La
Cancillería de Venezuela tilda de “terrorismo ecónomico” las nuevas
sanciones impuestas por EE.UU. contra un plan alimentario del país
sudamericano.
“Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la reiterada agresión del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas coercitivas unilaterales ilegales, cuyo fin criminal, en esta oportunidad, no es otro que el de privar al pueblo venezolano de su derecho a la alimentación”, censuró la Cancillería venezolana en un comunicado emitido el jueves.
Las medidas coercitivas de Washington, prosigue la nota, contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —programa de alimentación que atiende a más de seis millones de familias con la distribución de alimentos de primera necesidad a bajo costo— son “criminales”, “ilegales” y “violatorias de la Carta de las Naciones Unidas” y del “derecho internacional”.
La Cartera venezolana atribuyó además las sanciones estadounidenses a la desesperación de la Casa Blanca ante el fracaso de su plan de golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, quien cuenta con el gran apoyo popular e internacional.
Las nuevas sanciones son “una abierta demostración de desespero político y geopolítico” que se producen “ante la incapacidad del Gobierno de Estados Unidos de alcanzar sus objetivos injerencistas en Venezuela”, resaltó la Cancillería de Venezuela.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el jueves nuevas sanciones contra 13 entidades y 10 individuos venezolanos, presuntamente vinculados a la importación de alimentos. Los hijos de la primera dama Cilia Flores también se encuentran en la lista de los sancionados.
El presidente chavista condenó la misma jornada de ayer jueves los embargos de EE.UU. al programa de comida subsidiada en Venezuela y aseguró que “el imperio no podrá con esto, ni con un millón de sanciones” detener los CLAP.
Estados Unidos ha endurecido su campaña de presión económica contra Venezuela, en apoyo al conato de golpe de Estado del dirigente opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó en enero presidente interino de la República Bolivariana.
Un estudio realizado en abril de este año por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs reveló que las sanciones impuestas desde agosto de 2017 contra Caracas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han ocasionado la muerte de unas 40 000 personas, al dificultar que los ciudadanos venezolanos accedan a los alimentos y medicamentos necesarios.
mnz/lvs/alg
“Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la reiterada agresión del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas coercitivas unilaterales ilegales, cuyo fin criminal, en esta oportunidad, no es otro que el de privar al pueblo venezolano de su derecho a la alimentación”, censuró la Cancillería venezolana en un comunicado emitido el jueves.
Las medidas coercitivas de Washington, prosigue la nota, contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —programa de alimentación que atiende a más de seis millones de familias con la distribución de alimentos de primera necesidad a bajo costo— son “criminales”, “ilegales” y “violatorias de la Carta de las Naciones Unidas” y del “derecho internacional”.
La Cartera venezolana atribuyó además las sanciones estadounidenses a la desesperación de la Casa Blanca ante el fracaso de su plan de golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, quien cuenta con el gran apoyo popular e internacional.
Las nuevas sanciones son “una abierta demostración de desespero político y geopolítico” que se producen “ante la incapacidad del Gobierno de Estados Unidos de alcanzar sus objetivos injerencistas en Venezuela”, resaltó la Cancillería de Venezuela.
Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la reiterada agresión del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas coercitivas unilaterales ilegales, cuyo fin criminal, en esta oportunidad, no es otro que el de privar al pueblo venezolano de su derecho a la alimentación”, censuró la Cancillería venezolana en un comunicado.“El Gobierno Bolivariano de Venezuela, acompañado del pueblo venezolano, no cederá hoy, mañana, ni nunca, ante chantajes de poderes imperialistas soberbios. Por el contrario, los enfrentará con valentía, dignidad y convicción democrática, como lo ha hecho siempre, para hacer valer sus derechos a la libertad, la autodeterminación y la independencia”, destacó.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el jueves nuevas sanciones contra 13 entidades y 10 individuos venezolanos, presuntamente vinculados a la importación de alimentos. Los hijos de la primera dama Cilia Flores también se encuentran en la lista de los sancionados.
El presidente chavista condenó la misma jornada de ayer jueves los embargos de EE.UU. al programa de comida subsidiada en Venezuela y aseguró que “el imperio no podrá con esto, ni con un millón de sanciones” detener los CLAP.
Estados Unidos ha endurecido su campaña de presión económica contra Venezuela, en apoyo al conato de golpe de Estado del dirigente opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó en enero presidente interino de la República Bolivariana.
Un estudio realizado en abril de este año por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs reveló que las sanciones impuestas desde agosto de 2017 contra Caracas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han ocasionado la muerte de unas 40 000 personas, al dificultar que los ciudadanos venezolanos accedan a los alimentos y medicamentos necesarios.
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