Fosas clandestinas y lugares de tortura cerca de domicilio de Cué; la barbarie define democracia en México: Osorno
(06
de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gabriel Alberto Cruz Sánchez
y Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo
del 2007 en Oaxaca. Los dos eran militantes del Partido Democrático
Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).
Ellos
se encontraban aproximadamente entre las 5:30 y 6:29 de la tarde
juntos, cuando elementos de diferentes fuerzas de seguridad los
detuvieron y después, se dijo, los desaparecieron. Nunca más se volvió a
saber de ellos. El
PDPR-EPR, desde sus primeros comunicados, denunció que se trataba de un caso de desaparición forzada por motivos políticos.
A partir
de aquel momento, familiares y amigos constituyeron el Comité de
Familiares de detenidos – desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. Desde
aquel momento el Ejército Popular Revolucionario (EPR) insistió y sigue
haciéndolo, en exigir el gobierno estatal y federal entreguen con vida a
sus compañeros, contra quienes, aseguran, se cometió un delito de lesa
humanidad: desaparición forzosa.
En Oaxaca de 2001 a 2015 se han
registrado 216 desapariciones, de las cuales 81 ocurrieron entre 2006 y
2008. Según información de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, “en
noviembre de 2015, después de obtener información relevante sobre
lugares donde podrían haberse llevado a cabo inhumaciones clandestinas
de personas desaparecidas, abrió una averiguación previa ante la
Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca.
Así como también dio parte a la averiguación
previa abierta sobre el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada, sin que hasta la entrega de este informe se hubiera llevado a
cabo el resguardo, así como la inspección de los domicilios señalados
para confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas”.
Esto dentro de un informe realizado por la Comisión, con el título
Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca. En
cuyo apartado sobre desapariciones forzadas reportan centros de tortura
en aquella entidad, señalando por lo menos cinco de estos en distintas
zonas de la región.
“Nuestra investigación nos permitió establecer
en el Informe que la gran mayoría de las personas que fueron detenidas a
lo largo del conflicto de 2006-2007 en el estado de Oaxaca, se
enfrentaron a la situación que ha mencionado el Relator Especial sobre
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en
su informe de 2014.
Es decir, fueron casos de detención arbitraria
acompañada de todos aquellos tratos crueles, incluyendo tortura durante
y después de la detención, así como el robo de sus pertenencias por
parte de los captores entre otras situaciones. Sin dejar de lado que un
número importante de detenciones fueron llevadas a cabo por grupos
armados ilegales”, asegura a
Revolución TRESPUNTOCERO el miembro de la Organización, el periodista Diego Enrique Osorno.
Explica
que estudiaron casos de desaparición de manera cronológica y en dos
niveles. El primer nivel correspondió a situaciones donde se aprehendió a
gente de manera masiva o en grupos grandes, especialmente en las fechas
representativas, no solo en la ciudad de Oaxaca sino en algunos
municipios donde su población apoyó al movimiento social.
El
segundo nivel, aborda casos individuales. “Los grupos armados ilegales
que operaron lo hicieron en coordinación con las máximas autoridades del
estado en ese entonces y la estructura -que involucra a prácticamente
todas las corporaciones de seguridad locales, estatales y federales-
sigue operando en Oaxaca”.
Sobre los centros de tortura que la
Comisión de la Verdad de Oaxaca ha señalado, Osorno comenta que existen
sitios que les han otorgado una descripción de ello, “se trata de
lugares cercanos a instalaciones policiales, lo mismo que casas de
seguridad ubicadas en colonias prósperas de Oaxaca”.
Dichos datos,
surgen, cuando al estar buscando información sobre la desaparición de
Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el PDPR-EPR, considera equivocadas las
líneas de investigación que refieren a que ambos fueron detenidos en el
hotel
El Árbol el día 24 de mayo, así como también la que se refiere a la
detención por parte de la Policía Federal de caminos en un Volkswagen.
Así
es como, en una comunicación hecha llegar a la CVO el 10 de noviembre
de 2015, el PDPR-EPR da su caracterización del movimiento social
ocurrido en el 2006 y 2007, así como una serie de indicios sobre cinco
lugares en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habrían
realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.
En
una comunicación hecha llegar a la Comisión el 10 de noviembre de 2015,
el PDPR-EPR da su caracterización del movimiento social ocurrido en el
2006 y 2007, así como una serie de indicios sobre cinco lugares en los
cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habría realizado
inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.
Uno
de los lugares referidos es en los alrededores de una sede
institucional. “El teniente de navío Manuel Moreno Rivas y el teniente
de fragata José Manuel Vera Salinas agentes del Cisen fueron parte de
comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del
movimiento popular magisterial además, son conocedores de que algunas
personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del
cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los
Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este
cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas
habitación”.
