Nota del editor: Don Porfirio Salinas es
híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional.
Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes
dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe.
Convencido de la política como instrumento de construcción de país,
desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son
exclusivas del autor.
CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Las dos últimas
semanas fueron históricas para México. Por un lado, el 31 de octubre la
Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los amparos 4 y 5
relacionados con uso lúdico y consumo personal de cannabis. Gracias a
esto, y después de 3 años de que se diera el famoso caso SMART,
finalmente se generó la jurisprudencia necesaria para modificar nuestro
marco legal.
Y el pasado martes 6 de noviembre se introdujeron en el
Senado de la República tres iniciativas para permitir el uso recreativo
de cannabis: una de Morena impulsando la Ley General de Control de
Cannabis; una del PRI adecuando la Ley General de Salud (LGS), el Código
Penal Federal (CPF) y la Ley de Delincuencia Organizada (LDO); y
finalmente una de MC, adecuando la LGS y el CPF.
Con estos sucesos en la Corte y en el Senado, estamos por fin
avanzando en la destrucción de mitos, no solo sobre cannabis sino sobre
la errada política de drogas que ha seguido México tanto tiempo.
Hace 3 años que el Legislativo se enfrascó en intensas
discusiones que derivaron en la regulación del uso medicinal y
científico de la marihuana, se abrió la puerta para abordar el tema de
manera más integral; parecía poco posible por tanto desgaste, hasta que
lo retomó Morena en la campaña.
Hoy estamos en la antesala de lo que puede ser uno de los
cambios de paradigma más profundos en México. Sin embargo, es
indispensable que en la discusión que está por arrancar se tomen en
cuenta aspectos importantes que no se están abordando en las iniciativas
presentadas.
La iniciativa más ambiciosa es la de la Senadora, antes
Ministra, Olga Sánchez Cordero, que busca emitir una Ley General para la
Regulación y el Control y de Cannabis; que establecería lineamientos
generales para todos los usos de cannabis, en toda la cadena de
producción y comercialización.
Entre otros avances importantes, crea el Instituto Mexicano
de Regulación y Control de Cannabis como instancia reguladora,
sancionadora y de evaluación; así como un Consejo Consultivo y un
Consejo Ciudadano para guiar la formulación de políticas publicas
relacionadas.
También, reconoce y regula el autoconsumo, así como las
cooperativas de producción; y retoma principios similares a los del
tabaco y alcohol en materia de publicidad, etiquetado, empaquetado; así
como prohibición de fumarla en los espacios 100% libres de humo.
Sin embargo, llaman la atención varios faltantes. En primer
lugar, no se acompaña de reformas a la LGS y al CPF, que son los dos
instrumentos que darían sustento a la Ley General, y sobre los cuáles
emitió la Corte la jurisprudencia de inconstitucionalidad. Amén de
revisar si actualmente el Congreso está facultado para emitir una Ley
General de esta naturaleza o si también se requiere una reforma
constitucional previa.
También, otorga al Instituto, de manera incorrecta, facultad
para establecer los impuestos aplicables al cannabis; cuando los únicos
facultados por ley para este efecto son el Congreso de la Unión y las
Autoridades Fiscales; debería de establecer solo coadyuvancia por parte
del Instituto.
Olga Sánchez Cordero busca replantear la política de drogas en México
Aunque hace mención de la importancia de Reducción de Daños,
no se incorpora el principio en la propuesta de Ley General, como sí lo
hace con la Reducción de Riesgos. Este tema es clave en política de
drogas y se podrían retomar iniciativas presentadas desde 2015 que
tienen una visión integral.
No se entiende la prohibición de comercializar productos
comestibles derivados de cannabis; ni la obligación a los lugares
autorizados para venta de uso terapéutico y farmacéutico de ofrecer
servicios de información y asesoramiento profesional; y tampoco que la
comercialización para uso adulto se haga en establecimientos donde
únicamente se comercialicen productos de cannabis.
Llama también la atención la restricción de 80% de capital
nacional para personas morales que quieran hacer uso científico y de
investigación, pues inhibe la capacidad de mayor desarrollo de
protocolos de investigación que puedan aprovechar experiencia
internacional.
Sobrerregula el uso industrial al sujetarlo a autorización
del Instituto, cuando el tema ya había quedado suficientemente resuelto
en la reforma de uso medicinal y científico de 2016-2017; y genera un
sistema demasiado burocratizado con gran número de licencias distintas.
Finalmente, no quedan claros los umbrales mínimos y máximos
de THC para diferenciar el tratamiento de esos productos, que ya habían
quedado claros en la reforma de 2017; y establece el bajo umbral de 480
gramos al año de autoproducción y para cada integrante de una
cooperativa.
Por su parte, la iniciativa presentada por el PRI modifica la
LGS y el CPF para atender los criterios establecidos por la Corte;
eleva el umbral de portación personal a 28 gramos, de los 5 que
actualmente rigen; y modifica también la LDO para para dejar de
considerar como terrorismo las actividades relacionadas con el cannabis.
Sin embargo, queda muy corta en términos de establecer una
regulación integral del cannabis, y preocupa que excluya de manera
expresa cualquier posibilidad de venta, enajenación, distribución y/o
transferencia de la marihuana; todas actividades clave para un mercado
legal y regulado.
La iniciativa de MC simplemente modifica la LGS y el CPF para
atender directamente la jurisprudencia de la Corte, y elimina
completamente la restricción de gramaje. Pero queda mucho más corta en
términos de una regulación integral de cannabis y una política de drogas
adecuada.
Por último, están los Lineamentos recién publicados por
Cofepris de manera por demás irresponsable. No solo no atienden el
mandato de 2017 de emitir un Reglamento, sino que se publican a menos de
un mes de terminar el gobierno, probablemente para favorecer con
licencias a gente cercana a Sánchez y Tepoz. Ojalá se le investigue y se
echen atrás estos Lineamientos.
Lo mejor sería que las tres iniciativas se dictaminen de
manera complementaria, resolviendo primero las modificaciones a la LGS y
al CPF, y emitiendo después una Ley General con visión integral. Ojalá
se retomen también los esfuerzos de 2016-2017, cuando se hicieron foros
amplios y quedaron iniciativas integrales para regular un mercado legal
en México.
Esperemos que los Legisladores aborden el tema con el cuidado
y seriedad necesarios, para empezar a darle la vuelta al profundo
problema de salud pública y violencia que hoy vivimos en materia de
drogas.
