revoluciontrespuntocero.com
Grupo Higa, favorita de EPN, realiza infinidad de obras de infraestructura con poca transparencia y desvío de recursos
Cecilia Balderas
Grupo Higa, favorita de EPN, realiza infinidad de obras de infraestructura con poca transparencia y desvío de recursos
(19
de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
-presidida por Luis Maldonado Venegas, diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)- entregó al titular de dicho organismo,
Juan Manuel Portal Martínez, 13 recomendaciones derivadas del análisis
de la Cuenta Pública 2014; entre ellas, resalta la necesidad de
fiscalizar las Asociaciones Público Privadas (APP).
Las llamadas “APP” son un instrumento de reciente aprobación en el Congreso y entran en operación cuando el Estado pretende hacer una obra, pero carece de recursos para ello, por lo que empresas particulares invierten y por varias décadas, se benefician con la operación de las mismas; sin embargo, diversas voces han alertado sobre ellas, pues es el Estado quien asume todos los riesgos –económicos, políticos, sociales- en tanto que las privadas, se enriquecen.
Sobre el particular, la diputada Araceli Damián González declaró en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se dio la evaluación de la primera APP, el hospital “Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, en donde en realidad, no se llevó a cabo ninguna obra, aunque al menos por dos años, se le asignaron recursos federales.
La legisladora de Morena declaró que su grupo parlamentario tuvo que realizar una investigación para saber cuál era la empresa que recibió los recursos por la asociación en esteproyecto
y detectó, luego de revisar diversos documentos sobre la propiedad, que
Grupo Higa estaba relacionado con la primera obra que se realizaría a
través de APP a la que calificó como “un desastre”.
La empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses por ser de los mayores beneficiados con millonarios contratos de obras públicas, incluso desde que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y por estar relacionada con la singular adquisición de la llamada “Casa Blanca” de la familia del Ejecutivo federal.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro detalló que la obra hospitalaria carecía de permisos y ni siquiera había un proyecto ejecutivo; además, el análisis de la ASF detectó irregularidades en la aplicación de recursos, incumplimiento de contratos y un posible conflicto de intereses con las empresas vinculadas al Grupo Higa.
“Era un contrato no solo para remodelar el hospital, sino para proporcionar servicios durante 25 años; estamos hablando de miles de millones de pesos; entonces, esos recursos se asignaron durante dos años en el presupuesto y ahora nos falta conocer qué es lo que pasó con esos recursos”, agregó la legisladora.
Damián González recordó que su grupo parlamentario ha llamado la atención respecto al proyecto denominado Acueducto Monterrey VI –del que oportunamente ha informado Revolución TRESPUNTOCERO- mismo que también se pretende realizar a través de asociación con empresas privadas.
“Sabemos que Grupo Higa es una de las empresas favoritas del gobierno y está realizando una infinidad de obra de infraestructura con muy poca transparencia y con muchos problemas en términos de sobreprecio y desvío de recursos”, subrayó Damián.
La también investigadora del Colegio de México (Colmex) solicitó indagar respecto al posible desvío de recursos dirigidos a programas sociales con fines electorales o con objetivos clientelares y advirtió que fiscalizar en tiempo real, sin la debida aplicación de sanciones, no servirá de nada, por lo que se debe avanzar en una legislación que permita llevar ante la ley a funcionarios que incurran en este tipo de faltas.
Áreas de riesgo
En el documento entregado a las ASF, la Comisión de Vigilancia propone que, además de la fiscalización de las APP, se revise la administración de riesgos, cómo se solventan las observaciones, así como la recuperación de recursos y reintegros.
Además, se impulsa la realización de 56 auditorías, tres estudios y otras tres evaluaciones, luego que la ASF identificara al menos 11 áreas de riesgo relacionadas con la información de beneficiarios de programas sociales, revelación de pasivos, irregularidades en gestión de recursos, adquisiciones, contrataciones o inversiones que no satisficieron las mejores condiciones para el Estado; obra pública, participación de intermediarios en la dispersión del gasto público, subejercicios, programas públicos duplicados, entre otros.
Maldonado Venegas subrayó que el propósito de las observaciones, es contribuir a identificar las áreas de oportunidad para fortalecer el marco jurídico en materia de fiscalización.
En su intervención, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, único diputado federal independiente, señaló que 80% de las observaciones realizadas por Auditoría Superior de la Federación derivan de la falta de control administrativo y advirtió que el trabajo de la dependencia tendrá poco impacto si no se le dan facultades sancionatorias.
Además, agregó que es urgente que el Poder Legislativo sea ejemplo de transparencia, pues actualmente los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios permanecen en la opacidad; es decir, en una “caja negra”, sin posibilidad de ser fiscalizados.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, advirtió que los resultados de ASF en materia de combate a la corrupción se quedaron cortos y pugnó porque se fortalezca la autonomía de los órganos de fiscalización en los congresos locales.
Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que 84% de recursos fiscalizados en la Cuenta Pública 2014 se relacionan con seis áreas de riesgo presentes en más del 70% de las auditorías hechas al gasto federalizado; tres con más del 52% de auditorías en materia de desarrollo social y 55% a funciones de desarrollo económico.
Las llamadas “APP” son un instrumento de reciente aprobación en el Congreso y entran en operación cuando el Estado pretende hacer una obra, pero carece de recursos para ello, por lo que empresas particulares invierten y por varias décadas, se benefician con la operación de las mismas; sin embargo, diversas voces han alertado sobre ellas, pues es el Estado quien asume todos los riesgos –económicos, políticos, sociales- en tanto que las privadas, se enriquecen.
Sobre el particular, la diputada Araceli Damián González declaró en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se dio la evaluación de la primera APP, el hospital “Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, en donde en realidad, no se llevó a cabo ninguna obra, aunque al menos por dos años, se le asignaron recursos federales.
La legisladora de Morena declaró que su grupo parlamentario tuvo que realizar una investigación para saber cuál era la empresa que recibió los recursos por la asociación en este
La empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses por ser de los mayores beneficiados con millonarios contratos de obras públicas, incluso desde que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y por estar relacionada con la singular adquisición de la llamada “Casa Blanca” de la familia del Ejecutivo federal.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro detalló que la obra hospitalaria carecía de permisos y ni siquiera había un proyecto ejecutivo; además, el análisis de la ASF detectó irregularidades en la aplicación de recursos, incumplimiento de contratos y un posible conflicto de intereses con las empresas vinculadas al Grupo Higa.
“Era un contrato no solo para remodelar el hospital, sino para proporcionar servicios durante 25 años; estamos hablando de miles de millones de pesos; entonces, esos recursos se asignaron durante dos años en el presupuesto y ahora nos falta conocer qué es lo que pasó con esos recursos”, agregó la legisladora.
Damián González recordó que su grupo parlamentario ha llamado la atención respecto al proyecto denominado Acueducto Monterrey VI –del que oportunamente ha informado Revolución TRESPUNTOCERO- mismo que también se pretende realizar a través de asociación con empresas privadas.
“Sabemos que Grupo Higa es una de las empresas favoritas del gobierno y está realizando una infinidad de obra de infraestructura con muy poca transparencia y con muchos problemas en términos de sobreprecio y desvío de recursos”, subrayó Damián.
La también investigadora del Colegio de México (Colmex) solicitó indagar respecto al posible desvío de recursos dirigidos a programas sociales con fines electorales o con objetivos clientelares y advirtió que fiscalizar en tiempo real, sin la debida aplicación de sanciones, no servirá de nada, por lo que se debe avanzar en una legislación que permita llevar ante la ley a funcionarios que incurran en este tipo de faltas.
Áreas de riesgo
En el documento entregado a las ASF, la Comisión de Vigilancia propone que, además de la fiscalización de las APP, se revise la administración de riesgos, cómo se solventan las observaciones, así como la recuperación de recursos y reintegros.
Además, se impulsa la realización de 56 auditorías, tres estudios y otras tres evaluaciones, luego que la ASF identificara al menos 11 áreas de riesgo relacionadas con la información de beneficiarios de programas sociales, revelación de pasivos, irregularidades en gestión de recursos, adquisiciones, contrataciones o inversiones que no satisficieron las mejores condiciones para el Estado; obra pública, participación de intermediarios en la dispersión del gasto público, subejercicios, programas públicos duplicados, entre otros.
Maldonado Venegas subrayó que el propósito de las observaciones, es contribuir a identificar las áreas de oportunidad para fortalecer el marco jurídico en materia de fiscalización.
En su intervención, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, único diputado federal independiente, señaló que 80% de las observaciones realizadas por Auditoría Superior de la Federación derivan de la falta de control administrativo y advirtió que el trabajo de la dependencia tendrá poco impacto si no se le dan facultades sancionatorias.
Además, agregó que es urgente que el Poder Legislativo sea ejemplo de transparencia, pues actualmente los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios permanecen en la opacidad; es decir, en una “caja negra”, sin posibilidad de ser fiscalizados.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, advirtió que los resultados de ASF en materia de combate a la corrupción se quedaron cortos y pugnó porque se fortalezca la autonomía de los órganos de fiscalización en los congresos locales.
Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que 84% de recursos fiscalizados en la Cuenta Pública 2014 se relacionan con seis áreas de riesgo presentes en más del 70% de las auditorías hechas al gasto federalizado; tres con más del 52% de auditorías en materia de desarrollo social y 55% a funciones de desarrollo económico.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario