miércoles, 28 de mayo de 2014

Opinión: Cambios profundos a las reglas y modelo electoral

Opinión: Cambios profundos a las reglas y modelo electoral

Por Arturo Espinosa Silis  @AESUPD
  
Arturo Espinosa Silis es abogado especializado en temas electorales.
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Finalmente tenemos legislación secundaria en materia electoral. Ahora ya sabemos cuáles son las reglas que regirán los procesos electorales (federal y locales) que se llevarán a cabo en 2015, y probablemente los posteriores.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados, en su papel de revisora, aprobó las reformas a las leyes secundarias que, en esencia, constituyen la creación de un nuevo modelo electoral, cuya principal característica es que ahora contamos con un Sistema Nacional Electoral, en el que elecciones federales y locales seguirán los mismos estándares, y el Instituto Nacional Electoral (INE) será la autoridad rectora en la materia.
Estamos ante el nacimiento de un nuevo modelo electoral, el cual empezó a cocinarse en 2012 cuando el Congreso de la Unión reformó el artículo 35 constitucional a efecto de incluir las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular como figuras de participación ciudadana, a fin de mitigar el dominio que los partidos políticos han tenido en el sistema electoral desde hace varias décadas.
Esto implicó pasar de un sistema exclusivo de partidos a uno mixto con preponderancia para los partidos.
Cabe mencionar que si bien las candidaturas independientes debieron haber sido reguladas desde agosto de 2013, ello no ocurrió, lo que implicó que al menos en temas de participación ciudadana incurrieron en una omisión legislativa durante casi un año.
Como consecuencia de los resultados electorales de 2012, el PAN y el PRD exigieron al gobierno federal y al PRI nuevas reglas en materia electoral, a fin de garantizar la imparcialidad de las elecciones, evitar la intervención de gobernadores en los comicios –como consecuencia de ello renovar los órganos electorales locales–, así como reducir el costo de los procesos electorales en todo el país.
De esta manera, con el reloj parlamentario empezando a presionar, en los últimos días del periodo ordinario (13 de diciembre de 2013) el Congreso de la Unión aprobó las bases constituciones para un nuevo modelo electoral, en el que la obra maestra se llamó Instituto Nacional Electoral, la nueva autoridad electoral que sustituiría al emblemático IFE y que concentrará un gran número de facultades y atribuciones para la organización de los procesos electorales federales, locales e incluso intrapartidistas.
La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, y entró en vigor al día siguiente.
Ante el inicio del proceso electoral federal, en octubre de 2014, los legisladores se establecieron como plazo máximo para la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral el 30 de abril de 2014.
A principios de abril, la Cámara de Diputados designó a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, en tiempo y forma; sin embargo, fue hasta el 15 de mayo siguiente, nuevamente incurriendo en una omisión legislativa, que en un periodo extraordinario bastante apresurado, pues en tan sólo cuatro días las comisiones legislativas dictaminaron 22 iniciativas de ley a partir de las cuales se crearon y modificaron cinco leyes electorales (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), y, posteriormente, en unas cuantas horas, el Pleno de ambas cámaras discutió y aprobó prácticamente sin modificaciones los dictámenes de las comisiones.
Llama la atención, pues ante la complejidad y trascendencia de las modificaciones aprobadas al modelo electoral mexicano, hubiera sido deseable mayor tiempo de análisis y discusión por parte de los legisladores.
Los cambios son profundos. Prácticamente se modificaron las reglas en todos los aspectos: estructura y facultades del Instituto Nacional Electoral, designación de consejeros electorales de organismos electorales locales, facultades de éstos, designación de magistrados de tribunales electorales locales, organización electoral, fiscalización, financiamiento público, propaganda electoral, modelo de comunicación política, candidaturas independientes, voto de los mexicanos en el extranjero, procedimientos sancionadores, democracia interna de los partidos políticos, derechos de los militantes de los partidos políticos, estructura y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), medios de impugnación en materia electoral, por mencionar algunos.
Bajo dicho contexto, empezamos una nueva etapa en la vida democrática del país. Tenemos nuevas reglas que regulan el sistema electoral mexicano y un nuevo modelo, uno nacional que estandariza las reglas de los procesos electorales federales y locales.
El éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades electorales (federales y locales) para ejercer de manera efectiva sus atribuciones y facultades, y de los actores políticos –candidatos, partidos políticos, servidores públicos– de respetar y observar las nuevas reglas electorales.
El reto es mayúsculo, pues las facultades otorgadas a la nueva autoridad electoral implicarán un gran esfuerzo, adicionado a que ahora contamos con más reglas que establecen nuevos límites a la actuación de los actores políticos.
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