El combate al robo de combustible en el país no fue prioridad hasta que las pérdidas se contaron en miles de millones de pesos.
Administraciones federales y legislaturas pasadas tuvieron
conocimiento de este delito al menos desde el sexenio de Vicente Fox,
según el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue
hasta que se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que este ilícito fue
tipificado como tal, pues anteriormente era considerado como un simple
hurto
En ese transcurso, esta actividad se la apropiaron organizaciones del
crimen organizado que hoy tienen en jaque a diversas zonas del país,
principalmente la zona del Bajío, en el Golfo y en el centro de México.
Además de que Petróleos Mexicanos ha registrado pérdidas históricas
en los últimos años porque áreas como la de Exploración y Producción o
la Refinación se encuentran en crisis, la empresa productiva del Estado
ha tenido que lidiar con los quebrantos derivados del hurto de
hidrocarburo también llamado “huachicoleo”.
De acuerdo con cifras de la petrolera, aún con el pago a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina
(Semar) para el patrullaje de ductos, este ilícito se siguió propagando y
la recuperación de combustibles robados no fue la esperada durante los
años en los que efectivos de estas dos dependencias buscaron contenerlo.
Según datos obtenidos por Reporte Indigo vía Ley de Transparencia,
Pemex pagó a la Sedena 188 millones 891 mil pesos y a la Semar 95
millones 112 mil pesos para patrullar sus ductos con el fin de evitar el
robo de combustible entre el 2012 y el 2016
No obstante, se observa que la contratación del Ejército y la Marina surtió efecto sólo unos años.
En el 2012 Pemex pagó 46 mil 330 pesos a la Sedena por labores de
seguridad y hubo una recuperación de 4 millones 27 mil litros de
hidrocarburos.
Para el 2013 la contratación de vigilancia se incrementó a
36.8 millones de pesos para el Ejército y la Marina y, en ese periodo,
la petrolera tuvo una recuperación de 13 millones 445 mil litros de
combustibles
En el 2014 el pago para que ambas dependencias patrullaran se elevó a
98.4 millones y fue el año en que mayor cantidad de combustible robado
se aseguró, pues la recuperación fue de 25 millones 346 mil litros.
Sin embargo, aunque la cifra de pago para el 2015 llegó a los 100.8
millones de pesos a la Sedena y Semar por patrullaje, el resultado fue
mínimo, ya que Pemex sólo vio de regreso 10 millones 429 mil litros de
hidrocarburo hurtado.
Con esta disminución en recuperación para el 2016 Petróleos Mexicanos
sólo contrató vigilancia por 47.9 millones de pesos y la recuperación
fue de 5 millones 846 mil litros de combustibles.
En contraste con la variación en la recuperación del combustible, en
los últimos años las pérdidas se han multiplicado. Entre el 2016 y el
2018 se tuvo registro de un quebranto por 147 mil millones de pesos.
Superando año con año un nuevo récord.
En el 2016 Pemex enlistó un daño a sus finanzas de 30.8 mil
millones de pesos por huachicoleo, para el 2017 la cifra escaló a 50.1
mil millones y el año pasado llegó a 66.3 mil millones de pesos
La renta de militares y marinos para vigilar ductos no fue la única
medida por la que Pemex optó sin obtener resultados positivos.
Entre el 2013 y el 2015 la petrolera implementó el programa
“Fortalecimiento de las Capacidades Operativas” para el que se
utilizaron 2 mil 521 millones de pesos.
Tan sólo en el 2015 Pemex destinó 571 millones de pesos a la compra
de equipo como aviones y vehículos de amplia capacidad para enfrentarse a
la delincuencia organizada.
La problemática que significa en la actualidad el robo de
combustibles tiene su origen en que el delito específico no fue
considerado como tal hasta el 2016, cuando el Congreso de la Unión creó
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos.
Debido a que el delito de hurto de gasolinas no fue estipulado en la
ley hasta hace apenas tres años, el exconsejero de Pemex, Fluvio Ruiz
Alarcón, considera que a los sexenios pasados no se les puede atribuir
la cuestión legal de no castigarlo, pero sí la falta de acciones para
frenarlo.
