Activista, responsable de su muerte; se salió del perímetro de resguardo: gobierno de Guerrero

Ezequiel Flores Contreras

Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
Foto: Benjamín Flores.

CHILPANCINGO. Gro. (apro)-. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez informó que el asesinato de la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC), Juventina Villa Mojica, así como de su hijo, se debió a que la activista “se salió del perímetro de resguardo”.
De esta forma, Salgado Gómez deslindó al gobierno estatal del ataque mortal a Villa Mojica, quien semanas antes había acusado al gobernador Ángel Aguirre Rivero de actuar de manera indolente y omisa ante las denuncias, realizadas por la víctima, sobre las amenazas provenientes de un grupo de narcotraficantes que opera en la Sierra Madre del Sur presuntamente bajo el amparo del Ejército.
Por su parte, un reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que la activista fue ejecutada por tres sujetos que portaban armas largas cuando ella, con dos de sus hijos, arribó a la loma de un cerro ubicado en las inmediaciones del poblado de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán para realizar una llamada con su teléfono móvil.
Lo anterior forma parte de la declaración ministerial de la hija de la activista, una menor de 8 años quien presenció el asesinato de su madre y su hermano de 17.
La menor salió ilesa del ataque armado y describió a los victimarios, indican reportes a los que tuvo acceso Apro.
La menor refiere en su declaración, integrada en el expediente MIN/SC/02/515/2012, que su madre se dirigió caminando hacia el cerro acompañada por cuatro policías estatales –de los 31 que oficialmente la resguardaban desde mayo pasado– para realizar la llamada telefónica, ya que sólo en esa zona se capta señal satelital para poder comunicarse en esa parte serrana.
Enseguida, su hijo Pantaleón Santana Villa y la menor se dirigieron al lugar a bordo de una cuatrimoto y se llevaron a su madre para apresurar la empinada cuesta.
Así fue como dejaron a los cuatro policías estatales que resguardaban a la activista y, al llegar a la loma, la mujer y sus dos hijos fueron interceptados por tres hombres armados, quienes abrieron fuego directo.
Los sicarios dieron por muertas a las tres personas y enseguida se retiraron impunemente del lugar; los policías estatales llegaron al lugar sólo para resguardar la escena, señaló la pequeña sobreviviente de la emboscada, indica el expediente de la PGJE.
Por la noche de este jueves, el secretario de Gobierno atribuyó a la víctima la responsabilidad de que fuera asesinada y afirmó que el gobierno estatal apoyó en todo momento a la activista ejecutada y los miembros de la OCESPC que son considerados como víctimas de la narcoviolencia que se vive en la zona de la sierra.
“(El doble homicidio) obedece a que salió del perímetro de resguardo”, indicó el funcionario estatal durante una atropellada conferencia de prensa realizada a las 20:00 horas en la sede del Poder Ejecutivo, donde estuvo flanqueado por la procuradora Marta Garzón y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla.
Al respecto, el funcionario estatal dijo que la zona de la Sierra Madre del Sur que comparten los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán se ha caracterizado por distintos conflictos relacionados con “la siembra de enervantes; grupos de gavilleros; ajustes de cuentas por problemas familiares; tala clandestina de bosques y algunas otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada y el narcotráfico”, indicó.
Luego, deslindó a la administración estatal de la espiral de violencia que prevalece en esta franja, al señalar que “la actual situación de confrontación en esta zona data de hace al menos 15 años”.
Finalmente, Salgado Gómez condenó el asesinato de la activista y su hijo, y aseguró que van a investigar para tratar de detener a los responsables.
Sin embargo, el funcionario evadió en todo momento preguntas sobre la actuación de los policías estatales que resguardaban a la activista en el momento de la agresión.
Además, eludió esclarecer el sentido de las investigaciones, cuando la propia víctima había responsabilizado directamente a un grupo armado que opera en la zona de la sierra.