10].
El “Pacto por México” evidenció con gran nitidez la forma más acabada de la estructuración del Estado oligárquico, así como el carácter de clase en la organización y establecimiento del nuevo programa contra-reformista del capitalismo dependiente mexicano. Asistimos aquí a la acentuación del periodo de agotamiento democrático.
Las olímpicas promesas de “crecimiento”, “modernización” y “desarrollo” que acompañaban al Pacto oligárquico, difundidas por una frecuencia mediática neoliberal nacional e internacional, muy pronto se estrellaron con la realidad: estancamiento económico, disciplina salarial, desempleo, precarización e informalidad laboral, creciente endeudamiento público, austeridad social, transferencias de riqueza al exterior, desmantelamiento de PEMEX, extranjerización de hidrocarburos, devaluación, elevación de los precios de combustibles, inflación, caída del poder adquisitivo, mayor concentración de riqueza, expansión de las desigualdades, profundización de la infra-soberanía con Estados Unidos. Un conjunto de fenómenos que recargaron el profundo cuestionamiento social y popular al Poder Ejecutivo, a los órganos del Estado, a la partidocracia, a los grandes agentes empresariales, esto es, a las personificaciones de esta violenta etapa de reproducción del capital.
Vinculado al despliegue de esta espiral de crisis económica, se agravó el estado de violencia social que superaría el número de homicidios y desapariciones del sexenio anterior (2006-2012), de por sí éste ya estigmatizado porque superaba negativamente todos los indicadores de violencia y crimen organizado de la historia del país. Uno de los momentos deinflexión de la crisis social se precipitó con el agravamiento del proceso de criminalización real del aparato de Estado en sus distintos niveles (federal, estatal, municipal), el cual se expresó con la crisis humanitaria en Ayotzinapa, con el asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros, en los que la sociedad mexicana responsabilizó directamente al Estado. A la fecha, sigue impune.
Dentro de este cuadro de crisis económica e inestabilidad política, permeada por una creciente movilización social popular entre los que destacan el movimiento magisterial, la organización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, las manifestaciones populares contra la privatización de la industria energética, y contra la elevación y liberalización de los precios de los combustibles, la partidocracia legisló e impuso la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017, una ley que establece un cambio cualitativo entre unamilitarización de facto a una militarización de jure de la protesta social, habilitando con ello el Estado de excepción en México.
No obstante las “estrategias” del gobierno de EPN para solucionar la “crisis de inseguridad”, como observamos en los últimos tres meses de la reciente campaña electoral, en que la violencia se agudizó a niveles “inéditos” según la ONU, el gobierno de EPN junto a los grandes grupos empresariales que lo respaldaron en esta materia, heredan al país el enorme fracaso de su “estrategia de seguridad”, sostenida en su mandato de “vigencia plena del Estado de Derecho” y “confianza en las instituciones”, dejando una elevada carga de descomposición social.
En resumen, puede decirse que lo que precipitó con fuerza el cataclismo electoral fue la forma que ha asumido el “desarrollo del subdesarrollo” en las últimas tres décadas en México, dirigido por una estatalidad infra soberana y antidemocrática, lo que de conjunto terminó por remover capas tectónicas de los intereses colectivos urdiendo con fuerza entre el mundo del trabajo, el ágora pública y las urnas.
El actual huracán electoral, no puede leerse de un modo unilateral como una respuesta nacional al “Pacto por México”[11], sus partidos firmantes o al gobierno de EPN, aunque éste haya labrado con gran fuerza para la irrupción colectiva y sus exigencias de otro tiempo social. Siendo más estrictos, es una tendencia de orden estructural, transexenal, que atañe a la forma de acumulación del capital construida desde 1982 y a sus violentas políticas neoliberales que la acompañan, esto es, el legado histórico del neoliberalismo oligárquico. De lo contrario, dejaríamos fuera de este largo ciclo la manifestación mayoritaria de la sociedad (evidenciado en 1988 y 2006) contra este orden económico-político, o a la propia insurgencia zapatista antineoliberal y anticapitalista.
¿“Fiesta” o agotamiento de la democracia?
A unas horas de conocerse los resultados de la elección del 1º de julio, ideólogos del statu quo interpretaron el recién mandato popular como un “triunfo de la democracia”, como una “prueba de la consolidación democrática y de sus instituciones”. Hubo a su vez quien argumentó que se trató de una genuina manifestación ciudadana contra la “corrupción” de la clase política tradicional.