“Lo que muestra esto son dos cuestiones: una legal que no es
atribuible al gobierno de Peña Nieto pero sí a todos los anteriores
porque nadie había subsanado el hecho de que el robo de combustible
existía como delito, sino hasta el 2016 que se promulgó la ley que está
vigente
“El segundo es un tema de falta de prioridad en el combate a este
fenómeno y lo que eso repercutió ya que no era uno de los objetivos
centrales contra la delincuencia organizada”, agrega Ruiz Alarcón.
En cuanto al pago de poco más de 284 millones de pesos por vigilancia
en ductos y otras instalaciones por parte de Pemex a Sedena y Semar
entre el 2012 y el 2016, el exconsejero considera que ese es un ejemplo
de acciones de coordinación institucional para intentar detener el
huachicoleo.
La falta de investigación en las redes que propiciaron el aumento del
hurto de combustibles en el país tuvo a su favor las carencias en
materia de investigación que desempeñaron las autoridades de Gobiernos
federales anteriores, asegura María Novoa, coordinadora del Programa de
Justicia de México Evalúa.
“Las fallas que hemos tenido en otras administraciones es que la
Fiscalía (antes Procuraduría General de la República) fue muy débil en
materia de investigación para efectivamente lograr hacer un plan de
averiguación que llevaran a desentrañar un fenómeno amplio, y no que lo
investigara caso por caso”, señala.
La experta agrega que en especial se debió seguir la pista a
la complicidad entre servidores públicos de Petróleos Mexicanos con los
grupos de la delincuencia dedicados a la ordeña de ductos y a otros
delitos que implicaban lavado de dinero o el comercio ilícito del
combustible extraído
“La comercialización es un tema que viene desde adentro (de Pemex)
donde en este fenómeno pueden estar involucrados los altos
funcionarios”, expone Novoa.
El imperio del huachicol
El incremento en la incidencia del delito de robo de combustible no
sólo está reflejado en las pérdidas de Petróleos Mexicanos, también en
el creciente número de tomas clandestinas.
El pasado 21 de enero, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex,
presentó un informe de tomas clandestinas reparadas en el territorio
nacional.
Con relación a los datos que presentó el funcionario,
mientras en el 2016 se repararon 6 mil 848 tomas, para el 2018 fueron 14
mil 894; es decir, un incremento mayor al doble en tan sólo dos años
El 80 por ciento de las reparaciones de estas fisuras a
infraestructura de Pemex correspondieron a siete estados del país donde
los huachicoleros mantienen una presencia importante.
Durante el 2018 los estados en los que la empresa productiva tuvo que
realizar más reparaciones fueron Hidalgo con 2 mil 121, Puebla con 2
mil 072, Guanajuato con mil 919, Jalisco con mil 550, Veracruz con mil
539, Estado de México con mil 517 y Tamaulipas con mil 301.
En los primeros 21 días de 2019, Hidalgo también encabezó la lista con más tomas clandestinas reparadas con 164.
En esta entidad el 18 de enero ocurrió una explosión en un ducto de
Pemex que cobró la vida de 130 personas que recolectaban combustibles en
una fuga situada en el municipio de Tlahuelilpan.
La falta de acciones por parte del Gobierno federal a lo
largo de los últimos tres sexenios para combatir el robo de
hidrocarburos en el país ha provocado que este delito siga creciendo año
con año
Guanajuato fue el segundo lugar con más fisuras restauradas con 72, le siguió Veracruz con 67.
Contraria a la tendencia que va en aumento en relación al hallazgo de
tomas clandestinas se encuentran las detenciones de personas
relacionadas con el robo de combustible.
Cifras reveladas por Pemex a través de solicitudes de información en
Plataforma de Transparencia indican que mientras cada vez se encuentran
más roturas en ductos, menos personas son detenidas por su posible
responsabilidad.
Entre el 2012 y enero de 2019 se detuvieron a 2 mil 4
personas relacionadas con el hurto de hidrocarburos, siendo el 2015 el
año con más casos al reunir 467
Sin embargo, las detenciones a partir de ese periodo fueron en
declive: en 2016 se detuvo a 141 personas; para 2017 fueron 164; y el
año pasado presentaron a 135 personas por el robo.
