Conscientes
de que difícilmente el Congreso le autorice una aventura militar que
puede causar muchas víctimas estadounidenses y que los militares
colombianos y brasileños se oponen a una agresión armada contra
Venezuela, el equipo del presidente Donald Trump parece inclinado a
financiar parcialmente a un ejército mercenario.
El director de la empresa militar estadounidense Blackwater, Erik Prince, ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Maduro, informó este martes la agencia Reuters, Esta pretendida fuerza militar constaría de unos cuatro o cinco mil mercenarios contratados en nombre del opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares colombianos y de otros países de la región.
Para expertos en seguridad, el plan de Prince es "políticamente inverosímil y potencialmente peligroso" y "podría desencadenar una guerra civil, agrega la agencia británico-estadounidense. Prince busca financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense Don
Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana del 30 de abril. Ese mismo día, El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad de una "acción militar" en Venezuela si así "lo requiere" la situación.
Prince contempla una fuerza integrada por peruanos, ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, ya que considera que este tipo de soldados serían más políticamente aceptables (para los estadounidenses, que aún recuerdan las bolsas negras en las que volvían los soldados desde Vietnam) que contratistas estadounidenses.
Pompeo hizo esta declaración después de que lanzara otra mentira –un fake new- a la CNN. En lugar de aceptar que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro tenía prevista su salida del país rumbo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. En respuesta, Maduro respondió: "Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! [...] cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista".
El portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado que la oposición venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis , ha evitado hacer comentarios tras ser preguntado acerca de esta iniciativa.
Uno de los argumentos de Prince es que Venezuela necesita un "acontecimiento dinámico" para romper el punto muerto en el que se encuentra el país desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras declarar ilegítimo a Maduro. Ahora suma otra argumento: los venezolanos por sí solos, no lo pueden hacer.
Radiografía de un negocio en expansión impulsado por la Casa Blanca
En las últimas dos décadas, con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional, fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark. Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Rebautizada "Academi", Blackwater surgió en pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). La transnacional, fundada con la bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990.
Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición de “terrorismo internacional”, que se ubicaba en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.
Un informe de Sudestada señala que en ese momento BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Pero Prince, con pasado de SEAL (equipos de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense), ultraconservador y financista de grupos católicos, extremistas y marginales, no pensó a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de EEUU en otras partes del mundo. Y en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, fundó la instalación militar privada más grande del mundo.
Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico
En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras amigas”.
En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos con ex altos cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de The Nation y de Democracy Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California, Illinois y en la selva de filipina.
Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el Gobierno empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”.
Prince definió a su empresa como “una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir, señala Sudestada.
Si pocos años antes el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al ejército ruso de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal que amenazaban la vida occidental. Más allá de las tropas regulares, Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater, empresa se encargó de la seguridad del personal estadounidense en esos países, entrenó tropa y se convirtió en una parte fundamental del ejército de ocupación.
Entre los muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados rasos. “Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak– la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”, señaló la revista Fortune.
Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba exmilitares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet– para engrosar sus filas y cumplir la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios. Varios informes de organismos públicos de EEUU llamaron la atención porque el Gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones militares.
El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada por los golpes recibidos por la resistencia iraquí. En marzo de 2004 las imágenes de cuatro personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a caer, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater.
El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba operaciones militares fuera de lo acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de Faluya.
En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater con cuatro vehículos blindados, que cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes, los mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada, sumado 17 víctimas, todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia heterogénea.
Pese al encubrimiento político, judicial y mediático los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio a Slatten.
La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el expresidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10.000 millones de dólares en 2010. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah, reveló que miles de mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos para invadir el territorio catarí.
Según el exprimer ministro, los Emiratos contrataron los servicios de Blackwater para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí. Los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente. El Gobierno de Catar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de Liwa.
En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente Donald Trump intentó que la firma de Prince retornara a sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca, supervisaron la iniciativa y presentaron a sus candidatos para implementar el plan” de Trump: Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp International.
Scahill señala que “la guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”. Obviamente eso no ocurrirá en el gobierno de Donald Trump.
Álvaro Verzi Rangel: Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: http://estrategia.la/2019/05/
El director de la empresa militar estadounidense Blackwater, Erik Prince, ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Maduro, informó este martes la agencia Reuters, Esta pretendida fuerza militar constaría de unos cuatro o cinco mil mercenarios contratados en nombre del opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares colombianos y de otros países de la región.
