Marcelo Ebrard ocultó costo real de certificación

Se pagaron $69 millones más por aval a L12; aunque señaló un pago de 119 mdp, la liquidación final al consorcio fue de 188 mdp

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09/03/2015 05:54 Francisco Pazos

El aval que permitió a Marcelo Ebrard echar a andar la Línea Dorada costó 37 por ciento más de lo que aseguró

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo.- La cifra que desde el 31 de agosto de 2010 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pagó al consorcio que certificó la operación segura de la Línea 12 del Metro escaló hasta sumar 188 millones 636 mil 281 pesos, pero esta cifra se ocultó y se reportó una menor.
Este monto supera en 69 millones 456 mil 532 pesos la cantidad pagada que el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dio a conocer el día que fue inaugurada la llamada Línea Dorada, el 30 de octubre de 2012, y que
reiteró 17 meses después, el 11 de marzo de 2014, cuando el tramo elevado fue cerrado.
Esas dos ocasiones, el entonces titular del GDF aseguró que el contrato que se firmó con la empresa DB International, en asociación con ILF Beratende Ingenieure AG ZT GmbH, TÜV SÜD Rail GmbH y HAMBURG CONSULT GmbH para la certificación de la nueva ruta del Sistema de Transporte Colectivo (STC) había tenido un costo final de 119 millones 312 mil 068 pesos.
Sin embargo, el convenio de liquidación del contrato número 9.07 CD 03.M.3.004 del 12 de diciembre de 2012, del que
Excélsior tiene copia, muestra cuatro modificaciones al importe original que acordó el GDF a través del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF), entonces a cargo de Enrique Horcasitas, con el consorcio de empresas alemanas.
La primera modificación al contrato original, denominada Convenio Modificatorio No. 1, se firmó el 31 de agosto de 2010 para ajustar el costo total a 127 millones 255 mil 586 pesos, ya con IVA, por el incremento de 1 por ciento autorizado por el gobierno federal a ese impuesto y la realización de trabajos adicionales no contemplados.
Según el documento, esta modificación fue autorizada con base en un dictamen técnico administrativo que emitió la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas del PMDF el 13 de agosto de 2010, bajo la dirección de Sotero Díaz Silva.
Este exfuncionario del PMDF fue sancionado por la Contraloría General del Distrito Federal con 14 años de inhabilitación por haber recibido trabajos no concluidos de obra pública y no verificar que estuvieran terminados.
Posteriormente, el 25 de noviembre de 2014, nuevamente fue castigado con inhabilitaciones que sumaron otros 40 años, además de imponerle multas por 350 millones 517 mil 176 pesos y dar vista a la Procuraduría General de Justicia capitalina por posibles actos constitutivos de delito.
El Convenio Modificatorio No. 1 también fue autorizado por Reyna María Basilio Ortiz, quien fungía como directora de Administración de Contratos del PMDF y que también fue sancionada por autorizar otros acuerdos de reconocimiento de adeudos por obras inducidas, subterráneas, superficiales y de áreas no consideradas en el proyecto integral de la Línea 12.
El monto del contrato se modificó nuevamente el 28 de febrero de 2011 en el Convenio Adicional No. 2, mediante el cual el costo de los trabajos se incrementó a 171 millones 373 mil 801 pesos nuevamente autorizado por Horcasitas, Basilio Ortiz y Díaz Silva con base en el dictamen que emitió este último.
Nuevamente, el 3 de julio de 2012, el PMDF acordó modificar el monto del contrato original con el Convenio Especial No. 3, que lo amplió hasta 184 millones 142 mil 489 pesos, cantidad autorizada en la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras del PMDF.
La última modificación al monto que desembolsó la anterior administración capitalina por la certificación de la Línea Dorada se realizó el 12 de diciembre de 2012 como parte del procedimiento de liquidación del contrato, en el que se estableció como pago final la cantidad de 188 millones 636 mil 281 pesos.
Un año y tres meses después de que se firmó este convenio, el STC anunció el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 debido a que el sistema de vías presentaba un desgaste ondulatorio severo que ponía en riesgo la circulación de los trenes y la seguridad de los 435 mil usuarios que transportaba todos los días.
Aunque esta suspensión del tramo elevado está a punto de cumplir un año, hasta el momento no hay repercusiones penales para los exservidores públicos que han sido señalados como los principales responsables.
Entre ellos se encuentran Ebrard, Horcasitas y el entonces director general del STC, Francisco Bojórquez, además de otras 36 personas a las que se les han impuesto sanciones económicas por 21 mil 900 millones de pesos.
En enero, la empresa Systra, contratada por el GDF para realizar un estudio de las causas que provocaron el cierre de la Línea,  dio a conocer que aunque los 30 trenes sean modificados, el desgaste ondulatorio no se resolverá a fondo, por lo que recomendó cambiar en su totalidad la flota.