Las entidades en las que hubo más detenciones por el hurto de
combustóleo son Tamaulipas con 232; la Ciudad de México y Tabasco, ambas
con 188; Hidalgo con 184; Veracruz con 182; y Guanajuato con 181, entre
el 2012 y enero de 2019.
La lucha de AMLO
Como ocurre al inicio de cada administración federal, los presidentes
y su equipo lanzan mensajes de mando que revelan el sello que
intentarán mantener durante los siguientes seis años que estarán en
funciones.
Los esfuerzos de la nueva administración por acabar con el
robo de combustibles en el país son un buen primer paso, sin embargo,
para que la acción surta efecto se requiere de una estrategia de
inteligencia tanto en el corto como en el largo plazo
En el caso de Andrés Manuel López Obrador el golpe de autoridad fue
en contra del robo de combustible, problema que aquejaba al país desde
hace al menos tres sexenios, según los dichos del mismo presidente.
Con el inicio de una lucha frontal contra el ilícito que cometen los
llamados “huachicoleros” se destapó una cloaca en donde quedó en
evidencia que Gobiernos federales anteriores no tuvieron la capacidad de
contener la ordeña de ductos o de investigar posibles contubernios
entre funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos y personas dedicadas
al hurto de hidrocarburo.
La estrategia en contra del huachicoleo comenzó a finales de
diciembre con el ordenamiento del cierre de ductos que transportan
gasolinas a fin de evitar el robo mediante tomas clandestinas, por lo
que el combustible fue trasladado en cientos de pipas.
La medida tomada por el gobierno de López Obrador ocasionó el
desabasto de gasolinas en al menos 11 estados del país, sobre todo en
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, entre
otras que vieron una disminución en el suministro y en los que algunas
de las actividades comerciales entraron en crisis durante las primeras
semanas del año
También la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la
Secretaría de Hacienda, contribuyó en seguir la pista del dinero
resultante por la venta ilegal de gasolinas. Esta unidad, a cargo de
Santiago Nieto Castillo persigue delitos de lavado de dinero y ha
congelado cuentas de empresarios o funcionarios que presuntamente están
involucrados con la actividad.
Para María Novoa el cierre de ductos para evitar el robo de
combustible no es suficiente. Advierte que es necesario que exista la
vinculación entre instituciones para que las detenciones y congelamiento
de cuentas bancarias se indaguen de manera más profunda para ir
resarciendo este fenómeno delincuencial.
“Santiago Nieto lo que ha recuperado son casos que ya venían desde la
administración pasada, que ya tenían identificados en una base de
datos, porque no lo pudo hacer en un mes.
“A esta Unidad (de Inteligencia Financiera) dentro de Hacienda
todavía le faltan más capacidades, pero desde el punto de vista técnico
lo que trabajan es muy bueno, el problema que tiene y que son los
problemas que le veo a estos casos que ya presentó a la Fiscalía General
de la República es que detecta y hace la alerta y presenta los datos,
pero después de ahí no sabemos qué pasa y es donde no vemos una
articulación”, explica la especialista de México Evalúa.
El exconsejero de Pemex, Fluvio Ruiz, asegura que si en algo
se diferencia la actual administración federal de las pasadas es que el
combate al hurto de combustibles está ocurriendo de manera decidida y a
fondo, aunque también detalla que es necesario implementar una labor de
inteligencia para que el combate sea a largo plazo, ya que esta
actividad podría volver a dispararse
“Espero que ahora sí se esté haciendo una labor de inteligencia,
porque finalmente van a poder desmantelar las redes con un trabajo
previo que conecte al menos tres eslabones que podríamos identificar: el
cómo se extraía el volumen de las instalaciones de Pemex, pero después
hay una red que distribuye ese volumen y el trabajo que le corresponde a
la Unidad de Inteligencia Financiera es el cómo se diluía o se
repartían las ganancias de esta actividad ilegal”, concluye el
exconsejero de la empresa productiva del Estado.