Para expertos en seguridad, el plan de Prince es "políticamente inverosímil y potencialmente peligroso" y "podría desencadenar una guerra civil, agrega la agencia británico-estadounidense. Prince busca financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense Don
Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana del 30 de abril. Ese mismo día, El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad de una "acción militar" en Venezuela si así "lo requiere" la situación.
Prince contempla una fuerza integrada por peruanos, ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, ya que considera que este tipo de soldados serían más políticamente aceptables (para los estadounidenses, que aún recuerdan las bolsas negras en las que volvían los soldados desde Vietnam) que contratistas estadounidenses.
Pompeo hizo esta declaración después de que lanzara otra mentira –un fake new- a la CNN. En lugar de aceptar que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro tenía prevista su salida del país rumbo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. En respuesta, Maduro respondió: "Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! [...] cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista".
El portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado que la oposición venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis , ha evitado hacer comentarios tras ser preguntado acerca de esta iniciativa.
Uno de los argumentos de Prince es que Venezuela necesita un "acontecimiento dinámico" para romper el punto muerto en el que se encuentra el país desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras declarar ilegítimo a Maduro. Ahora suma otra argumento: los venezolanos por sí solos, no lo pueden hacer.
De
acuerdo con fuentes, para financiar su plan Prince busca 40 millones de
dólares de inversores privados y quiere apropiarse de fondos de los
miles de millones de dólares en bienes venezolanos que han sido
congelados en todo el mundo por las sanciones impuestas contra el
Gobierno constitucional venezolano. Quiere piratear a los piratas.
Sin
embargo no está claro cómo podría acceder legalmente a dichos bienes la
oposición venezolana. Prince dijo a la gente con la que se reunió,
según Reuters, que cree que Guaidó tiene autoridad para formar
su propia fuerza militar porque ha sido reconocido internacionalmente
como presidente legítimo del país.
Blackwater, trasnacional criminal
Blackwater,
una multinacional militar, se abre paso en el mundo desde hace dos
décadas. Es la empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula
denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de
corrupción en Estados Unidos. Radiografía de un negocio en expansión impulsado por la Casa Blanca
En las últimas dos décadas, con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional, fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark. Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Rebautizada "Academi", Blackwater surgió en pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). La transnacional, fundada con la bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990.
Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición de “terrorismo internacional”, que se ubicaba en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.
Un informe de Sudestada señala que en ese momento BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Pero Prince, con pasado de SEAL (equipos de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense), ultraconservador y financista de grupos católicos, extremistas y marginales, no pensó a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de EEUU en otras partes del mundo. Y en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, fundó la instalación militar privada más grande del mundo.
Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico
En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras amigas”.
En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos con ex altos cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de The Nation y de Democracy Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California, Illinois y en la selva de filipina.
Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el Gobierno empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”.
Prince definió a su empresa como “una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir, señala Sudestada.
Si pocos años antes el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al ejército ruso de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal que amenazaban la vida occidental. Más allá de las tropas regulares, Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater, empresa se encargó de la seguridad del personal estadounidense en esos países, entrenó tropa y se convirtió en una parte fundamental del ejército de ocupación.
Entre los muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados rasos. “Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak– la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”, señaló la revista Fortune.
Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba exmilitares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet– para engrosar sus filas y cumplir la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios. Varios informes de organismos públicos de EEUU llamaron la atención porque el Gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones militares.
El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada por los golpes recibidos por la resistencia iraquí. En marzo de 2004 las imágenes de cuatro personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a caer, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater.
El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba operaciones militares fuera de lo acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de Faluya.
En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater con cuatro vehículos blindados, que cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes, los mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada, sumado 17 víctimas, todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia heterogénea.
Pese al encubrimiento político, judicial y mediático los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio a Slatten.
La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el expresidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10.000 millones de dólares en 2010. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah, reveló que miles de mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos para invadir el territorio catarí.
Según el exprimer ministro, los Emiratos contrataron los servicios de Blackwater para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí. Los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente. El Gobierno de Catar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de Liwa.
En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente Donald Trump intentó que la firma de Prince retornara a sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca, supervisaron la iniciativa y presentaron a sus candidatos para implementar el plan” de Trump: Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp International.
Scahill señala que “la guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”. Obviamente eso no ocurrirá en el gobierno de Donald Trump.
Álvaro Verzi Rangel: Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: http://estrategia.la/2019/05/
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