Regreso del PRI al gobierno federal no frena abusos contra migrantes: CIDH

Gloria Leticia Díaz
18 de agosto de 2014

Migrantes se cubren de la lluvia en la estación de Reforma de Pineda, Chiapas. Foto: AP / Rebecca Blackwell

MÉXICO, D.F. (apro).- El cambio de partido en el gobierno federal no ha modificado la concurrencia de graves violaciones a derechos humanos de los migrantes no documentados, alertó el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González.
En conferencia de prensa, donde presentó el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, González dio a conocer la investigación que realizó durante su visita a nuestro país en 2011, luego de que en 2002 se hizo el primer análisis in situ de la situación de derechos humanos de los migrantes en México.
A tres años de distancia de la visita que dio origen al reciente informe, cuando gobernaba el PAN, con Felipe Calderón a la cabeza, el relator especial de la CIDH observó que no hay distinción en la política migratoria con el gobierno actual de Enrique Peña Nieto.
“Observamos una persistencia, un cuadro grave de violaciones, más allá de hacer una ponderación puntual de las distintas administraciones –que no le corresponde a la CIDH hacerlo–. Diría que como tendencia general se mantiene una situación de gravedad, de hecho algunas de las recomendaciones que hacíamos en la visita no se han cumplido. Yo creo que no es una cuestión política, es evidente que es un tema humanitario de gravedad tal como para que cualquier administración, cualquiera sea su color político, lo acometa seriamente como un tema prioritario en su agenda”, apuntó el comisionado chileno.
Añadió que después de tres años de análisis, la conclusión general sobre el tratamiento institucional hacia la migración es que “ha faltado una política pública sistemática para fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes. Ha sido una política pública reactiva, que ha tenido lugar tan pronto aparecen episodios brutales como cuando se encuentran las fosas con migrantes, cuando saltan exponencialmente los niveles de violencia, de muerte y secuestro. Por eso enfatizamos que el Estado dé una respuesta sistemática que vaya más allá de los cambios legislativos”.
Felipe González advirtió que el anuncio del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de prohibir que los migrantes indocumentados viajen sobre los vagones del ferrocarril denominado La Bestia, argumentando cuestiones de seguridad, es sólo una “medida paliativa”.
“Le hemos planteado al gobierno que en la medida en que la mayoría de los migrantes se mantengan en situación de indocumentación, al final van a escoger cualquier medio para transportarse y para movilizarse, independientemente de que sea La Bestia o el transporte público en el doble fondo de los camiones o la fórmula que sea.  (Las prohibiciones) son medidas paliativas contra la inseguridad de los migrantes, la iniciativa no parece que vaya al corazón del problema”, apuntó.
El comisionado también cuestionó la militarización de ambas partes de la frontera, tanto en el sur de Estados Unidos como en el sur de México, para contener a los migrantes mexicanos y centroamericanos.
“Es como querer tapar el sol con un dedo, es un problema que va a rebasar cualquiera de esos mecanismos”, dijo González al recordar que la CIDH ha sido clara en considerar que “las fuerzas armadas no pueden ser involucradas en el ejercicio cotidiano de la vida pública”.
Tras anunciar que en septiembre próximo los integrantes de la relatoría especial viajarán a la frontera sur de Estados Unidos para conocer las condiciones en que se atiende la crisis humanitaria que involucra a niñas y niños que viajan solos, Felipe González consideró que “una política de mano dura a ciegas es inconducente y que en el caso de los niños más aún”.
El relator reconoció asimismo que la elaboración del informe estuvo marcado por “la situación de los niños y niñas centroamericanos”, pero también por la de mexicanos que también han sido víctimas de “secuestro y muerte”.
“También quisimos tener información sobre en qué condiciones se entregan los niños de parte de Estados Unidos y se nos ha dicho que se han establecido menos puntos de entrega y que los menores de edad serían entregados en horarios diurnos, esto no estamos en condiciones de verificarlo en este momento”, sostuvo González en referencia a los datos recibidos del gobierno de Peña Nieto.
Luego de reconocer un aumento de la violencia por parte del crimen organizado, en ocasiones en connivencia con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de otras corporaciones policiacas, el funcionario de la CIDH alertó sobre la urgencia de un cambio de la “voluntad política para atender recomendaciones que no necesariamente implican la aplicación de recursos públicos”, como la modificación de la política de atención a migrantes en centros de detención, así como mecanismos de control  internos, monitoreos de las organizaciones civiles y, ante todo, castigo a agentes del Estado responsables de violaciones a derechos humanos.
Al término de la conferencia, la religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, directora de la organización Scalambrianas Misión para Migrantes y Refugiados, lamentó que el informe de la relatoría especial de la CIDH se hiciera público “demasiado tarde”.
Tras reconocer que en la elaboración del documento hubo una intensa participación de la sociedad civil mexicana, Gutiérrez Valderrama consideró que de haberse dado a conocer antes las conclusiones de la CIDH se podrían haber evitado las masacres de los 72 en San Fernando en agosto de 2010, así como otras en 2011, además del descubrimiento de fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León.
“Eso es un reclamo que podemos hacerle a la CIDH: su  gran letargo para presentarnos el informe”, dijo la activista, quien planteó que el gran reto del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) es hacer que México cumpla las recomendaciones para atender el problema, que por el momento quedó expuesto como “una llamada de atención para el gobierno mexicano en tanto la condición de las personas migrantes ha ido en detrimento”.
De igual manera reconoció que desde las organizaciones no gubernamentales quedó pendiente la tarea de documentar casos concretos que permitan llevar a juicio al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.