Es natural que se difundan estas ideas, pues tienen en común pretender opacar y sesgar el profundo cuestionamiento de la sociedad a un orden de dominación económica y política. Preocupados de perder las condiciones de “gobernabilidad” y de dominación política sustentadas en el orden político institucional y su “sistema de partidos” tradicional -puesto en tela de juicio en el actual escrutinio público-, corresponde a la narrativa mediática del poder hacer la apología del “sistema político mexicano” para impedir con ello el desmantelamiento delrégimen político hegemónico.[12]
Tal y como lo hemos venido señalando, lo que el mandato popular expresó mediante este cataclismo electoral fue la prueba más categórica del estado de agotamiento del régimen democrático, el cual reposa en una esfera impenetrable de toma de decisiones compuesta por nexos orgánicos entre poderosas fracciones y grupos económicos (locales-trasnacionales) y altos mandos del Estado. Se trata de una crisis de la democracia política evidenciada con la permanente crisis de representación y de legitimidad que permea a los tres poderes que integran al orden político-estatal, y que al mismo tiempo, acentúan las condiciones de inestabilidad y crisis política. Esta realidad es la que motivó con la Ley de Seguridad Interior al agravamiento de la militarización de las relaciones de explotación y dominio.
Contrario a las voces oficiales, se trata de la crisis de un régimen político sustentado en un ideario liberal, dotado de los principios abstractos de “apertura política”, “pluralismo”, “ciudadanización”, “inclusión política” y “Estado de Derecho”. El mandato popular experimentado ha sido de gran envergadura, y se ha manifestado contra los caracteres formales, abstractos e insustantivos de estos principios.
La elevada presión de la movilización social, la crítica social, un acumulado histórico de luchas sociales, la des-legitimidad institucional, hicieron que el arma del Fraude electoral lograra ser denunciada, contenida, neutralizada. El conjunto de recursos e instrumentos del régimen político y de las clases dominantes, fue puesto a la luz pública, y junto con ello, fueron rebasadas por una gran manifestación social inclinada por un nuevo tiempo social.
A la búsqueda de un cambio, de un nuevo tiempo social
México experimenta una crisis orgánica, esto es, una simultaneidad de crisis económica, política y social. Al optar de un modo tan expansivo por la opción de Morena, un partido político de tan sólo cuatro años de edad, más allá de si este partido puede o no representar sus expectativas de cambio[13] (“cambia el capataz pero el finquero es el mismo” dicen los zapatistas), la mayor parte de la sociedad exige grandes transformaciones, y por ello barrió con gran parte de la clase política tradicional, el PRIAN y sus satélites, colocándolos a unos pasos de su desaparición.
Gran parte de la sociedad rechazó la violenta forma de acumulación neoliberal. Vinculado a ello, ha impugnado a la partidocracia tradicional lanzándola a unos pasos del abismo. La sociedad exige cambios profundos, demanda un nuevo tiempo social. Cuando AMLO y su “Cuarta transformación” colocan como centro de su proyecto un “Plan de Reconciliación”, se ciernen grandes obstáculos al mandato popular. La ironía residiría en que estaría integrando a los que el mandato popular ha expulsado.
Las luchas de los trabajadores, el movimiento social y popular enfrenta grandes desafíos.
Notas
[3] EXCELSIOR, op cit.
[4] Forbes (en línea), 4/07/2018, https://www.forbes.
[5] Sinembargo, 3/07/2018, http://www.
[6] István Mészáros, “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: Alternativa alParlamentarismo”,LaHaine.org
[7] Jaime Osorio, Explotación redoblada y actualidad de la revolución. Edit. Itaca-UAM-X. México, 2009. Cap. X.
[8] Ibid. A este respecto, ver, Tercera Parte: “La caracterización del capitalismo latinoamericano”.
[9] Adrián Sotelo Valencia, México (des)cargado. Del Mexico´s moment al Mexico´s disaster, Itaca-UNAM, 2016.
[10] Ibid. p. 39.
[11] Ver, Luis Hernández Navarro, “El beso del diablo”, La Jornada, 3/07/2018. https://www.
[12] El mismo jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, pronunció su discurso en este sentido, señalando que ya sean ganadores o perdedores, “todos acreditaron la vitalidad de la democracia mexicana”. La Jornada, 5/07/2018, http://www.jornada.
I. Efectos del cataclismo electoral: crisis de la partidocracia dominante
El domingo 1º de Julio, el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con tan sólo cuatro años de edad, conquistó de forma avasalladora la presidencia del país, gubernaturas estatales, diputaciones y senadurías federales, capitales y grandes ciudades, congresos locales, presidencias municipales, alcaldías. Arrastró los propios bastiones de los partidos tradicionales. Barrió con fuerza a la imperante partidocracia del ré
El rasgo dominante del régimen político mexicano constituido en gran parte por la auto-legitimada “transición democrática” y “pluralismo de partidos”, ha sido cuestionado. Se ha hecho con tal ímpetu, que se ha logrado desplazar a condiciones cercanas a la marginalidad (otros llaman “extinción”) a los otrora imperantes partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD (conocidos como el bloque del PRIANRD) y sus “partidos satélites”, que en conjunto forman una de las columnas principales del régimen político autoritario, y en la que ha reposado por varias décadas el capitalismo dependiente y neoliberal en México.
