I. Peña ha inventado que el asunto de Ayotzinapa es un callejón sin salida,
para encubrir a quienes realmente organizaron los homicidios de los 43
normalistas. Y resulta que no hay tal, pues aquel genocidio ocurrido
hace ya 4 años fue un hecho más de los que caracterizaron al peñismo y
sus desgobernadores durante 6 años de impunidad. Los peritos
internacionales y nacionales con autonomía, una y otra vez han
presentado pruebas de que no se ha querido dar con la verdad legal,
porque al parecer, están implicados el entonces desgobernador
Heladio Aguirre, la Zona Militar de Iguala, policías federales y
municipales, cuyos jefes y altos mandos abusaron del poder en
complicidad con el mismo secretario de la Defensa, el titular de Marina y
hasta el mismo Peña cuando fue enterado y guardó silencio cómplice. Y
si no es por los padres de los normalistas y el pueblo, que no ha dejado
de exigir no “la verdad histórica” del entonces Procurador Murillo
Káram, sino la verdad resultado de un investigación imparcial y
jurídica, el caso se habría archivado.
II. Pero la lucha social ha logrado que el Tribunal Colegiado Decimonoveno, en resolución innovadora por la justicia, determinara la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia integrada por padres de esos 43 alumnos, la CNDH y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al menos, para analizar el caso hasta sus últimas consecuencias políticas, sociales y sobre todo legales, para conocer lo que sucedió la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. No hace falta que la Suprema Corte ratifique esa resolución; pero si así fuera, le daría una completa fundamentación a la investigación para saber quiénes, cómo y por qué abusaron de la violencia militar-policiaca y política en Guerrero, ordenando los 43 homicidios, precedidos de secuestros, donde parece que también tiene parte el narcotráfico, en un mutuo tráfico de favores criminales. Por lo que la creación de dicha Comisión es una resolución auténticamente democrática y honorable por parte de los Magistrados del Tribunal asentado en Tamaulipas (César Martínez y César Arellano con Emir Olivares, Reforma y La Jornada, 2l de septiembre de 2018).
III. Pero con más de 200 impugnaciones de apelación, la PGR de Peña ha tratado de anular la orden de constituir esa Comisión, para que los mexicanos sepamos qué pasó con los alumnos de Ayotzinapa y por qué Peña no quiere que se investigue. Esa Comisión tiene la posibilidad de averiguar qué pasó y cuál fue el destino de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, para iniciar la búsqueda de las causas que originaron la, hasta estos momentos, desaparición de los normalistas. Hay avances de los peritos que ya intervinieron y el peñismo no los dejó continuar las investigaciones, cuando se toparon con las puertas cerradas de la Zona Militar ubicada en Iguala. Queremos los mexicanos saber qué fue de esos estudiantes que habían escenificado un mitin y el presidente municipal y su esposa (actualmente presos), junto con la policía, soldados y marinos participaron en su persecución para desaparecerlos.
II. Pero la lucha social ha logrado que el Tribunal Colegiado Decimonoveno, en resolución innovadora por la justicia, determinara la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia integrada por padres de esos 43 alumnos, la CNDH y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al menos, para analizar el caso hasta sus últimas consecuencias políticas, sociales y sobre todo legales, para conocer lo que sucedió la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. No hace falta que la Suprema Corte ratifique esa resolución; pero si así fuera, le daría una completa fundamentación a la investigación para saber quiénes, cómo y por qué abusaron de la violencia militar-policiaca y política en Guerrero, ordenando los 43 homicidios, precedidos de secuestros, donde parece que también tiene parte el narcotráfico, en un mutuo tráfico de favores criminales. Por lo que la creación de dicha Comisión es una resolución auténticamente democrática y honorable por parte de los Magistrados del Tribunal asentado en Tamaulipas (César Martínez y César Arellano con Emir Olivares, Reforma y La Jornada, 2l de septiembre de 2018).
III. Pero con más de 200 impugnaciones de apelación, la PGR de Peña ha tratado de anular la orden de constituir esa Comisión, para que los mexicanos sepamos qué pasó con los alumnos de Ayotzinapa y por qué Peña no quiere que se investigue. Esa Comisión tiene la posibilidad de averiguar qué pasó y cuál fue el destino de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, para iniciar la búsqueda de las causas que originaron la, hasta estos momentos, desaparición de los normalistas. Hay avances de los peritos que ya intervinieron y el peñismo no los dejó continuar las investigaciones, cuando se toparon con las puertas cerradas de la Zona Militar ubicada en Iguala. Queremos los mexicanos saber qué fue de esos estudiantes que habían escenificado un mitin y el presidente municipal y su esposa (actualmente presos), junto con la policía, soldados y marinos participaron en su persecución para desaparecerlos.
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