A su vez, se señala que dicha información la tienen
los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo
Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), “pueblo en
donde hubo una de las más crueles represiones”.
La comisión acudió
a todos los lugares para corroborar la existencia de los domicilios,
así como también tomar gráficas. En febrero de 2016 se volvió a ese y
los demás lugares referidos para constatar que, “pese a haber hecho
desde noviembre de 2015 la denuncia correspondiente tanto en la Fiscalía
de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca, así como en la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la
República (PGR), el lugar se encontraba sin resguardo alguno ni había
sido inspeccionado como amerita”.
Uno de estos domicilios, se
menciona, es una casa particular, del teniente de fragata Manuel Vera
Salinas “que ya vendió su mujer, en la Privada de Naranjo Nº 200,
Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del ex gobernador José
Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen
la burguesía y los políticos de oficio de la Ciudad de Oaxaca y hoy, el
gobernador Gabino Cué Monteagudo”.
Además de “un ostentoso rancho
de los Valles Centrales oaxaqueños ¡en el que hasta se crían búfalos!
Algunos de los lugares referidos nos llegaron mediante una denuncia del
PDPR-EPR, que tiene a dos de sus integrantes desaparecidos de manera
forzada desde 2007”, señala Osorno.
Sin embargo, ni la Fiscalía de
Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca, ni la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República
(PGR), acudieron a los sitios señalados.
Aun cuando la Comisión
dio cuenta que dicho domicilio particular, actualmente opera una
asociación civil. “Es una casa con membrete de asociación civil
utilizada para rehabilitación,
rumbo a Puerto Escondido, esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.
El
documento
versa que, “otro de los sitios es un predio de uso gubernamental: Un
lugar más en el que fueron enterrados clandestinamente luchadores
sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006 en la
parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial,
perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo
Coyotepec que está rumbo a Ocotlán pasando la “Y”, en donde se divide la
carretera para ir hacia Zimatlán, en donde al operador de una
retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba
en dicho basurero se le hizo raro que dejaba la máquina en un lugar y
al otro día la encontraba en otro lugar, razón por la cual puso más
cuidado, al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue
amenazado y sin haber participado en los crímenes cometidos, fue
asesinado.
Poco después su familia huyó por temor, pasando a
formar parte de los miles de desplazados internos en el país. La
información también la tienen Margarito Pedro Castillo (2005-2007) y
Agustín Antonio Manzano (2008-2010) ex presidentes municipales de San
Bartolo Coyotepec, los de Santa María Coyotepec y los del Distrito de
Zaachila”.
Sobre estos descubrimientos, Osorno señala que, “lo
único que queda es dar a conocer la verdad que encontramos en nuestra
investigación, durante la cual tuvimos diversos obstáculos de todo tipo,
varios de los cuales pudimos remontar gracias al liderazgo del padre
Alejandro Solalinde.
A su vez, en lo personal considero que
estamos viviendo en una democracia en la que barbarie no es uno de sus
rasgos característicos, sino que la barbarie es lo que define la
democracia en México”, declara Osorno.
Quien también menciona que,
“de los casos más evidentes de tortura, tenemos el del señor Emeterio
Marino Cruz, quien prácticamente fue llevado a coma por torturadores que
después fueron felicitados por el entonces gobernador Ulises Ruiz
Ortiz, o el del biólogo Ramiro Aragón, quien debido a la tortura que
padeció recibió el asilo político del gobierno de Estados Unidos. Pero
como decía al principio, descubrimos que prácticamente todas las
personas que fueron detenidas por participar en el movimiento social
recibieron tratos crueles inhumanos degradantes y tortura”.
Otros
testimonios recolectados por la Comisión, (incluyendo informantes de los
cuerpos de seguridad pública), un lugar donde se pudieron llevar a cabo
inhumaciones clandestinas es el panteón municipal de Puerto Escondido,
lugar en el que, en mayo de 2012, se llevó a cabo una diligencia
especial por parte de la Procuraduría General de la República, en
coordinación con familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes
solicitaron la participación de peritos independientes.
“Ahí se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del
Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF),
ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho
que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del
Estado al tratar de entregar a las familias los restos de otra persona
que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del
EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a
los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso”, señala
puntualmente la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda.
El
Líder de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyed Ali Jamenei, ha
subrayado este jueves que actualmente la política de EEUU alienta la
islamofobia y la lucha contra Irán y los shiíes.
Además, él que las amenazas de sanciones de EEUU tienen
sus raíces en la oposición de Irán a las “políticas expansionistas” de
los estadounidenses en la región de Oriente Medio y a las “acciones
corruptas de las potencias mundiales”.