Presentamos a continuación un primer análisis que permite avalar la magnitud del reciente huracán electoral y destacar algunos de sus efectos. Esto le plantea a Morena, el nuevo partido dominante, y sobre todo a sus bases sociales y simpatizantes que lo eligieron, importantes interrogantes. Por ejemplo, puede discutirse si MORENA tendrá las condiciones y la voluntad política de definir una estrategia orientada a consolidar la crisis terminal de la partidocracia hegemónica.
Nuevo mapa político-electoral
El candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por su partido MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), fue elegida con el 53.19 % de los sufragios, contabilizando 30 millones 113 mil 483 votos, un número que casi dobla el número de votos del presidente electo que había sido más votado en los registros de elecciones presidenciales anteriores. Por primera vez, un candidato presidencial gana en 31 de 32 entidades del país, tiñendo al país de un sólo color partidista.[1] La alianza “Todos por México” (PRI-PVEM-NA) perdió en los 300 distritos electorales que integran el país . AMLO gana en 91.3% de los distritos, y la coalición “Por México al Frente” sólo el 8.7% de éstos.
Solamente el estado de Guanajuato, bastión conservador del PAN, AMLO no logró ganar, no obstante que conquistó en ese estado un tercio de los votos. Correspondió al candidato conservador, Ricardo Anaya, quien con la coalición “Por México al Frente”, formada por su partido (PAN), el partido “Movimiento Ciudadano”, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), contabilizar el 22.27% de los votos, con 12 millones 610 mil 120 sufragios, a treinta puntos porcentuales del ganador. El candidato oficialista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ocupó el tercer lugar, José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México” conformada por los partidos PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Partido Nueva Alianza (NA), contabilizó el 16.40% de sufragios, nueve millones 289 mil 853 votos.
Si consideramos la tradicional alianza del bloque PRIANRD, que esta vez, significativas causas impidieron, ni sumando los votos de las coaliciones en segundo y tercer lugar podrían haber vencido al candidato ganador. En todo caso, pudo haber sido más competitiva, limitándose así la debacle de este bloque partidista.
A pesar de que esta vez fue en coalición, la votación del candidato del PAN, Ricardo Anaya, fue menor a la votación que contabilizó su partido en las últimas dos elecciones presidenciales. Lo mismo le ocurrió al candidato del PRI-PVEM-NA, quien superó negativamente el peor derrumbe del PRI en el año de 2006, cayendo hoy por debajo de 6 puntos porcentuales de aquella votación que logró el 22.03%.
El huracán electoral impactó igualmente a los partidos “satélites” del PRIAN. Hoy, cinco partidos “satélites” están en riesgo de perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al no lograr el 3% de la votación presidencial.[2] El PRD, contabilizó 1 millón 300 mil votos, 2.83% de la votación nacional en la elección presidencial. Un derrumbe que lo separa con fuerza de su votación registrada en 2012, con más de 9 millones de sufragios. El Partido Encuentro Social (PES), minúsculo partido de derecha que participó esta vez en la coalición con MORENA-PT, logró el 2.7% de los sufragios para la presidencia. El PVEM, logró el 1.85% de los votos para esta elección. El partido MC y Nueva Alianza obtuvieron el 1.78 y el 0.99% de la votación, respectivamente.
Importante es mencionar que el abstencionismo en México. En esta elección, no se modificó respecto a la tendencia general que es de 40% entre 1988 y 2018. Sólo en 1994, la abstención fue de 22.8%. En esta elección de 2018, con una Lista Nominal de Electores de poco más de 89 millones, la participación fue de 62.6%, muy similar a la participación en la elección de 2012.
La composición en el Congreso
Como se observa, el derrumbe para la partidocracia mexicana fue enorme. Frente a la avalancha Morenista, todos cayeron. Más aún si observamos la composición del Congreso Federal, las gubernaturas disputadas en esta elección, y el poder Ejecutivo. Una crisis profunda del “sistema político mexicano” lo amenaza. Depende de las luchas sociales y populares presionar a Morena hacia su transformación de raíz.
De nueve gobiernos estatales competidos, Morena gana 5, PAN 2, MC 1 (el actual virtual gobernador electo se ha desligado de su partido y busca a Morena), el PRI 0, y resta la gubernatura de Puebla, en litigio por Fraude del PAN contra Morena.
El próximo Congreso asumirá una nueva composición. En la Cámara de Diputados, la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) contará con 303 diputaciones de 500 que componen la Cámara baja; la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) obtendrá 140 y la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-NA) obtendrá 63.[3]
Según el cómputo de elecciones de senadurías, la alianza encabezada por MORENA triunfó en 25 de 32 entidades de la República mexicana. La alianza del Frente gana en 5 estados, el PRI sólo 1, y MC, sin alianza, gana 1. Y de acuerdo a la elección de la Cámara de Diputados, Morena gana en 219 de los 300 distritos electorales.
