Irregularidades
por 226 millones en los recursos entregados por la Federación al estado
de Chihuahua. Se trata solamente de aquellos destinados al rubro de
salud. Pagos sin contrato, evasión de impuestos, adquisiciones con
sobreprecios, subejercicios y un desaseo generalizado en los mecanismos
de control y supervisión
El
estado de Chihuahua incurrió en irregularidades por, al menos, 225
millones 936 mil 800 pesos en los recursos que recibió de la Federación
en 2016 para aplicarlos en la salud de la población. Del total del monto
involucrado, 113 millones 439 mil 100 representan probables daños a la
hacienda pública.
Pero lo que encontró la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua fue
también una ausencia total de mecanismos efectivos de control y
supervisión del ejercicio de los recursos públicos, subejercicios, pagos
sin contratos, adquisiciones con sobreprecios, evasión de impuestos y,
entre otros, pagos improcedentes.
Los datos se deprenden de tres auditorías al ejercicio de dinero federal contenidas en el
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016,
todas relacionadas con el rubro de la salud en Chihuahua: Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; Recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud, y Prospera Programa de
Inclusión Social Componente Salud.
Las irregularidades se
presentaron a lo largo de 2016, por lo que la mayor responsabilidad
recae en la administración estatal anterior, la de César Duarte Jáquez,
político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hoy
acusado penalmente de peculado en diversas modalidades y prófugo de la
justicia. Pedro Genaro Hernández Flores fungió como secretario de Salud
durante esa administración. Hoy es uno de los 50 exfuncionarios de
Duarte amparados. Ya se han documentado irregularidades graves que lo
involucran directamente, como los fraudulentos tratamientos para niños
con cáncer.
Desde el 4 de octubre pasado, el gobernador de la
entidad es Javier Corral Jurado, militante del Partido Acción Nacional
(PAN) y quien llegó al poder postulado por su propio partido, por el de
la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Al frente de la
Secretaría de Salud se encuentra hoy Ernesto Ávila Valdez.
Un hoyo en el Acuerdo de Coordinación con la Federación
Sólo
en materia de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Chihuahua), la ASF encontró irregularidades por más de 128
millones 782 mil 200 pesos. De ellos, 47 millones 481 mil 900 pesos
representan un “probable daño a la Hacienda Pública Federal”. Los otros
81 millones 300 mil pesos corresponden a subejercicios.
El desaseo
fue tal que el dictamen de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
sobre el ejercicio de estos recursos entregados por la Federación
resultó negativo: “En conclusión, el gobierno del estado de Chihuahua no
realizó un gestión eficiente y transparente de los recursos del
programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
Las
inobservancias a la normativa, que señala la ASF en el dictamen de esta
auditoría, se concentran en el destino de los recursos. Y es que el
gobierno del estado no dispuso de un “adecuado” sistema de control
interno e incurrió en incumplimientos en materia de transparencia.
Mediante
este Acuerdo de Coordinación auditado, el gobierno de Chihuahua dispuso
de 1 mil 208 millones 989 mil 300 pesos durante 2016. Se trata de
recursos que van directamente al programa estatal Cuota Social y al de
carácter federal Seguro Popular.
En materia de control, el
gobierno del estado no contó con normas generales para garantizarlo. Ni
siquiera pudo acreditar haber realizado acciones para comprobar su
compromiso con valores éticos. Tampoco realizó acciones de vigilancia ni
supervisión.
Por todo el desaseo encontrado en este rubro, la ASF
emitió una recomendación para que el gobierno del estado “proporcione
la documentación e información que evidencie las mejoras realizadas y
las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e
insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin
de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los
recursos y apoyar el logro adecuado de sus objetivos”.
La primera
irregularidad encontrada en materia de transferencia de recursos fue por
19 millones 514 mil 300 pesos. Se trata de una cantidad de dinero sin
documentación comprobatoria de gasto. Por ello, la ASF presume “un
probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública Federal”.
Otro
probable daño es por 9 millones de pesos, ya que se compraron
medicamentos con sobreprecios y 306 mil pesos por la adquisición de
medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de
Salud.
También se registraron pagos efectuados sin contrato por 7
millones 853 mil pesos y la contratación de obra no autorizada por 3
millones 379 mil pesos.
Por la suma de todas las irregularidades,
la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria “para que el órgano interno de control realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia
de Registro e Información de las Operaciones, Destino de los Recursos y
Transparencia, relacionadas con el ejercicio de los recursos del
programa”.
Servicios de Salud, caos administrativo
Para
los auditores de la ASF, el gobierno de la entidad federativa “registró
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de Destino de
los Recursos y de la Ley de Coordinación Fiscal”. El señalamiento es
parte del dictamen de la auditoría financiera y de cumplimiento
practicada a los recursos federales que recibió el estado del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud.
Tales “inobservancias” generaron “un probable daño a la Hacienda Pública” por 65 millones 957 mil 200 pesos.
Y
es que el gobierno del Estado, observa la ASF, “no dispone de un
adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades
determinadas e la auditoría”.
