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La sentencia de los ERE: El mayor caso de corrupción de la historia de España
La peor de las pesadillas para el PSOE de Andalucía se
ha hecho realidad este martes. Los expresidentes socialistas de la Junta
José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueron declarados culpables por el
caso de los ERE ilegales y condenados a seis años de cárcel y quince de
inhabilitación, en el caso de Griñán, por los delitos de prevaricación y
malversación de caudales públicos, y a nueve de inhabilitación en el
caso de Chaves, por prevaricación.
© Raul Caro / EFE
La sentencia de los ERE
La
Audiencia de Sevilla considera a ambos expresidentes y exministros de
Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas
ilegales que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009)
para beneficiar a empresas en crisis. La sentencia no es firme y las
defensas recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.
19 condenados de los 21 acusados
La Audiencia de Sevilla ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas, pero ha absuelto a cuatro acusados del delito de malversación. Así, el fallo impone al exconsejero Antonio Fernández 7 años y 11 meses de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años y medio; al exconsejero Francisco Vallejo se le imponen 7 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 18. La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada.
De los 21 procesados, sólo dos han resultado absueltos de todos los delitos: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
La sentencia
La sentencia señala que tanto Griñán como Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.
En el caso de Griñán apunta el fallo que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".
En el caso de Chaves, la Sala recuerda que Chaves presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000". "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", razona la sentencia. "Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta", destaca la resolución del ponente, Juan Antonio Calle Peña.
La malversación de Griñán
Como Manuel Chaves, Griñán también fue presidente de la Junta de Andalucía. En el caso de Griñán, que ejerció el cargo de presidente de la Junta entre 2009 y 2013, la acusación que se ha aceptado por el tribunal es la de malversación de dinero público, ya que antes había sido consejero de Hacienda en el gabinete de Chaves entre los años 2004 y 2009, y en su calidad de tal conocía o debería conocer en profundidad en qué y cómo se gastaba el dinero de los andaluces.
Los ex presidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados recibieron a mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, formada por el juez Juan Antonio Calle y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.
El juicio por el llamado "procedimiento específico de los ERE", la primera de las 187 que componen la macrocausa, empezó en diciembre del 2017 y se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días.
La sentencia certifica la trama de los ERE
La dura sentencia condenatoria proporciona una respuesta clara y contundente a la duda de si existió una trama delictiva que organizó un sistema opaco para la concesión de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Los 21 ex altos cargos estaban acusados de un delito continuado de prevaricación por haber creado supuestamente en el año 2000, un sistema para agilizar el pago de esas ayudas y dar una pronta respuesta a los conflictos sociolaborales que alteraban la paz social de la comunidad autónoma.
La Junta de Andalucía solicitó en octubre de 2016 el archivo de esta causa contra los expresidentes autonómicos y el resto de ex altos cargos imputados, al estimar que ni existió una "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas durante el periodo 2000-2010.
Otro de los caballos de batalla durante el juicio y que fue alegado por alguno de los ex altos cargos para defender la legalidad de las ayudas, fue que estas ayudas estarían amparadas en una orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995. El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías declaró que había una regulación de las ayudas, puesto que estaban contempladas en las leyes de Hacienda y Presupuestos, los decretos y las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995. Y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández apeló a la similitud de las ayudas con las otorgadas por el Estado a través de la orden del 5 de abril de 1995.
Otra cuestión fundamental para justificar la condena por el delito de malversación de caudales públicos fue la actuación del interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, que no realizó ningún informe de gestión al no apreciar delito ni menoscabo de fondos públicos. El tribunal entiende con su condena que sí existió delito, pero Gómez no estaba implicado en el mismo por lo que es uno de los dos únicos absueltos en el juicio.
El origen, Mercasevilla
Hace una década, el caso Mercasevilla, en cuyo expediente de regulación de empleo la policía halló varias personas prejubiladas ajenas a la empresa, fue el hilo del que tirar para destapar un complejo sistema instaurado en la Junta andaluza para beneficiar con prejubilaciones a amigos del director general de Trabajo, alcaldes y altos cargos del PSOE. La montaña de irregularidades y delitos fue creciendo durante años hasta abarcar toda una década de ayudas públicas de empleo (2000-2009) otorgadas desde el Gobierno andaluz
La juez Mercedes Alaya lideró la investigación junto a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción para analizar 270 ayudas directas y ERE subvencionados por la Consejería de Empleo. Salieron a relucir gastos en cocaína con fondos públicos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su chófer, empresas fantasmas y una red clientelar con cientos de empresarios, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados.
En su escrito de conclusiones la Fiscalía cifraba la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que debían devolver de forma solidaria los 18 ex altos cargos de la Junta a los que acusaba de un delito de malversación, en más de 741 millones de euros en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010).
Los dos principales implicados, los expresidentes Chaves y Griñán, han vivido de forma diferente su calvario judicial. Mientras el primero ha mantenido su agenda de contactos, ha asistido a conferencias, a presentaciones de libros y a actos públicos, Griñán lo ha vivido aislado. Ha salido muy poco de su ámbito geográfico de seguridad ubicado en el municipio del Aljarafe sevillano donde vive. "Él es un hombre de honor y no entiende cómo se ha roto su trayectoria de éxito de servidor público", escribía su hijo en una red social.
Repasamos las cifras del mayor caso de corrupción de la historia de España
680 millones de euros: El dinero supuestamente defraudado
Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos, según Anticorrupción.