En la Cámara de Senadores, conformada por 128 escaños, la alianza ganadora contará con 70; el Frente obtendrá 38 y la coalición oficialista “Todos por México”, contabilizará 20 senadores. Como se observa, el Ejecutivo tendrá mayoría absoluta en el Congreso, por lo que no tendrá argumentos para no ejer
La debacle del aparato partidista se percibe de mejor manera al observar la nueva composición en el Congreso de cada partido político por separado.
Morena, en las elecciones federales de 2015 en que se renovaron los 500 espacios de la Cámara de Diputados, contabilizó 35 diputaciones. Así se integró al inicio de la LXIII Legislatura (1 de agosto de 2015). En esta elección del primer domingo de julio de 2018, logró 191 espacios. En la última elección de Senadores de 2013, Morena no existía como partido político, por lo que no tenía senadores. En esta elección de 2018 contabilizó 55 senadores.[4]
En la Cámara de diputados, el PT, aliado de Morena, contabiliza 61 curules, de sólo 6 que ganó en 2015. Contabiliza 6 senadurías de las mismas 6 de la elección anterior. El PES, de 8 diputaciones logra 55 espacios. En el senado logra 7 en esta elección. Es muy posible que los nuevos representantes del PT y PES, se integren a Morena, dada la seria posibilidad de pérdida de registro de su partido político.
El derrumbe del PRI es quizá el más significativo. De 204 diputados con los que contaba, cae a 40. Muy lejos quedaron los tiempos en los que el PRI se daba el “lujo” de “traspasar” ocho diputados al PVEM (sept/2017), para evitar que Morena -debido a la desbandada de diputados del PRD y otros partidos a Morena- se pudiera conformar como cuarta fuerza política en el Legislativo.
De 48 senadores que disponía el PRI, pasa a 14, sólo una ganada de mayoría (elección directa), las restantes son otorgadas por primera minoría y plurinominales. Muy atrás quedarán los intereses priistas de eliminar los espacios de representación proporcional y plurinominales, así como de recortar el número de diputados que expusiera con sus propuestas en septiembre de 2017.
El PRI, obtendrá menos diputados que el PT, que contabilizará 61. El derrumbe priista lo lleva de primera fuerza en el Legislativo a quinta fuerza parlamentaria, detrás de Morena, PAN, PT y Encuentro Social . En su estado bastión, el Estado de México, gobernará menos de 20 municipios, de un total de 125. En el Congreso local, sólo ganó en un distrito. En la actualidad, sólo gobierna 12 gubernaturas, muy débiles ante el dominio del nuevo presidente y su partido mayoritario. Un ligero esfuerzo de Morena, y el PRI puede extinguirse. A los priistas –hoy en fuertes divisiones internas dados los resultados– sólo le resta aliarse con los nuevos ganadores. Como se aprecia, el mandado popular barrió con gran fuerza al PRI. Dependerá del nuevo liderazgo Morenista si los empuja al vacío o los “integra”.
El PVEM, satélite del PRI, pierde 38 diputaciones manteniendo sólo 17. Y sólo obtendrá 4 senadurías, perdiendo muy posiblemente todas las plurinominales debido a su bajísima participación en los sufragios. El partido Nueva Alianza, perderá 11 diputados, de los 12 que tiene hoy, quedándose con uno.
El PAN desciende de 114 diputaciones a 82 en la nueva legislatura. Y pasa de 38 senadurías a 24. Será la segunda fuerza en el Senado, pero peligra más por la profundización de sus divisiones internas (como el PRI) y la futura suerte de su principal líder, el candidato presidencial Ricardo Anaya, acusado de delitos como lavado de dinero.
El PRD, aliado de “Por México al Frente”, contabilizó el 5.35% y 5.36% de los sufragios para candidatos a diputados y senadores, respectivamente. Obtendrá 21 diputados, 83 menos que los que tiene ahora (104), y perderá 14 senadores, manteniendo solo 8 de 21 que ocupaba. Este partido queda marginalizado, a un paso de su desaparición.[5] No sólo no ganó ninguna gubernatura de las nueve competidas, sino que perdió sus bastiones, Ciudad de México, Tabasco y Morelos. La sociedad se expresó por la pulverización del PRD.
El partido “satélite” MC, de la coalición del Frente, quien mantenía 17 diputaciones y una senaduría (que posteriormente se integró al PT), a pesar de su bajísima votación en la elección presidencial, logrará 27 diputaciones y 7 senadores. Es la única fuerza que mejoró sus espacios en el Congreso.
