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México ha caído en un pantano. Los escándalos de
mal uso del dinero público brotan descontrolados y por si fuera poco,
Organizaciones no Gubernamentales, senadores de oposición y hasta los
comisionados del Instituto Federal de Acceso y la Información Pública y
Protección de Datos (IFAI) acusan que se camina hacia atrás en la
legislación de la Transparencia y el Acceso a la Información.
Mientras, México se mantiene al fondo de la tabla del Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia
Internacional, entre los países miembros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre los actores políticos, pareciera que unos se acusan a otros de
este paisaje sombrío. Pero expertos y ex consejeros del IFAI –el
emblemático organismo del derecho a la información en México– ven que
todos son responsables. Los expertos observan una lógica de ocultamiento
de datos que a los actores políticos les beneficia tanto que ni
siquiera hay preocupación por el costo en términos de votos en el
preámbulo de las elecciones de junio del presente año.
Como ejemplo, está la paradoja que plantea María Marván Laborde, ex
comisionada presidenta del IFAI, de 2002 a 2011: “La Ley General de
Transparencia se discute en la más marcada opacidad cuando se trata de
un logro de la sociedad civil. Hubo una Reforma Constitucional cuando el
Pacto por México estaba vigente. El proyecto de ley de la legislación
secundaria está listo desde 2 de diciembre”.
Desde noviembre aparecieron, como en cascada, escándalos inmobiliarios
que sumieron en una crisis de credibilidad al Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y al Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, por la presunción de un conflicto de
interés al adquirir casas de contratistas del gobierno beneficiados con
contratos jugosos. En febrero pasado, una investigación del periódico
The New York Times reveló que el ex Gobernador priista de Oaxaca
(1998-2004) y ex coordinador Ejecutivo del Consejo Rector del Pacto por
México, José Murat Casab, posee unas seis propiedades millonarias en
distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York. Y, aunque
las pesquisas no iban por mexicanos, dos investigaciones periodísticas
encontraron que grandes fortunas hechas en este país engrosan la lista
en una gigantesca cuenta de una filial del banco HSBC de elusión de
impuestos.
Además, fue revelado que Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de Ángel
Aguirre, quien fuera Gobernador de Guerrero, malversó 20 millones de
dólares. Esa entidad es pobre entre las pobres y en ella se encuentra la
Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos, donde estudiaban los 43
estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hecho que descarriló al
Gobierno Federal.
Respecto a lo anterior, los partidos políticos no han dicho nada. Marván
Laborde se explica ese mutis de esta forma: “Están de acuerdo en esta
lógica de ocultamiento de datos. Ni siquiera se preocupan por los costos
electorales que ello pueda tener. Su comportamiento se debe a que todos
están igualmente criticados por actos de corrupción”.
NADIE RINDE CUENTAS
Una lista de más de veinte agrupaciones; entre ellas, Artículo 19,
Fundar, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), México Infórmate, el mismo IFAI y senadores de oposición temen
que el espíritu de la Rendición de Cuentas de marcha atrás, después de
que [han señalado] el consejero jurídico de la Presidencia de la
República, Humberto Castillejos, enviara bajo discreción unas 80
modificaciones a la legislación secundaria de la reforma promulgada por
el Ejecutivo en febrero pasado.
La Ley de Acceso a la Información, que ordenó la formación del IFAI, fue
publicada en junio de 2002. Con este avance legislativo, México se
convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como
Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia
de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro
país. Doce años después, las cosas han cambiado. El derecho a saber de
los mexicanos tiene escollos como el que señala Haydeé Pérez, analista
de Fundar: “De la lucha contra el crimen organizado, no se sabe aún el
número de víctimas ni cuál fue el diagnóstico que llevó al Gobierno de
Felipe Calderón a iniciar esa política. Y este ha sido un episodio
traumático para los ciudadanos, por lo que deberían tener más
información”.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Presidencia de la República ha
recibido casi tres mil solicitudes de información. La mayoría de las
preguntas se ha concentrado sobre la forma en que el mandatario gasta
los recursos públicos. Los mexicanos desean saber cómo viven Enrique
Peña Nieto y su familia; en específico, cuánto se erogó en la
remodelación de la casa oficial de Los Pinos y si el Mandatario cuenta
con una fortuna inmobiliaria en paralelo, según los informes del
instituto 2013 y 2014 de solicitudes de información del IFAI.
