 Washington,
7 jul (PL) Las decisiones secretas de la Corte de Vigilancia de la
Inteligencia Extranjera (FISA) permitieron a las agencias de
inteligencia estadounidenses ampliar sus facultades para el espionaje
doméstico, afirma hoy el diario The New York Times.
En los últimos años la FISA se convirtió en un ente paralelo al
Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, pero a diferencia del
máximo órgano judicial, solo escucha los criterios del Gobierno, y sus
argumentos no están bajo escrutinio público, agrega el periódico.
Las decisiones secretas de ese ente judicial permitieron a la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA) ampliar de forma significativa sus
facultades para vigilar las comunicaciones electrónicas de los
estadounidenses.
Los 11 miembros de la FISA han emitido más de
una docena de documentos que permitieron la obtención de grandes
cantidades de datos personales, con el pretexto de que los individuos
afectados eran sospechosos de actividades de terrorismo, espionaje o de
preparar y realizar ataques cibernéticos.
Las decisiones revelan
que la Corte expandió su papel y estableció importantes precedentes
judiciales, dijeron al Times exfuncionarios no identificados que
tuvieron acceso a los textos secretos de esa entidad.
La Casa
Blanca solicitó a la FISA la semana pasada que rechace una solicitud
presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos para que
exponga públicamente sus opiniones acerca del espionaje doméstico.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la
publicación de dichas opiniones expondría al público a peligros
significativos que deben mantenerse fuera del debate actual.
El
excontratista de la NSA, Edward Snowden, entregó el mes pasado a la
prensa documentos clasificados que revelan programas de espionaje del
Gobierno norteamericano contra entidades comerciales e instituciones
privadas y públicas de otros 35 países.
El también exagente de
la CIA llegó a la terminal aérea moscovita el pasado 23 de junio
procedente de Hong Kong y ha solicitado asilo político a 27 países, la
mayoría de los cuales rechazaron su solicitud, o pusieron como condición
que el demandante se encuentre en su territorio.
Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia dijeron que estaban dispuestos a ofrecerle refugio.
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