Grupo Higa, favorita de EPN, realiza infinidad de obras de infraestructura con poca transparencia y desvío de recursos
(19
de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
-presidida por Luis Maldonado Venegas, diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)- entregó al titular de dicho organismo,
Juan Manuel Portal Martínez, 13 recomendaciones derivadas del análisis
de la Cuenta Pública 2014; entre ellas, resalta la necesidad de
fiscalizar las
Asociaciones Público Privadas (APP).
Las
llamadas “APP” son un instrumento de reciente aprobación en el Congreso
y entran en operación cuando el Estado pretende hacer una obra, pero
carece de recursos para ello, por lo que empresas particulares invierten
y por varias décadas, se benefician con la operación de las mismas; sin
embargo, diversas voces han alertado sobre ellas, pues es el Estado
quien asume todos los riesgos –económicos, políticos, sociales- en tanto
que las privadas, se enriquecen.
Sobre el particular, la diputada Araceli Damián González declaró en entrevista con
Revolución TRESPUNTOCERO,
que en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se dio la evaluación de la
primera APP, el hospital “Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, en
donde en realidad, no se llevó a cabo ninguna obra, aunque al menos por
dos años, se le asignaron recursos federales.
La legisladora de
Morena declaró que su grupo parlamentario tuvo que realizar una
investigación para saber cuál era la empresa que recibió los recursos
por la asociación en este
proyecto
y detectó, luego de revisar diversos documentos sobre la propiedad, que
Grupo Higa estaba relacionado con la primera obra que se realizaría a
través de APP a la que calificó como “un desastre”.
La empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú ha
estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses por ser de los
mayores beneficiados con millonarios contratos de obras públicas,
incluso desde que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y por
estar relacionada con la singular adquisición de la llamada “Casa
Blanca” de la familia del Ejecutivo federal.
La también presidenta
de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro detalló que la obra
hospitalaria carecía de permisos y ni siquiera había un proyecto
ejecutivo; además, el análisis de la ASF detectó irregularidades en la
aplicación de recursos, incumplimiento de contratos y un posible
conflicto de intereses con las empresas vinculadas al Grupo Higa.
“Era
un contrato no solo para remodelar el hospital, sino para proporcionar
servicios durante 25 años; estamos hablando de miles de millones de
pesos; entonces, esos recursos se asignaron durante dos años en el
presupuesto y ahora nos falta conocer qué es lo que pasó con esos
recursos”, agregó la legisladora.
Damián González recordó que su
grupo parlamentario ha llamado la atención respecto al proyecto
denominado Acueducto Monterrey VI –del que oportunamente ha informado
Revolución TRESPUNTOCERO- mismo que también se pretende realizar a través de
asociación con empresas privadas.
“Sabemos
que Grupo Higa es una de las empresas favoritas del gobierno y está
realizando una infinidad de obra de infraestructura con muy poca
transparencia y con muchos problemas en términos de sobreprecio y desvío
de recursos”, subrayó Damián.
La también investigadora del
Colegio de México (Colmex) solicitó indagar respecto al posible desvío
de recursos dirigidos a programas sociales con fines electorales o con
objetivos clientelares y advirtió que fiscalizar en tiempo real, sin la
debida aplicación de sanciones, no servirá de nada, por lo que se debe
avanzar en una legislación que permita llevar ante la ley a funcionarios
que incurran en este tipo de faltas.
Áreas de riesgo
En
el documento entregado a las ASF, la Comisión de Vigilancia propone
que, además de la fiscalización de las APP, se revise la administración
de riesgos, cómo se solventan las observaciones, así como la
recuperación de recursos y reintegros.
Además, se impulsa la
realización de 56 auditorías, tres estudios y otras tres evaluaciones,
luego que la ASF identificara al menos 11 áreas de riesgo relacionadas
con la información de beneficiarios de programas sociales, revelación de
pasivos, irregularidades en gestión de recursos, adquisiciones,
contrataciones o inversiones que no satisficieron las mejores
condiciones para el Estado; obra pública, participación de
intermediarios en la dispersión del gasto público, subejercicios,
programas públicos duplicados, entre otros.
Maldonado Venegas
subrayó que el propósito de las observaciones, es contribuir a
identificar las áreas de oportunidad para fortalecer el marco jurídico
en materia de fiscalización.
En su intervención, Manuel Jesús
Clouthier Carrillo, único diputado federal independiente, señaló que 80%
de las observaciones realizadas por Auditoría Superior de la Federación
derivan de la falta de control administrativo y advirtió que el trabajo
de la dependencia tendrá poco impacto si no se le dan facultades
sancionatorias.
Además, agregó que es urgente que el Poder
Legislativo sea ejemplo de transparencia, pues actualmente los recursos
que se entregan a los grupos parlamentarios permanecen en la opacidad;
es decir, en una “caja negra”, sin posibilidad de ser fiscalizados.
La
diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, advirtió que
los resultados de ASF en materia de combate a la corrupción se quedaron
cortos y pugnó porque se fortalezca la autonomía de los órganos de
fiscalización en los congresos locales.
Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que 84% de recursos fiscalizados en la
Cuenta Pública 2014
se relacionan con seis áreas de riesgo presentes en más del 70% de las
auditorías hechas al gasto federalizado; tres con más del 52% de
auditorías en materia de desarrollo social y 55% a funciones de
desarrollo económico.
