Lo que constituye el privilegio es el estar fuera del derecho común
Emmanuel Sieyès
Escribo estas reflexiones en el marco del Centenario de la
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917. Lo hago con la responsabilidad, que no con la canonjía, de ser
nieto del diputado Constituyente al Congreso de 1916-1917, por el
Distrito de Salamanca, Guanajuato: el doctor Jesús López Lira.

Me mueve hacerlo el considerar que la Constitución General de la
República se redactó como la consagración de diversos postulados
sociales de la Revolución Mexicana y, por lo tanto, constituyó un
proyecto nacional que ha prevalecido y resistido, en su esencia, un
siglo ya. Y en consecuencia, por la necesidad que siento de enfatizar su
vigencia y la defensa que amerita éste ante las amenazas que se
ciernen, de dentro y del exterior, sobre el mismo proyecto y sobre el
Estado que permanentemente lucha por concretarlo.
Los Constituyentes de 1916-1917 concibieron al Estado como relación e
interacción que centra y solventa las contradicciones de una sociedad
pluriclasista y, consecuentemente, en constante tensión por los
intereses convergentes. Y a partir de éstos, por mediación y
procesamiento de la política, lograr darles salida sin romper o
desbordar el todo. Precisamente por esas interacciones de las clases y
de sus intereses es que se hizo imperativa la incorporación de los
contenidos sociales en la Constitución, con lo cual se traspasan los
límites del Estado liberal de derecho, para situarse en un Estado social
de derecho como sustancia aspiracional y eje determinante de la
Revolución Mexicana. Así, la médula del contenido social de la
Constitución era y es, aminorar la desigualdad entre las clases e
igualar a todos ante la ley; en síntesis: abatir los privilegios y
cerrar la puerta a sus agentes, promotores y beneficiarios: los
privilegiados.
Sin embargo, reconociendo honrosas excepciones, muchos responsables
de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella
emanan, se han constituido en una elite que ejerce una feroz resistencia
del Estado de privilegios, en franca y cada vez más evidente oposición
al Estado Social de Derecho o del Estado Constitucional y por ende al
Proyecto Nacional.
No podemos engañarnos: el Estado de privilegios y sus usufructuarios
se han visto seriamente afectados, pero han subsistido ya 100 años desde
la promulgación de la Constitución surgida del movimiento
revolucionario hasta nuestros días. Pero no nos confundamos, los
privilegiados de hoy no son del mismo grupo en el poder político ni
únicamente son la cumbre económica: los privilegios se han extendido a
capas de menor escala –o de menor prosapia si se quiere– e involucran a
toda una clase política que generalmente ha abusado del poder
sistemáticamente y que, sin importar colores, siglas partidistas o
filiaciones de cualquier tipo, se ha servido con la cuchara grande para
sus intereses, y consecuentemente ha contribuido a vulnerar al Estado y
con eso a abrirle espacios a los poderes fácticos que han minado
gravemente las instituciones.
Como ejemplo de lo anterior, tres son los principales obstáculos que
tiene el avance hacia el Estado Constitucional y que identifico como
icónicos del Estado de privilegios: 1) La corrupción rampante y el
insaciable apetito por hacer negocios ilegítimos a partir de los
recursos públicos; 2) los abusos provenientes de la práctica de
heredarles o promoverles curules, puestos de poder y cargos públicos a
los familiares de los encumbrados circunstanciales o de los encumbrados
de siempre; y 3) la incapacidad y distracción respecto de las
responsabilidades encomendadas a causa de concentrase en depredar
recursos de la sociedad y a la frivolidad derivada de sentirse
privilegiado.
Por eso, el núcleo de mis reflexiones es el de enfatizar y alertar
las constantes tensiones a que está sometida la evolución del Estado
Social de Derecho, dado que las resistencias causan el deterioro y
debilidad de las instituciones concebidas en el proyecto de nación
contenido en la Constitución. Y en ese sentido exhortar a la sociedad en
su conjunto a exigirles, mediante procesos institucionales a los
actores políticos, compromisos claros con la ética y la honestidad, con
la impostergable mesura republicana, y con la eficacia que justifique su
presencia, para así dar pasos definitivos a conseguir que sean las
instituciones las que gobiernen, den seguridad a los ciudadanos y a sus
bienes, procuren e impartan justicia y conduzcan los procesos de
inversión y competencia, evitando caer en la tragedia o en la perversión
de que los controles recaigan o se mantengan en una caterva de
delincuentes o en una facción de intereses y de su fase superior: un
conjunto de familias o un sistema-cártel de partidos.
Desde mi perspectiva, la sociedad mexicana es mucho más fuerte y
sólida que nunca en la historia de nuestra nación; el proyecto nacional
se mantiene y, aún sometido a enormes presiones por la resistencia, por
los vaivenes de la democracia política, por la alternancia en el poder
presidencial y por los desafíos provenientes del exterior, está vigente
en el contenido de la Constitución. La cuestión está en que la sociedad
sea demandante e intransigente de una clase política a la altura de las
circunstancias.
Eso es lo que está a debate y en construcción en las elecciones de
este año, más allá de las estridencias propias y bienvenidas de la
contienda, al final lo importante será contar con el liderazgo que
convoque un frente social que soporte y apoye a las instituciones para
enfrentar con inteligencia, sensatez y dentro de los límites
republicanos al Estado de privilegios, a la delincuencia organizada y a
las amenazas del exterior.
Por mi parte, seguiré ofreciendo mi modesta contribución a ese
propósito en congruencia a lo señalado por el primer jefe del Ejército
Constitucionalista: “Para servir a la patria nunca sobra el que llega ni
hace falta el que se va”.
Hugo Díaz-Thomé*
*Politólogo, abogado y maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México