En general, la sociedad arrolló al conjunto de partidos tradicionales. No es un dato menor. Si se consolida una crisis terminal del régimen de partidos, puede abrirse una nueva relación de fuerzas en el aparato estatal. Si bien la disputa por el poder político rebasa con mucho al aparato de Estado y su organismo electoral, pues el capital es una fuerza extraparlamentaria por excelencia[6], bien puede avanzarse hacia el final de la partidocracia como momento significativo para construir una nueva relación de fuerzas encaminada en el corto plazo, al logro de importantes “reformas” (económicas y políticas) a favor de los explotados y excluidos. Pues si no se modifican las principales columnas del aparato de Estado muy difícil será lograr y conservar un Estado social de derechos.
Ahora bien, ¿cómo debemos entender la presente manifestación electoral de una gran parte de la sociedad? ¿Dónde encontrar las señales sísmicas que lo permitirían avizorar? ¿Cuáles serían las razones que empujaron este cataclismo electoral en México? A continuación presentamos algunos de los elementos estructurales que sin duda nos permiten dar razones para explicarlo.
II. Razones del cataclismo electoral: Reproducción del capital, neoliberalismo y Estado oligárquico
Desde 1982 se impuso una violenta forma de reproducción del capital vinculada a la reestructuración de la economía internacional, la cual fue continuamente vehiculizada de modo predominante mediante políticas económicas neoliberales de expreso carácter anti-social (privatizaciones, política monetaria ortodoxa, disciplina fiscal, reducción del gasto social, desmantelamiento del Estado, disciplina salarial, endeudamiento externo e interno, etc.).
En estas décadas, se establecieron las bases de reproducción del capital que definieron la forma de un patrón de reproducción subordinado a los capitales trasnacionales, consolidado en 1994 con el TLCAN y cuyo principal sustento ha residido en un régimen de superexplotación del trabajo. Los nuevos ejes de acumulación se orientaron a la conformación de un patrón de especialización productiva[7] caracterizado por un proceso de desmantelamiento de la estructura industrial, el carácter selectivo y privilegiado de nuevos núcleos de acumulación dominados por unas cuantos sectores manufactureros de bajo valor agregado (maquiladora), dependientes de inversiones, tecnología y mercado predominantemente estadounidenses.
Con el fin del otrora patrón de diversificación productiva-industrial, se establecieron dinámicos polos productivos de estructura monopolista, volcados al mercado externo, a costas de la exclusión y abandono de sectores de producción orientados al mercado interno. Millones de pequeños y medianos productores fueron empujados a la desaparición y al deterioro de sus capacidades productivas y de competencia. Asistimos a la contracción crónica del mercado interno.
La dinámica de un aparato de especialización productiva volcado a la satisfacción de las demandas del mercado externo –una integración subordinada a la “globalización” –, terminó por reforzar una tendencia estructural del ciclo del capital común a las economías dependientes latinoamericanas: un mayor distanciamiento de sus estructuras productivas respecto a las necesidades de consumo de los trabajadores.[8] Al acentuarse las condiciones de subordinación de una esfera productiva volcada al mercado exterior, vehiculizada por la liberalización de la economía y una proliferación en México de Tratados de Libre Comercio, la principal tendencia del patrón de reproducción del capital fue mermar las condiciones de vida y de consumo de los trabajadores, experimentada mediante la continua pérdida del poder adquisitivo del salario, ampliación de las brechas entre salario nominal y salarionecesario, caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional, así como la expansión de las condiciones de precarización del trabajo.
Tanto el desmantelamiento y entrega del sector energético, el despojo de recursos naturales, el abandono de la producción en el campo, es otro signo de una especialización regresiva altamente concentradora y excluyente que ha generalizado los condiciones de pobreza, de crisis y violencia social en México, lo que impactó, por ejemplo, en los elevados movimientos migratorios hacia Estados Unidos (a un ritmo de 500 mil personas por año en las últimas dos décadas).
La forma monopolista que asumió la especialización productiva integrada a los encadenamientos de valor de las corporaciones trasnacionales, terminó por pulverizar encadenamientos productivos nacionales, una de las causas de los elevados niveles de desocupación real, del fuerte declive de la participación de la economía en el PIB mundial, del cuasi estancamiento económico durante más de tres décadas, así como del estancamiento y deterioro del PIB per cápita.
La desindustrialización fue sustituida por una marea de importaciones de insumos intermedios y tecnología, con impactos en un déficit comercial permanente, y la acentuación de la dependencia del capital extranjero para sostener los problemas externos. La juventud quedó condenada a la exclusión cuando los grandes empresarios se volcaron a las compras del exterior, abandonándose el crecimiento educativo y procesos de investigación científico-tecnológica.
De igual modo, se redoblaron las asimetrías entre sectores productivos profundizando una desarticulación de la estructura productiva que agravó los desequilibrios económicos, y remarcó la incapacidad de reproducción orgánica volviéndola mucho más dependiente del exterior.
