sábado, 22 de marzo de 2014

EU tramita extradición de Yarrington, acusado de complicidad con crimen organizado

EU tramita extradición de Yarrington, acusado de complicidad con crimen organizado

El Departamento de Justicia, a cargo del Procurador Eric Holder en Washington, pedirá al Departamento de Estado que presente formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición de detención contra Yarrington para ser extraditado a Estados Unidos.
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Después de dos años de acusaciones en Texas por presuntos vínculos con el crimen organizado, el Fiscal del Sur de ese estado inició el tramite para que la administración Obama pida a México la detención con fines de extradición de Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas de 1999 a 2005.
El Fiscal Kenneth Magidson firmó la solicitud para que la corte gire tres copias certificadas de la petición de arresto con fines de extradición. En la notificación a la corte con sede en Brownsville, Magidson explicó que las tres copias es un requisito que pide el gobierno de México para proceder a detener a Yarrington. Se cree que sigue en México.
En una declaración escrita Joel Androphy, abogado de Yarrington, afirmó que “es falso que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado formalmente al gobierno mexicano la extradición del ex gobernador.” Si bien la afirmación de Androphy es técnicamente correcta, la petición formal es sólo cuestión de tiempo.
Lo que sigue ahora es que el Departamento de Justicia, a cargo del Procurador Eric Holder en Washington, pida al Departamento de Estado presente formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición de detención contra Yarrington para ser extraditado a Estados Unidos, lo que podrá darse en los próximos días o semanas.
Estados Unidos también busca la extradición del empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, presunto prestanombre de Yarrington y lavador de sobornos del Cartel del Golfo para funcionarios del gobierno estatal de Tamaulipas. Cano Martínez fue acusado en 2012.
Contra Yarrington penden ocho cargos federales presentados por parte de los juzgados de los distritos sur y oeste de Texas. En diciembre de 2013, el ex gobernador fue acusado de haber recibido millonarios sobornos de los carteles de los Zetas y del Golfo, de haber incurrido en operaciones de lavado de dinero, al involucrarse en la adquisición de activos de alto valor en Estados Unidos, de apertura de cuentas en bancos estadounidenses con fondos ilícitos y de haber conspirado para traficar cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, Yarrington recibió sobornos, cuantificados en millones de dólares, entre 1998 y 2005, cuando aún era gobernador. El delito de tráfico de cocaína que se le imputa presuntamente se dio en Veracruz, entre 2007 y 2009, cuando ya no era gobernador.
La acusación contra Yarrington fue resultado de sendas investigaciones del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Control de Drogas en Brownsville, San Antonio y Houston, integrado por el FBI, la DEA y el Servicio de Recaudación de Impuestos.
Los problemas de Yarrington con la justicia de EU empezaron a relucir en 2012, cuando agentes federales estadounidenses arrestaron a Antonio Peña Arguelles, en su domicilio en San Antonio, Texas.
Antonio Peña Arguelles, un ranchero y empresario de Laredo, fue acusado de ser intermediario entre el Cartel del Golfo, los Zetas y políticos corruptos entre los que las autoridades texanas mencionaron a Yarrington. La acusación menciona la famosa narcomanta que los Zetas dejaron sobre el cadáver de Alfonso Peña Arguelles, hermano de Antonio Peña Arguelles, presuntamente asesinado por los Zetas. La narcomanta acusaba a Antonio Peña Arguelles de haberse robado 5 millones de dólares y haber mandado matar a “RODOLFO TORRE CANTÚ PORQUE AFECTABA LOS INTERESES DE LAS COMPAÑÍAS QUE TIENE OSIEL CÁRDENAS Y TOMAS YARRINTON QUE TIENEN SOCIEDAD”. Cantú fue asesinado en 2010 cuando contenía por la gubernatura de Tamaulipas.
De ser hallado culpable, Yarrington podría ser condenado a 20 años de cárcel por los delitos de asociación con el crimen organizado y lavado de dinero; 30 años por conspiración para cometer fraude bancario y 10 más por conspiración para traficar cocaína. En total, 60 años.

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