Foto: Cuartoscuro
Como ocurría frecuentemente en el sexenio pasado, la
Procuraduría General de la República (PGR) utilizó dichos de ex
narcotraficantes convertidos en testigos protegidos para completar la
acusación de delincuencia organizada en contra de María de los Ángeles
Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Fueron al menos dos testigos colaboradores los contemplados en el
caso, entre los que se encuentra Sergio Villarreal Barragán, alias
El Grande,
preso en Estados Unidos. Este testigo fue usado en varias
investigaciones de años anteriores como el de los generales ligados al
narcotráfico, caso que a la postre se vino abajo.
Ayer la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la
organización Alto al Secuestro, confirmó que la PGR recurrió a este
recurso en el caso de Pineda ante la falta de evidencia con la que se ha
enfrentado el Ministerio Público Federal en el caso en contra de los
Abarca.
“Sé específicamente que los van a utilizar (a los testigos
protegidos) en el caso de la señora Pineda (…) Es totalmente
comprensible y esto tiene que ver porque su familia y ella misma
pertenecía al grupo de los Beltrán Leyva (…) recordemos que en Estados
Unidos hay procesados algunos delincuentes ligados a este cártel como es
alguien que apodaban
El Grande
y otros tres o cuatro y, muy probablemente, a cambio de algún beneficio
de pena estén aportando toda la información de la señora Pineda”, dijo.
Cabe señalar que en el juicio iniciado en contra de Pineda,
El Grande y los otros testigos protegidos tendrían que comparecer ante el juez a ratificar su dicho.
La activista consideró que bajo un control adecuado el uso de esta
figura es válido, sobre todo en casos como el de Ayotzinapa, en donde
hubo complicidad de autoridades municipales y posiblemente estatales, lo
que provocó que se perdiera evidencia clave para las acusaciones, como
por ejemplo los radios de comunicación policial.
La declaración
La declaración en poder de la SEIDO que ofreció Villarreal, bajo la
clave de testigo protegido “Mateo”, detalla que Alberto Pineda Villa,
alias
El Borrado, y Mario Pineda Villa,
alias El MP,
ambos hermanos de la ex primera dama de Iguala, eran operadores de los
Beltrán Leyva en Morelos y facilitaban el trasiego de drogas.
Villarreal Barragán explicó que los Pineda Villa, entre ellos María
de los Ángeles y otros familiares, también lavaban recursos y pagaban
sobornos a autoridades locales y federales. Esto antes del rompimiento
con Arturo Beltrán Leyva en 2009.
Autoridades ministeriales con conocimiento del caso indicaron que
estas declaraciones afianzan el vínculo de la ex primera dama de Iguala
con actividades de blanqueo de recursos de operadores de los Beltrán
Leyva, actividad que luego continuó realizando para el grupo conocido
como Guerreros Unidos. Añadieron que existen otras pruebas como reportes
financieros y de hacienda que evidencian las posibles operaciones de
lavado de dinero.
Órdenes negadas
Sobre la falta de una nueva acusación por secuestro en contra de Pineda, misma que como
24 HORAS
publicó ayer no se prevé en el corto plazo, Isabel Miranda dijo que
obedece a la misma complejidad que presenta el caso para obtener las
pruebas que un juez valide. Confirmó que la PGR ya intentó en algún
momento proceder pero no resultó
“En el caso de Pineda la PGR sí la acusó de secuestro, pero el juez
negó la orden de aprehensión porque no quedó acreditado de manera
fehaciente el delito. En el caso de Abarca fue lo mismo y hay una
apelación en curso”, dijo Wallace.
Alejandro Martí, presidente de México S.O.S., señaló que en el caso
de Ayotzinapa aún hace falta un tramo largo de investigación, desde el
hecho de la falta de ADN reconocido de las víctimas. Dijo además que la
red de complicidades que derivó en el plagio de los estudiantes,
seguramente abarca más funcionarios de los que se conocen.
