Conflictos de interés, pendiente del Congreso de ocho años

Estéfana Murillo Febrero 16, 2015  1:05 am

CONGELADORA. De 2007 a la fecha se han presentado 13 iniciativas; buscarán en Senado aprobar proyecto para detener irregularidades de servidores públicos

Foto: Cuartoscuro

La regulación del conflicto de intereses es tema que durante 8 años ha quedado pendiente en el Congreso de la Unión, a pesar de que senadores y diputados de todas las fuerzas políticas presentaron al menos 13 iniciativas de reformas a diversos ordenamientos legales e, incluso, a artículos constitucionales para evitar que servidores públicos y los propios legisladores obtuvieran beneficios personales debido a sus encargos.

De 2007 a la fecha se promovieron en el Congreso 13 iniciativas para establecer reglas y procedimientos para la investigación y sanción a servidores públicos que en el desempeño de sus funciones incurrieran en conflictos de interés, y en más de una ocasión se propuso la creación de organismos especializados para perseguir estas irregularidades. Sin embargo, del total de los proyectos, ocho fueron desechados, uno fue retirado y cuatro quedaron en calidad de “pendientes”.

Una de las primeras iniciativas relativas al conflicto de interés fue aprobada en el Senado en 2007 y enviada a la Cámara de Diputados, donde después de estar “congelada” durante siete años, finalmente se desechó en abril de 2014.

En 2009, el PAN en San Lázaro presentó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para responsabilizar a las dependencias y entidades de la administración de prevenir y actuar ante los conflictos de interés. Esta también fue desechada en 2011.

Ese mismo año, diputados del PRD solicitaron la creación de un Tribunal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con atribuciones para sancionar las irregularidades que en este sentido fueran cometías por los servidores públicos, no obstante la iniciativa también se desechó a dos años de su presentación.

Cuestión de credibilidad

La última propuesta en este sentido fue presentada en el Senado el pasado 5 de febrero, por legisladores del PAN y del PRD, entre ellos  Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Laura Angélica Rojas y Marcela Torres Peimbert, para incluir la figura de “declaración de intereses” en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al respecto, el perredista Zoé Robledo explicó que el citado proyecto busca obligar a los servidores públicos de todos los poderes, órganos e instituciones del Estado a realizar dichas declaraciones y evitar así que los cargos públicos, sean utilizados en favor de sus propios intereses.

En entrevista, el senador reconoció una crisis de credibilidad en la clase política por casos de presuntos conflictos de interés revelados durante los últimos meses, por lo que, afirmó, es un tema que debe legislarse y del cual depende la legitimidad de los servidores públicos.

“Es un tema que ya llegó a la discusión nacional, es una exigencia ciudadana que podemos como legisladores encontrar la legitimidad perdida de toda la clase política, tenemos una crisis de credibilidad muy seria y la transparencia puede ser una fuente de legitimidad”, declaró.

Robledo Aburto, incluso, sostuvo que se está buscando incluir el tema de la declaración de conflicto interés, como parte de la legislación secundaria en materia de transparencia y rendición de cuentas que hoy se discute en el Senado, pues el tema, advierte, no puede aplazarse aún más.

Cuestionado sobre las razones que han mantenido este tema en la congeladora legislativa, admitió que “hay quienes creen que esto va a restar margen de operación para que el interés popular no sea el que prevalezca, como debe de ser”.