Prevalece en Senado opacidad en gastos
AGENCIA REFORMA/CLAUDIA GUERRERO / MÉXICO, D.F. / Publicada el 11/08/2014
Desde hace más de cinco años están congeladas diversas propuestas para obligar a los grupos parlamentarios a transparentar sus cuentas. Foto: Agencia Reforma
La
opacidad en el manejo de los recursos millonarios en la Cámara de
Senadores prevalece, a pesar de que se han multiplicado las iniciativas
de ley, los acuerdos parlamentarios y los discursos a favor de la
transparencia.
Desde hace más de cinco años, la Cámara alta mantiene congeladas diversas propuestas para obligar a los grupos parlamentarios a transparentar las subvenciones que les son asignadas y que superan los mil millones de pesos anuales.
El pasado 23 de julio, senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma para obligar al Congreso a transparentar toda la información sobre su operación y ejercicio de recursos.
Derivada de la reforma constitucional, la propuesta establece que toda la información del Congreso y sus cámaras será pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional.
De aprobarse, la nueva disposición de la Ley Orgánica del Congreso, obligará a los legisladores a documentar cualquier acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones.
Sin embargo, los legisladores tienen todavía varias reformas pendientes.
En 2009, la bancada del PRI en el Senado propuso una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que facultaría a su Contraloría Interna para auditar los gastos que los grupos parlamentarios han mantenido en la opacidad.
La iniciativa planteaba que la Contraloría pueda investigar posibles irregularidades en el desempeño de los servidores públicos de la Cámara e imponer sanciones.
El 29 de agosto de 2013, el entonces presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, presentó dos iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara alta.
En el primer caso, planteó adicionar dos numerales al artículo 77 para establecer que los grupos parlamentarios remitirán trimestralmente a la Mesa Directiva el informe de los recursos que les fueron asignados y publicarse en la página de internet del Senado, así como en la Gaceta, en sus versiones electrónica e impresa.
En la segunda, se le otorga a la Mesa Directiva la facultad de ordenar la publicación, en la página de internet del Senado, de la estructura desagregada de los órganos de gobierno y del Instituto Belisario Domínguez.
El legislador informó que, mientras las reformas eran procesadas, entraría en vigor un acuerdo parlamentario para obligar a las bancadas a presentar los informes trimestrales.
Al día de hoy, ninguna de las dos reformas ha sido aprobada y el acuerdo tampoco ha sido cumplido.
El 7 de febrero, el Ejecutivo promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia que establece, entre otras cosas, la obligación de los grupos parlamentarios a informar sobre sus gastos.
Cinco días después, legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM plantearon la creación de un nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, que deberán publicar y actualizar sus sitios electrónicos con información financiera.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, donde no ha sido dictaminada.
Desde hace más de cinco años, la Cámara alta mantiene congeladas diversas propuestas para obligar a los grupos parlamentarios a transparentar las subvenciones que les son asignadas y que superan los mil millones de pesos anuales.
El pasado 23 de julio, senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma para obligar al Congreso a transparentar toda la información sobre su operación y ejercicio de recursos.
Derivada de la reforma constitucional, la propuesta establece que toda la información del Congreso y sus cámaras será pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional.
De aprobarse, la nueva disposición de la Ley Orgánica del Congreso, obligará a los legisladores a documentar cualquier acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones.
Sin embargo, los legisladores tienen todavía varias reformas pendientes.
En 2009, la bancada del PRI en el Senado propuso una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que facultaría a su Contraloría Interna para auditar los gastos que los grupos parlamentarios han mantenido en la opacidad.
La iniciativa planteaba que la Contraloría pueda investigar posibles irregularidades en el desempeño de los servidores públicos de la Cámara e imponer sanciones.
El 29 de agosto de 2013, el entonces presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, presentó dos iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara alta.
En el primer caso, planteó adicionar dos numerales al artículo 77 para establecer que los grupos parlamentarios remitirán trimestralmente a la Mesa Directiva el informe de los recursos que les fueron asignados y publicarse en la página de internet del Senado, así como en la Gaceta, en sus versiones electrónica e impresa.
En la segunda, se le otorga a la Mesa Directiva la facultad de ordenar la publicación, en la página de internet del Senado, de la estructura desagregada de los órganos de gobierno y del Instituto Belisario Domínguez.
El legislador informó que, mientras las reformas eran procesadas, entraría en vigor un acuerdo parlamentario para obligar a las bancadas a presentar los informes trimestrales.
Al día de hoy, ninguna de las dos reformas ha sido aprobada y el acuerdo tampoco ha sido cumplido.
El 7 de febrero, el Ejecutivo promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia que establece, entre otras cosas, la obligación de los grupos parlamentarios a informar sobre sus gastos.
Cinco días después, legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM plantearon la creación de un nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, que deberán publicar y actualizar sus sitios electrónicos con información financiera.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, donde no ha sido dictaminada.
...Y también ante la ASF
ocultado
información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para
comprobar el uso que han dado a los recursos que reciben.
El último reporte, correspondiente a la cuenta pública de 2012, reveló que la Cámara alta no entregó la documentación para comprobar el gasto de la partida de “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, que en ese año ejerció mil 56 millones de pesos.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados a través de la partida 39903 ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’, no fue proporcionada a la Auditoría, por tanto, no fue posible comprobar si estos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, señala el documento./A.Reforma
El último reporte, correspondiente a la cuenta pública de 2012, reveló que la Cámara alta no entregó la documentación para comprobar el gasto de la partida de “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, que en ese año ejerció mil 56 millones de pesos.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados a través de la partida 39903 ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’, no fue proporcionada a la Auditoría, por tanto, no fue posible comprobar si estos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, señala el documento./A.Reforma
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