En contra de lo que indican las preguntas ciudadanas, la consejería de
la Presidencia de la República envió entre sus propuestas, en diciembre
pasado, el artículo 208 cuya letra implica sancionar a los funcionarios
de los organismos garantes cuando revelen información que pueda generar
daños a los sujetos obligados. Es decir, si el Presidente indica que
cierta información lo lastima en alguno de los aspectos de su vida, la
información no debe ser brindada.
No sólo el Poder Ejecutivo ha mostrado resistencia al acceso a la
información. Sindicatos y partidos políticos habían logrado en el pasado
no ser incluidos como sujetos obligados en el IFAI a través de
argumentaciones jurídicas. En diciembre pasado, PRI, PAN, PRD y PVEM
presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información consensada con Organizaciones no
Gubernamentales, que por fin, los incorporaron. En febrero, la propuesta
fue aprobada.
“Es un avance”, expone Héctor Rubio, director de Programa en Gestión
Social y Cooperación (GESOC), una de las asociaciones civiles que más ha
impulsado un marco legal rígido en la Rendición de Cuentas ante el
Congreso de la Unión y participante en la iniciativa. El experto en
Políticas de Transparencia se basa en la historia: los sindicatos
mexicanos y los partidos políticos han ocultado tradicionalmente el
destino de sus recursos públicos y lo que ocurre en sus entrañas. Por
ahora, sólo presentarán cuentas del dinero que reciben de organismos
públicos.
En cuanto a los sindicatos, sus líderes han logrado un enriquecimiento
evidente por su ostentocidad. El caso de Carlos Romero Deschamps de los
petroleros o Víctor Flores de los ferrocarrileros son sólo botones de
muestra. Los Contratos Colectivos de Trabajo, las Condiciones Generales
del Trabajo y las respuestas de los mismos organismos públicos a través
del IFAI dan cuenta de un flujo monetario exponencial.
Si bien la jurisdicción se amplió a más sujetos obligados, el Poder
Legislativo sigue sin ser tocado. Y en ello también hay un riesgo. Lo
observa Marván Laborde: “Todo el poder legislativo está hecho para no
rendir cuentas. (Los legisladores) se ponen plazos que ellos mismos no
cumplen y no pasa nada”.
Ahora bien, ¿el IFAI ha cumplido con su función de acceso a la
información? Alberto Begné, quien ocupó la secretaría ejecutiva del
instituto de 2003 a 2004, considera que no. “El primer ejercicio de
rendición de cuentas sobre el presupuesto lo debiera iniciar en el IFAI.
Pero el instituto no ha logrado constituirse en una referencia para la
ciudadanía en general. No veo que se haya logrado hacer del instituto el
vehículo que transforme la relación entre gobernados y gobernantes”,
expresa quien ahora es socio director de Estrategia y Comunicación
Política de la empresa Primer Círculo.
Inaugurado como conquista del derecho ciudadano a la información
gubernamental en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), con los
años, el instituto perdió dientes. El ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa nombró consejeros que fueron criticados por las mismas
Organizaciones no Gubernamentales que ahora desean impulsar otra Ley
General de Transparencia. En el último año del gobierno calderonista, el
consejo del instituto logró cerrar un capítulo histórico para la
Transparencia Mexicana: toda la información relativa a las
averiguaciones previas en las que estuvo involucrado el ex Primer
Mandatario.
Al llegar a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, le propuso al Senado de
la República renovar por completo el consejo y nombrar siete
comisionados en lugar de tres. El Senado no ratificó a ninguno de los
consejeros que ya tenían una silla en el instituto dados sus conflictos
internos. En el Pacto por México acordó con los partidos otorgarle más
facultades a la IFAI.
Marván Laborde era una de esas consejeras y refiere: “Por distintas
razones, el IFAI sufrió un debilitamiento. Un deterioro con conflictos
internos, con cierta partidización en la designación de comisionados.
Esta reforma de la LGATP para darle plena autonomía había sido un paso
importante. Ahora, en la discusión actual se están enfrentando
resistencias serias”.
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