El caso empezó a tramitarse cuando la jueza Mercedes Alaya, mediante su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abrió diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado hoy a todos los procesados para comunicarles el fallo.
854.838.243 euros - 'Fondo de reptiles'
La partida presupuestaria de los ERE, también denominada 'fondo de reptiles', ascendió a 854.838.243 euros. Esta cifra lo posiciona en el caso más copioso de la historia de España. El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces. Este procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).
© Raul Caro / EFE
La sentencia de los ERE
19 condenados de los 21 acusados
La Audiencia de Sevilla ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas, pero ha absuelto a cuatro acusados del delito de malversación. Así, el fallo impone al exconsejero Antonio Fernández 7 años y 11 meses de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años y medio; al exconsejero Francisco Vallejo se le imponen 7 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 18. La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada.
De los 21 procesados, sólo dos han resultado absueltos de todos los delitos: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
La sentencia
La sentencia señala que tanto Griñán como Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.
En el caso de Griñán apunta el fallo que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".
En el caso de Chaves, la Sala recuerda que Chaves presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000". "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", razona la sentencia. "Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta", destaca la resolución del ponente, Juan Antonio Calle Peña.
La malversación de Griñán
Como Manuel Chaves, Griñán también fue presidente de la Junta de Andalucía. En el caso de Griñán, que ejerció el cargo de presidente de la Junta entre 2009 y 2013, la acusación que se ha aceptado por el tribunal es la de malversación de dinero público, ya que antes había sido consejero de Hacienda en el gabinete de Chaves entre los años 2004 y 2009, y en su calidad de tal conocía o debería conocer en profundidad en qué y cómo se gastaba el dinero de los andaluces.
Los ex presidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados recibieron a mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, formada por el juez Juan Antonio Calle y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.
El juicio por el llamado "procedimiento específico de los ERE", la primera de las 187 que componen la macrocausa, empezó en diciembre del 2017 y se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días.
La sentencia certifica la trama de los ERE
La dura sentencia condenatoria proporciona una respuesta clara y contundente a la duda de si existió una trama delictiva que organizó un sistema opaco para la concesión de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Los 21 ex altos cargos estaban acusados de un delito continuado de prevaricación por haber creado supuestamente en el año 2000, un sistema para agilizar el pago de esas ayudas y dar una pronta respuesta a los conflictos sociolaborales que alteraban la paz social de la comunidad autónoma.
La Junta de Andalucía solicitó en octubre de 2016 el archivo de esta causa contra los expresidentes autonómicos y el resto de ex altos cargos imputados, al estimar que ni existió una "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas durante el periodo 2000-2010.
Otro de los caballos de batalla durante el juicio y que fue alegado por alguno de los ex altos cargos para defender la legalidad de las ayudas, fue que estas ayudas estarían amparadas en una orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995. El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías declaró que había una regulación de las ayudas, puesto que estaban contempladas en las leyes de Hacienda y Presupuestos, los decretos y las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995. Y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández apeló a la similitud de las ayudas con las otorgadas por el Estado a través de la orden del 5 de abril de 1995.
Otra cuestión fundamental para justificar la condena por el delito de malversación de caudales públicos fue la actuación del interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, que no realizó ningún informe de gestión al no apreciar delito ni menoscabo de fondos públicos. El tribunal entiende con su condena que sí existió delito, pero Gómez no estaba implicado en el mismo por lo que es uno de los dos únicos absueltos en el juicio.
El origen, Mercasevilla
Hace una década, el caso Mercasevilla, en cuyo expediente de regulación de empleo la policía halló varias personas prejubiladas ajenas a la empresa, fue el hilo del que tirar para destapar un complejo sistema instaurado en la Junta andaluza para beneficiar con prejubilaciones a amigos del director general de Trabajo, alcaldes y altos cargos del PSOE. La montaña de irregularidades y delitos fue creciendo durante años hasta abarcar toda una década de ayudas públicas de empleo (2000-2009) otorgadas desde el Gobierno andaluz
La juez Mercedes Alaya lideró la investigación junto a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción para analizar 270 ayudas directas y ERE subvencionados por la Consejería de Empleo. Salieron a relucir gastos en cocaína con fondos públicos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su chófer, empresas fantasmas y una red clientelar con cientos de empresarios, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados.
En su escrito de conclusiones la Fiscalía cifraba la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que debían devolver de forma solidaria los 18 ex altos cargos de la Junta a los que acusaba de un delito de malversación, en más de 741 millones de euros en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010).
Los dos principales implicados, los expresidentes Chaves y Griñán, han vivido de forma diferente su calvario judicial. Mientras el primero ha mantenido su agenda de contactos, ha asistido a conferencias, a presentaciones de libros y a actos públicos, Griñán lo ha vivido aislado. Ha salido muy poco de su ámbito geográfico de seguridad ubicado en el municipio del Aljarafe sevillano donde vive. "Él es un hombre de honor y no entiende cómo se ha roto su trayectoria de éxito de servidor público", escribía su hijo en una red social.
Repasamos las cifras del mayor caso de corrupción de la historia de España
680 millones de euros: El dinero supuestamente defraudado
Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos, según Anticorrupción.
El caso empezó a tramitarse cuando la jueza Mercedes Alaya, mediante su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abrió diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado hoy a todos los procesados para comunicarles el fallo.
854.838.243 euros - 'Fondo de reptiles'
La partida presupuestaria de los ERE, también denominada 'fondo de reptiles', ascendió a 854.838.243 euros. Esta cifra lo posiciona en el caso más copioso de la historia de España. El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces. Este procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).
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