Pineda Villa operaba desde 2005 con Guerreros Unidos

Israel Yáñez Enero 13, 2015  1:48 am

Un juez de la causa encontró elementos para dictar la vinculación a proceso por delincuencia organizada

Foto: Especial

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, acumuló en cinco años una fortuna cercana a los 14 millones de pesos, principalmente por sus alianzas con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, acusó la PGR.

A pesar que aún no hay una imputación directa en contra de ella por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el juez de la causa encontró elementos para dictar la vinculación a proceso por delincuencia organizada, pues a través de las pruebas aportadas por la PGR se logró establecer que Pineda Villa presuntamente brindaba protección; recursos económicos y materiales a Guerreros Unidos.

A este grupo criminal se le responsabiliza directamente de la desaparición y posible homicidio de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, el pasado 26 de septiembre, y según declaró su líder, Sidronio Casarrubias Salgado; Pineda Villa y Abraca Velázquez le ordenaron desaparecer a los normalistas.

En la víspera, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión en contra de Pineda Villa, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez de la causa consideró que el Ministerio Público Federal aportó los elementos necesarios para presumir que Pineda Villa se adhirió al grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos desde 2005 a la fecha de su detención.

“Por ello, se estableció que su participación era dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo del crimen organizado a través de la compra de bienes muebles e inmuebles o bien, trasladando e invirtiendo dinero producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el Estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”, informó el CJF.

Además, el juez tomó en cuenta que de sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2009 a 2012, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de tres millones 286 mil 40 pesos.

Asimismo, durante el periodo de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió por concepto de depósitos la cantidad 13 millones 722 mil 849 pesos recursos que, con probabilidad, procedían ilícitamente del grupo delictivo en mención.