Mientras
cientos de miles de rohinyás musulmanes huyen de la violencia en el
estado de Rakhine, en Birmania (Myanmar), los miles que se quedaron
sufren un grado de atrocidades nunca antes visto.
Desde el
reinicio de la violencia el 25 de agosto, cuando un grupo armado
conocido como Ejército de Salvación Rohinyá Arakán (ARSA) atacó unos
puestos de seguridad, más de 370.000 miembros de esta etnia debieron
huir al vecino Bangladesh y miles más quedaron atrapados en la frontera.
“Es
la peor situación que se haya visto jamás y temo que sea la peor que
experimente la comunidad internacional en tan poco tiempo”, dijo a IPS
el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
Birmania, Yanghee Lee.
Mientras miles huyen de la violencia y de
la persecución, Lee se mostró particularmente preocupado por la suerte
de los rohinyás que siguen en el país.
Aldeas incendiadas
Birmania
ha negado en reiteradas ocasiones los abusos denunciados desde el
inicio de las operaciones de contrainsurgencia contra los “terroristas
extremistas”, pero abundan las denuncias sobre agresiones contra la
comunidad rohinyá, un blanco sistemático de incursiones de las fuerzas
de seguridad y aldeas quemadas.
Momena, de 32 años, declaró a
Human Right Watch (HRW), con sede en Nueva York, que huyó tras ver a las
fuerzas de seguridad ingresar a su aldea. Cuando regresó tras su
partida, encontró a 50 personas muertas, incluso niños, niñas y adultos
mayores con heridas de cuchillo o de bala.
“Mi padre estaba entre
los muertos. Le habían abierto todo el cuello. No pude hacer los
últimos rituales, solo huí” relató Momena.
Yasin Ali, de 25 años,
también relató cómo atacaron su aldea, dispararon de forma
indiscriminada y obligaron a los residentes a marcharse. También declaró
que el helicóptero que volaba sobre la aldea tiró un objeto sobre su
casa, antes de que se prendiera fuego.
Con imágenes satelitales, HRW
identificó 21 sitios dispersos en un área de 100 kilómetros en el norte de Rakhine, donde hubo incendios.
Una
de las imágenes mostró la destrucción de 450 edificios en áreas de
mayoría rohinyá en Maungdaw, mientras otras áreas de la ciudad quedaron
indemnes.
El pueblo Chein Khar Li, en Rathedaung, quedó casi totalmente destruido con 700 edificios quemados.
El
relator de la ONU dijo a IPS que escuchó relatos similares durante la
misión de investigación después de la violencia de octubre de 2016,
cuando el ejército de Birmania realizó las operaciones de
contrainsurgencia en respuesta a los ataques en los puestos fronterizos.
La
oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas de los Derechos Humanos
(ACNUDH) concluyó que cientos de viviendas, pueblos y mezquitas
rohinyás habían sido incendiadas. Incluso, un testigo dijo que las casas
de budistas habían quedado intactas.
Dijeron que los ataques muy probablemente indican crímenes contra la humanidad
El
gobierno rechazó las acusaciones, diciéndole a Lee de que fueron los
residentes quienes quemaron sus propias casas, una explicación que el
gobierno sigue utilizando para los incendios actuales.
Con el
humo que sale de los pueblos incendiados, que incluso se ve desde
Bangladesh, el director de HRW en la ONU, Akshaya Kumar, dijo a IPS que
la escala de la violencia de este año es mucho mayor, señalando que el
‘área incendiada es cinco veces mayor que la afectada anteriormente
durante la violencia de octubre de 2016.
El alto comisionado para
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que el trato
dispensado a los rohinyás parece un “manual de limpieza étnica”.
Y
pidió al gobierno birmano que ponga fin al trato “cruel” y
“desproporcionado” de las operaciones militares y que “revierta el
patrón” de discriminación contra la población rohinyá.
Crisis humanitaria incipiente
Además de la amenaza de violencia directa, muchos de los que se quedaron también sufren una grave crisis alimentaria y de salud.
Antes
del estallido de violencia, el gobierno birmano bloqueó a las agencias
humanitarias internacionales y cortó la asistencia a Rakhine,
restringiendo el acceso a los residentes.
El
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) informó a principios de septiembre que no pudo distribuir
raciones en numerosas áreas del norte de Rakhine desde mediados de
julio, dejando a unas 250.000 personas desplazadas y vulnerables sin
asistencia.
“Miles, quizá decenas de miles, de personas pueden
estar atrapadas en áreas de difícil acceso, lejos de la frontera, con
limitados suministros alimentario y médicos y son incapaces de ponerse a
salvo”, dijo a IPS el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en Birmania.
Los rohinyás de este estado
hace tiempo que sufrían inseguridad alimentaria, antes del inicio de la
violencia, con malnutrición infantil por encima del nivel de emergencia.
Según
una evaluación del PMA de julio, una tercera parte de la población de
Rakhine sufría una grave inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia
tras la violencia que estalló en octubre de 2016.
Se estima que más de 80.000 niños necesitaban tratamiento por malnutrición aguda durante 12 meses.
La actual falta de asistencia humanitaria no hizo más que agravar una situación ya comprometida.
“Sin
acceso regular a la asistencia y con severas restricciones a la
libertad de movimiento de miles de personas, toda perturbación de la
asistencia humanitaria tiene un impacto humano muy real”, subrayó Peron.
“Por
el bien de la población vulnerable en todas las comunidades del estado
de Rakhine, es necesario tomar medidas urgentes para que se reanuden las
actividades humanas vitales”, añadió.
En Rakhine central, donde no hubo estallidos violentos, las tensiones agravadas impidieron operaciones humanitarias vitales.
Los
contratistas se negaron a llevar alimentos y otros servicios a los
campamentos de desplazados por temor a las represalias del resto de la
comunidad por ayudar a la población rohinyá y a las agencias
humanitarias.
Kumar señaló que no le sorprenden los informes, en
especial después de que la oficina de la consejera estatal Aung San Suu
Kyi acusó a las organizaciones internacionales de asistir a los
insurgentes.
“Fuimos testigos de una enorme ofensiva irresponsable
del gobierno, incluso de la oficina de Aung San Suu Kyi diciendo que
cualquier trabajador humanitario que ayude a esa comunidad estaba
apoyando de forma indirecta al terrorismo. Y eso por supuesto trata a
cualquiera que pertenezca a esa grupo étnico como terrorista”, explicó.
“Como
los políticos avivan las llamas de la xenofobia y movilizan comunidades
contra la población rohinyá con una retórica terrorista, los rohinyás
desplazados corren un riesgo especial, no tienen a nadie que los
proteja”, añadió Kumar.
Lee sostuvo que la acusación era “infundada” y que el ataque de ARSA alimentó el discurso antimusulmán y antirohinyá.
Sin final a la vista
Lee
urgió al ejército y al ARSA a frenar el actual ciclo de violencia, pues
es la población civil inocente que se lleva la peor parte.
“Es una crisis que pudo evitarse y nunca debió ocurrir”, le dijo a IPS.
Se necesita una solución política, que incluya a la ciudadanía para la población apátrida, indicó Lee.
“Ese grupo ha sido sistemáticamente discriminado por la ley, la política y en la práctica durante demasiado tiempo”, precisó.
Sin
embargo, parece no haber final a la vista pues esta nación de Asia
sudoriental rechazó un cese del fuego temporal propuesto por ARSA.
Kumar
pidió al Consejo de Seguridad, hasta ahora callado, que envíe un claro
mensaje y una condena inequívoca de las acciones del gobierno.
El
grupo se reunió a puertas cerradas a fines de agosto y en la primera
semana de septiembre para debatir sobre la crisis, pero no emitió una
declaración formal.
Kumar subrayó la necesidad de una reunión
abierta para reclamar acciones y amenazar con tomar medidas para
responsabilizar al gobierno birmano.
“Si seguimos en silencio,
sin tomar medidas y con declaraciones enrevesadas, por desgracia, la
crisis continuará quizá hasta llegar a un punto en que ya no se perciba
la amenaza o no quede ningún rohinyá en el país”, dijo a IPS.
Fuente:
http://www.ipsnoticias.net/2017/09/rohinyas-de-birmania-sufren-limpieza-etnica-de-manual/
Traducido por Verónica Firme