Del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (recursos federales), en 2016 el estado de Chihuahua
recibió 2 mil 350 millones 490 mil pesos. El gobierno de la entidad, sin
embargo, presentó un control de los recursos insuficiente. La Auditoría
encontró que los Servicios de Salud de Chihuahua no cuentan con un
comité para supervisar la correcta aplicación de los recursos. Tampoco
con políticas claras para reclutar al personal idóneo. Ni siquiera tiene
claridad sobre las características de los puestos que participan en el
manejo de estos recursos.
Los recursos federales fueron
depositados en una cuenta bancaria abierta por la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado de Chihuahua ex profeso para recibir los
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Las
irregularidades en el manejo de recursos empezaron desde este punto. La
Secretaría de Hacienda de Chihuahua recibió los recursos de parte de la
Federación en las fechas establecidas y según el calendario señalado.
Sin embargo, la dependencia estatal no transfirió el dinero en tiempo y
forma a los Servicios de Salud del estado. Lo anterior “generó
intereses” por 53 mil pesos, los cuales nunca fueron transferidos a los
servicios. Por ello, la ASF presume “un probable daño o perjuicio o
ambos a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado.
En la
ruta que siguen los recursos se encentra otro probable daño, éste por
539 mil 911 pesos. Se trata de dinero ubicado en la partida de servicios
personales, es decir, pagos. Se trata de “falta de documentación
comprobatoria de nómina pagada”. En este mismo rubro, se registraron
“pagos improcedentes” por 14 millones 796 mil pesos a funcionarios que
no estaban laborando.
La ASF encontró otro posible daño, éste por
611 mil 477 pesos, por el pago a tres trabajadores comisionados del
sindicato que no tenían la autorización que señala la normatividad.
Otros 838 mil 474 pesos se pagaron irregularmente a trabajadores
“eventuales” sin que hubiera contrato de por medio.
Además, los
auditores del máximo órgano de fiscalización del país observaron otro
“probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un
monto de 43 millones 652 mil 222 pesos. Se trata de recursos del
Impuesto Sobre la Renta que los Servicios de Salud del Estado de
Chihuahua no enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Otra
irregularidad más. En ese caso por un proceso de licitación por el que
las Servicios de Salud de Chihuahua compraron medicamentos con
sobreprecios por 5 millones 519 mil pesos. Además, la empresa ganadora
no cumplió con una de los requisitos señalados en las bases: licencia
sanitaria.
Por ello, la ASF emitió una promoción de
responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el Órgano Interno
de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
observaron la norma aplicable en materia de Transferencia de Recursos,
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino delos
Recursos y Transparencia, relacionadas con el ejercicio de los recursos
del Fondo”.
Eran las postrimerías del sexenio de César Duarte y
los Servicios de Salud de Chihuahua no habían establecido un programa
“para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos
y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron
las atribuciones y funciones del personal en áreas y/o unidades
administrativas que son responsables de los procesos y […] no se definió
la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y
procedimientos ni se establecieron actividades de control para las
tecnologías de información y las comunicaciones”.
De acuerdo con
el máximo órgano de fiscalización del país, los Servicios de Salud de
Chihuahua trabajaron sin plan o programa de sistemas de información para
dar cumplimiento con los objetivos de la institución. Así, no hubo
responsables de elaborar información sobre la gestión de los recursos “y
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y
Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas”.
En
particular, el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichsal) no tiene normas
de control interno y, por ello, nunca realizaron actividades de
vigilancia y supervisión. Ni siquiera, como institución, estableció
alguna vez objetivos y metas estratégicas.
“El Ichsal no acreditó
haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento,
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para
la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de que
se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su
atención.”
Por todo ello, el Instituto de Salud –durante el
sexenio de César Duarte– no informó periódicamente ni al titular de la
dependencia ni al órgano de gobierno de la situación que guardaba el
sistema de control interno institucional.
Tampoco estableció “la
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente
sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera”,
ni la de “realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades”.
Prospera, recursos “guardados”
Los
recursos federales en materia de salud se ejercieron irregularmente
casi en todos sus rubros. La tercera auditoría realizada por a ASF
también encontró violaciones a la normativa. En este caso se trata del
Programa de Inclusión Social Prospera (componente salud).
Los
auditores encontraron un subejercicio de más del 50 por ciento de los
recursos entregados durante 2016. El gobierno del estado de Chihuahua
recibió 61 millones 597 mil pesos y no ejerció 31 millones 197 mil 400
pesos.
La auditoría practicada por la ASF arrojó un dictamen
negativo. “En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión
eficiente y transparente de los recursos del programa apegada a la
normatividad que regula su ejercicio”.
Y es que las
irregularidades no se agotaron en el subejercicio. Otras irregularidades
están relacionadas con los contratos de adquisiciones, pues no
presentaron fianzas de cumplimiento y no elaboró el programa anual de
adquisiciones.
Contralínea
solicitó entrevista por varias semanas con la actual administración.
Sin embargo, hasta el cierre de edición no se concretó una respuesta
formal del gobierno del estado. Las gestiones se realizaron ante la
oficina del gobernador, la Coordinación de Comunicación Social y la
Secretaría de la Función Pública.
Zósimo Camacho
