Corrupción devasta zonas naturales
AGENCIA REFORMA/DIANA SAAVEDRA / MÉXICO, D.F. / Publicada el 11/08/2014
La Barranca del Río Santiago es Área Natural Protegida, en Jalisco, pero así luce en los miradores de la Carretera a Saltillo. Foto: Agencia Reforma
Diseñadas
para proteger las zonas naturales de daños por la construcción de
complejos urbanísticos, las Medidas de Impacto Ambiental (MIA) han
quedado rebasadas.
Entre los principales problemas, afirman especialistas, destaca el nulo seguimiento que da la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la falta de vinculación con especialistas, que son sólo un requisito y, que incluso, se prestan para la corrupción.
Úrsula Garzón, especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), añadió que uno de los principales problemas que presentan las MIA es que la Secretaría confía mucho en los particulares que elaboran los documentos.
“La obligación de la elaboración del documento es el promovente, por lo que puede contratar a quien quiera para escribirla.
“Esto genera el problema de que a veces lo que indica el documento no corresponde con la realidad”, enfatizó Garzón.
Gilberto Pozo-Montuy, investigador de la asociación Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta, comentó que la DGIRA debe asumir “la responsabilidad de revisar los proyectos que autoriza y no hacerse de la vista gorda”, pues generalmente la dependencia autoriza proyectos sin revisar que lo dicho en la MIA sea cierto.
Consecuencia de esto es lo que ocurre en la Carretera Villahermosa-Escárcega donde grupos ecologistas han denunciado el atropellamiento de especies en peligro de extinción, entre ellos monos aulladores considerados en peligro de extinción donde la MIA negaba la su presencia, añadió Gilberto Pozo-Montuy, investigador de la asociación Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta.
Alfonso Flores, titular de la DGIRA afirmó ellos sólo son una autoridad normativa y no de inspección o vigilancia, por lo que confían que quien elabora la MIA diga la verdad.
“Todos los actos del Gobierno Federal actúan bajo el principio de buena fe, hay otras autoridades que, una vez que se libera verificarán las condiciones reales de los proyectos, para eso está la PROFEPA”, señaló.
Entre los principales problemas, afirman especialistas, destaca el nulo seguimiento que da la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la falta de vinculación con especialistas, que son sólo un requisito y, que incluso, se prestan para la corrupción.
Úrsula Garzón, especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), añadió que uno de los principales problemas que presentan las MIA es que la Secretaría confía mucho en los particulares que elaboran los documentos.
“La obligación de la elaboración del documento es el promovente, por lo que puede contratar a quien quiera para escribirla.
“Esto genera el problema de que a veces lo que indica el documento no corresponde con la realidad”, enfatizó Garzón.
Gilberto Pozo-Montuy, investigador de la asociación Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta, comentó que la DGIRA debe asumir “la responsabilidad de revisar los proyectos que autoriza y no hacerse de la vista gorda”, pues generalmente la dependencia autoriza proyectos sin revisar que lo dicho en la MIA sea cierto.
Consecuencia de esto es lo que ocurre en la Carretera Villahermosa-Escárcega donde grupos ecologistas han denunciado el atropellamiento de especies en peligro de extinción, entre ellos monos aulladores considerados en peligro de extinción donde la MIA negaba la su presencia, añadió Gilberto Pozo-Montuy, investigador de la asociación Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta.
Alfonso Flores, titular de la DGIRA afirmó ellos sólo son una autoridad normativa y no de inspección o vigilancia, por lo que confían que quien elabora la MIA diga la verdad.
“Todos los actos del Gobierno Federal actúan bajo el principio de buena fe, hay otras autoridades que, una vez que se libera verificarán las condiciones reales de los proyectos, para eso está la PROFEPA”, señaló.
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