Ha sido tal la forma de especialización productiva y sus impactos en la desarticulación del aparato productivo que ésta asumió propiedades geográfico-territoriales. Detrás del establecimiento de polos productivos y corredores mercantiles en la zona norte fronteriza y la región del bajío -regiones donde predomina la manufactura maquiladora de exportación conectada a determinados circuitos de la economía estadounidense-, se desenvolvió un abierto proceso de desarticulación productiva territorial (desterritorialización) con impactos en condiciones de profunda desigualdad regional, de expresiones clasistas y racistas. Una heterogénea geografía de la exclusión y de la desigualdad económica y social con trazos ideológicos, políticos (y de alcances electorales) fractura al país, dividiéndolo en uno, dos, muchos Méxicos. En este sentido, es notable que, en la reciente elección del candidato presidencial, existió -de modo inédito- gran homogeneidad de la preferencia electoral entre el norte y el sur.
Estado oligárquico y ciclo político neoliberal
Esta forma de reproducción del capital es inescindible de su forma política de dominación estatal. El capital es una relación social constituida como relación de explotación y dominio. El actual patrón de reproducción del capital en México fue establecido a través del Estado en tanto instancia que condensa una relación política de fuerzas. Distintos intereses yproyectos económicos y sociales son construidos por las principales clases sociales, grupos económicos y fuerzas políticas de una sociedad. Las relaciones de poder y de fuerza entre estos agentes sociales terminan por concretar una fuerza hegemónica que se impone desde el Estado al conjunto de la sociedad presentándola como “proyecto de nación”. En términos meramente descriptivos, el bloque en el poder es el conjunto de clases y fuerzas sociales que detentan la hegemonía en el diseño, establecimiento y reproducción del proyecto económico y social, el cual adquiere una determinada forma de reproducción del capital. Es en este sentido, que el Estado no es un órgano neutral por encima de los intereses de la sociedad. El Estado es una relación social de clase.
En México, el Estado de clase de nuestro tiempo se constituyó dentro del ciclo político neoliberal. Una de sus principales caracterizaciones que se ponen de relieve se refiere a su marcada estructuración oligárquica. Una centralizada esfera del poder político en la que participa un reducido núcleo de capitalistas locales- trasnacionales con la capacidad de imponer y controlar las principales estructuras de acumulación del capital establecidas mediante el aparato de dominación estatal. Una modalidad de concentración económica logró recrear una esfera impenetrable del poder político, y consecuentemente, promovió un proceso de erosión de derechos políticos y de exclusión política sin concesiones al mundo del trabajo y al movimiento social popular sometido a una narrativa abstracta de “transición democrática”, “nueva forma de hacer política” y “pluralismo de partidos”.
El periodo 1982-2018, seis sexenios presidenciales que dan forma integral al ciclo político neoliberal en México (1982-1988/1988-1994/1995-2000 con gobiernos presidenciales del PRI; 2000-2006/2006-2012 con gobiernos del PAN; 2012-2018 gobierno del PRI), constituyó de modo permanente una forma oligárquica y autoritaria del Estado mexicano impuesto entre otros elementos mediante el recurso al Fraude Electoral (de Estado) en el año de 1988, 2006 y 2012, recurso que hace añicos cualquier narrativa de “pluralidad” y “democracia”.
La “transición pactada” acontecida en el año 2000 en que el PRI pierde la presidencia por primera vez en 70 años (en sus tres expresiones históricas PNR, PRM, PRI), y cedida al gobierno conservador pro empresarial y religioso del PAN con Vicente Fox (2000-2006), constituyó una “alternancia sin alternativa”, una mera continuidad de la economía dependiente y de las políticas neoliberales que se prolongaron (vía el nodus político del Fraude de 2006) con el sexenio panista de F. Calderón (2006-2012).
El régimen político durante el ciclo político neoliberal de “pluralismo de partidos” fue entonces controlado por lo que se conoce como el PRIAN, y un reducido y minoritario grupo de cuatro o cinco “partidos satélites”.
2012-2018: El “Pacto por México”, crisis económica y Estado de excepción
En 2012, la elección del priista Enrique Peña Nieto (EPN) como presidente del país, se llevó a cabo mediante una enorme confluencia polisémica de multivariadas prácticas que transgreden al cuerpo jurídico escrito y sistemático de la “democracia electoral” que hacen al Fraude. Otra elección nacional más marcada por la des-legitimidad política.
El 2 de diciembre de 2012, segundo día de su investidura presidencial, se presentó el “Pacto por México”, un programa de contra-reformas estructurales acordado por una alianza neoliberal entre el poder Ejecutivo y las cúpulas de los principales partidos políticos (PRI, PAN, PRD), como los dirigentes de estos partidos al frente, Cristina Díaz Salazar (interina del PRI), Gustavo Madero (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), intermediarios de la mayor ofensiva del gran capital en los últimos años, y a la que -dicho sea de paso- el entonces secretario de la OEA, José Miguel Insulza, señalaría como “un camino que otras democracias de América Latina deberían seguir”.
