Peña decapita a Calderón

Martín Moreno

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Otra vez el clásico “borrón y cuenta nueva” sexenal. De nuevo el “nada sirve, todo desaparece”. El rito de cada seis años reaparece con más dudas que certezas: se entierra a la SSP federal, emblema y puntal de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Como en los viejos tiempos, Gobernación se vuelve una supersecretaría. A reinventar al país. A comenzar de cero.
Adiós a la Secretaría de la Función Pública (SFP), apéndice de gobierno, llama de la simulación, desde los tiempos de la renovación moral e hipócrita de Miguel de la Madrid. Salinas, Zedillo, Fox y Calderón designaron al frente a empleados cuya misión era encubrir más que denunciar. La suple la Comisión Nacional Anticorrupción. Cuestión de modas sexenales.
Peña Nieto está jugando con el librito priista: cambiar todo, bajo el beneficio de la duda, pero también bajo un gatopardismo justificable. Desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública federal, con sus 36 mil agentes y presupuestos millonarios —250 mil millones de pesos durante los sexenios panistas—, es una decisión, más que administrativa, de carácter político.
¿Por qué es una medida política?
Primero: porque la SSP era el brazo operativo y de inteligencia del calderonismo. García Luna ha sido, sin duda, el secretario civil más poderoso de los últimos sexenios, paralela su influencia y presencia a la de los titulares de la Defensa Nacional y Marina que, debe reconocerse, tuvieron mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado. De un tajo, Peña Nieto descabeza al estandarte de la lucha contra el narco, enviando el mensaje de que, dentro de 15 días, nada que huela a Calderón habrá en esta guerra.
Segundo: las funciones de la SSP federal serán absorbidas —de acuerdo con la propuesta del Presidente electo al Poder Legislativo— por la Secretaría de Gobernación. De entrada, combinar lo político con lo policiaco no es saludable. La tentación del autoritarismo es enorme. El próximo secretario de Gobernación tendría facultades metaconstitucionales. Además, la Segob coordinará al gabinete. Habrá, en la praxis política, un jefe de gabinete, significativo porque es una figura en la que ha insistido, desde siempre, Manlio Fabio Beltrones, que parecería el ideal para esa nueva supersecretaría. Peña así lo ha considerado, pero el sonorense se resiste. Osorio Chong se ha reunido, por varias horas, con Alejandro Poiré. El hidalguense parece perfilarse para Bucareli.
¿Garantizan, por sí solas, estas desapariciones de secretarías, mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico? No. Aún más: iniciar de cero esta batalla traerá más dudas y retrasos, ya que todo lo avanzado —mucho o poco— se irá al caño.
A Calderón se le cuestiona —como lo señalamos en los Archivos del poder del martes pasado— que la estrategia estaba cobrando la vida de miles de niños e inocentes civiles, y que las capturas de jefes del narco no eran suficientes, ya que fueron suplantados de inmediato. Eso es lo cuestionable, y no —léase bien por los ojos de fanáticos que llegaron al insulto personal por nuestra columna— la intención de atacar al narco. Eso fue plausible.
¿Cuál era un cambio de estrategia? Pegarles dónde más le duele a los narcos: en el bolsillo. Congelando cuentas. Confiscando propiedades. Esa parte fue mínima y no llegó a consolidarse. Más que atrapar al Canicón, era neutralizar los dineros que utilizaba el cártel al que servía. No se hizo así.
Peña y su gobierno querrán combatir al crimen organizado a la vieja usanza: con Gobernación como punta de lanza. Con el tiempo veremos si tuvieron razón o su estrategia fue fallida. Ojalá no se regrese a los tiempos oscuros y tenebrosos de Manuel Bartlett, cuando el narco se enquistó en el país.
ARCHIVO CONFIDENCIAL
DISCRIMINACIÓN. A la discriminación sufrida del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF por padecer trastorno depresivo mayor, la maestra Fernanda Calderón Ávalos enfrenta ahora otra injusticia: su plaza —que le debió ser otorgada hace cinco años— sigue congelada, a decir de Calderón, a pesar de que el subsecretario del GDF, Juan José García Ochoa, ya firmó la autorización, pero el Oficial Mayor, Jesús Orta, no la reconoce. La profesora acusa también al abogado del SUTIEMS, Pablo Franco, de haber perdido su caso al actuar de manera negligente, y señala al ex líder del sindicato, Raúl Pérez Ríos, de mezclar situaciones personales con laborales, perjudicándola, dice, con la no entrega de su plaza. ¿Hasta cuándo se dará respuesta a esta arbitrariedad?