El llamado “Pacto por México” fue una nueva etapa de reestructuración neoliberal celebrada por los grandes capitales y organismos internacionales, en el que se impulsó un programa de once contra-reformas estructurales de carácter anti-obrero y anti-nacional.[9] Entre éstas destacan la Reforma Laboral, Reforma Educativa, Reforma de Telecomunicaciones, Hacendaria, Financiera, de Competencia Económica y la Reforma Energética entreguista del petróleo como integración subordinada a la geoeconomía y geopolítica de Estados Unidos.
Además de su profundo carácter anti-social y regresivo, el Pacto destacó por constituirse bajo una forma autoritaria estatal, esto es, como “una especie de supra o extra parlamento sobrepuesto a los poderes legalmente constituidos del Estado mexicano, en particular, el Poder Legislativo”[10].
El “Pacto por México” evidenció con gran nitidez la forma más acabada de la estructuración del Estado oligárquico, así como el carácter de clase en la organización y establecimiento del nuevo programa contra-reformista del capitalismo dependiente mexicano. Asistimos aquí a la acentuación del periodo de agotamiento democrático.
Las olímpicas promesas de “crecimiento”, “modernización” y “desarrollo” que acompañaban al Pacto oligárquico, difundidas por una frecuencia mediática neoliberal nacional e internacional, muy pronto se estrellaron con la realidad: estancamiento económico, disciplina salarial, desempleo, precarización e informalidad laboral, creciente endeudamiento público, austeridad social, transferencias de riqueza al exterior, desmantelamiento de PEMEX, extranjerización de hidrocarburos, devaluación, elevación de los precios de combustibles, inflación, caída del poder adquisitivo, mayor concentración de riqueza, expansión de las desigualdades, profundización de la infra-soberanía con Estados Unidos. Un conjunto de fenómenos que recargaron el profundo cuestionamiento social y popular al Poder Ejecutivo, a los órganos del Estado, a la partidocracia, a los grandes agentes empresariales, esto es, a las personificaciones de esta violenta etapa de reproducción del capital.
Vinculado al despliegue de esta espiral de crisis económica, se agravó el estado de violencia social que superaría el número de homicidios y desapariciones del sexenio anterior (2006-2012), de por sí éste ya estigmatizado porque superaba negativamente todos los indicadores de violencia y crimen organizado de la historia del país. Uno de los momentos deinflexión de la crisis social se precipitó con el agravamiento del proceso de criminalización real del aparato de Estado en sus distintos niveles (federal, estatal, municipal), el cual se expresó con la crisis humanitaria en Ayotzinapa, con el asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros, en los que la sociedad mexicana responsabilizó directamente al Estado. A la fecha, sigue impune.
Dentro de este cuadro de crisis económica e inestabilidad política, permeada por una creciente movilización social popular entre los que destacan el movimiento magisterial, la organización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, las manifestaciones populares contra la privatización de la industria energética, y contra la elevación y liberalización de los precios de los combustibles, la partidocracia legisló e impuso la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017, una ley que establece un cambio cualitativo entre unamilitarización de facto a una militarización de jure de la protesta social, habilitando con ello el Estado de excepción en México.
No obstante las “estrategias” del gobierno de EPN para solucionar la “crisis de inseguridad”, como observamos en los últimos tres meses de la reciente campaña electoral, en que la violencia se agudizó a niveles “inéditos” según la ONU, el gobierno de EPN junto a los grandes grupos empresariales que lo respaldaron en esta materia, heredan al país el enorme fracaso de su “estrategia de seguridad”, sostenida en su mandato de “vigencia plena del Estado de Derecho” y “confianza en las instituciones”, dejando una elevada carga de descomposición social.
En resumen, puede decirse que lo que precipitó con fuerza el cataclismo electoral fue la forma que ha asumido el “desarrollo del subdesarrollo” en las últimas tres décadas en México, dirigido por una estatalidad infra soberana y antidemocrática, lo que de conjunto terminó por remover capas tectónicas de los intereses colectivos urdiendo con fuerza entre el mundo del trabajo, el ágora pública y las urnas.
El actual huracán electoral, no puede leerse de un modo unilateral como una respuesta nacional al “Pacto por México”[11], sus partidos firmantes o al gobierno de EPN, aunque éste haya labrado con gran fuerza para la irrupción colectiva y sus exigencias de otro tiempo social. Siendo más estrictos, es una tendencia de orden estructural, transexenal, que atañe a la forma de acumulación del capital construida desde 1982 y a sus violentas políticas neoliberales que la acompañan, esto es, el legado histórico del neoliberalismo oligárquico. De lo contrario, dejaríamos fuera de este largo ciclo la manifestación mayoritaria de la sociedad (evidenciado en 1988 y 2006) contra este orden económico-político, o a la propia insurgencia zapatista antineoliberal y anticapitalista.
¿“Fiesta” o agotamiento de la democracia?
A unas horas de conocerse los resultados de la elección del 1º de julio, ideólogos del statu quo interpretaron el recién mandato popular como un “triunfo de la democracia”, como una “prueba de la consolidación democrática y de sus instituciones”. Hubo a su vez quien argumentó que se trató de una genuina manifestación ciudadana contra la “corrupción” de la clase política tradicional.
Es natural que se difundan estas ideas, pues tienen en común pretender opacar y sesgar el profundo cuestionamiento de la sociedad a un orden de dominación económica y política. Preocupados de perder las condiciones de “gobernabilidad” y de dominación política sustentadas en el orden político institucional y su “sistema de partidos” tradicional -puesto en tela de juicio en el actual escrutinio público-, corresponde a la narrativa mediática del poder hacer la apología del “sistema político mexicano” para impedir con ello el desmantelamiento delrégimen político hegemónico.[12]
Tal y como lo hemos venido señalando, lo que el mandato popular expresó mediante este cataclismo electoral fue la prueba más categórica del estado de agotamiento del régimen democrático, el cual reposa en una esfera impenetrable de toma de decisiones compuesta por nexos orgánicos entre poderosas fracciones y grupos económicos (locales-trasnacionales) y altos mandos del Estado. Se trata de una crisis de la democracia política evidenciada con la permanente crisis de representación y de legitimidad que permea a los tres poderes que integran al orden político-estatal, y que al mismo tiempo, acentúan las condiciones de inestabilidad y crisis política. Esta realidad es la que motivó con la Ley de Seguridad Interior al agravamiento de la militarización de las relaciones de explotación y dominio.
Contrario a las voces oficiales, se trata de la crisis de un régimen político sustentado en un ideario liberal, dotado de los principios abstractos de “apertura política”, “pluralismo”, “ciudadanización”, “inclusión política” y “Estado de Derecho”. El mandato popular experimentado ha sido de gran envergadura, y se ha manifestado contra los caracteres formales, abstractos e insustantivos de estos principios.
La elevada presión de la movilización social, la crítica social, un acumulado histórico de luchas sociales, la des-legitimidad institucional, hicieron que el arma del Fraude electoral lograra ser denunciada, contenida, neutralizada. El conjunto de recursos e instrumentos del régimen político y de las clases dominantes, fue puesto a la luz pública, y junto con ello, fueron rebasadas por una gran manifestación social inclinada por un nuevo tiempo social.
A la búsqueda de un cambio, de un nuevo tiempo social
México experimenta una crisis orgánica, esto es, una simultaneidad de crisis económica, política y social. Al optar de un modo tan expansivo por la opción de Morena, un partido político de tan sólo cuatro años de edad, más allá de si este partido puede o no representar sus expectativas de cambio[13] (“cambia el capataz pero el finquero es el mismo” dicen los zapatistas), la mayor parte de la sociedad exige grandes transformaciones, y por ello barrió con gran parte de la clase política tradicional, el PRIAN y sus satélites, colocándolos a unos pasos de su desaparición.
Gran parte de la sociedad rechazó la violenta forma de acumulación neoliberal. Vinculado a ello, ha impugnado a la partidocracia tradicional lanzándola a unos pasos del abismo. La sociedad exige cambios profundos, demanda un nuevo tiempo social. Cuando AMLO y su “Cuarta transformación” colocan como centro de su proyecto un “Plan de Reconciliación”, se ciernen grandes obstáculos al mandato popular. La ironía residiría en que estaría integrando a los que el mandato popular ha expulsado.
Las luchas de los trabajadores, el movimiento social y popular enfrenta grandes desafíos.
Notas
[1]
EXCELSIOR
, 3/07/2018,
https://www.excelsio[3] EXCELSIOR, op cit.
[4] Forbes (en línea), 4/07/2018, https://www.forbes.
[5] Sinembargo, 3/07/2018, http://www.
[6] István Mészáros, “La unificación de la esfera reproductiva material y la esfera política: Alternativa alParlamentarismo”,LaHaine.org
[7] Jaime Osorio, Explotación redoblada y actualidad de la revolución. Edit. Itaca-UAM-X. México, 2009. Cap. X.
[8] Ibid. A este respecto, ver, Tercera Parte: “La caracterización del capitalismo latinoamericano”.
[9] Adrián Sotelo Valencia, México (des)cargado. Del Mexico´s moment al Mexico´s disaster, Itaca-UNAM, 2016.
[10] Ibid. p. 39.
[11] Ver, Luis Hernández Navarro, “El beso del diablo”, La Jornada, 3/07/2018. https://www.
[12] El mismo jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, pronunció su discurso en este sentido, señalando que ya sean ganadores o perdedores, “todos acreditaron la vitalidad de la democracia mexicana”. La Jornada, 5/07/2018, http://www.jornada.
[13] Véase nuestro análisis sobre el programa económico de AMLO, “El nuevo desarrollismo progresista en México”,
Rebelion.org,
19/05/
2018,
http://www.rebelion.org/
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