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A regañadientes y sólo pocos días antes de que
fenezca el presente periodo de sesiones, avanzan en el Congreso las
reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, en medio
de un alud de críticas por parte de la oposición que reprochó los nulos
avances en la transparencia de actividades y gastos de la Presidencia
de la República, y las pocas herramientas efectivas para combatir la
creciente corrupción y enriquecimiento ilícito de la clase política.
Fue una jornada histórica en donde simultáneamente se discutían y
avalaban en ambas cámaras del Congreso las herramientas para empoderar a
la ciudadanía frente a los abusos y excesos de la clase política.
La jornada se transformó en pretextos y excusas por parte de los
legisladores que recurrieron al lugar común en los discursos oficiales
al decir que “todo producto legislativo es perfectible”, con lo cual los
legisladores prácticamente se disculpaban de antemano por no haber
logrado las reformas que requería la sociedad.
Son avances, sí, pero no son las reformas ideales, advirtió una vez tras otra la oposición.
“Todo lo que ‘sea un peligro’ a decir del gobierno federal, no será
transparente. Y no lo será, porque efectivamente pone en peligro, pero
los intereses personales de los servidores públicos”, advirtió la
Diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC).
Durante la discusión de la Ley General de Transparencia, la Diputada
Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT) lo resumió de esta
manera: Nadie demerita los logros para fomentar la participación de la
sociedad civil, lo que se critica es “el derecho que se le da al
consejero jurídico [de la Presidencia] para negar información basado
precisamente en el concepto de seguridad nacional y, sobre todo, en lo
que tiene que ver en la materia de violaciones graves a derechos humanos
o delitos de lesa humanidad”.
En la otra cámara, algunos senadores de izquierda advirtieron que el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no está completo si no se incluye
la figura presidencial como uno de los actores políticos susceptibles de
ser investigados y mientras el Ejecutivo federal siga blindado por la
mágica fuerza que otorga en México el fuero constitucional.
LEY DE TRANSPARENCIA SÍ, PERO SIN CAMBIOS
La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó la Ley General de
Transparencia con dos meses de retraso respecto al plazo que los propios
legisladores se habían dado para crear la legislación secundaria de la
reforma constitucional en la materia.
Tal y como acordaron los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras
del Congreso la minuta por la que se crea la Ley General de
Transparencia no sufrió ninguna modificación.
No hubo cambios ni siquiera en los aspectos que expertos de la sociedad
civil, principalmente de la organización Artículo 19 y Fundar,
advirtieron como riesgosos de la legislación secundaria: la ambigüedad
para transparentar las averiguaciones previas relacionadas con
violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Sobre esto, la oposición en San Lázaro alertó que la Ley no es precisa
ni contundente porque no indica de forma precisa en qué circunstancias
las autoridades podrán clasificar motivos de la información como
reservada.
“Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de cualquier procedimiento,
la información debiese ser pública, ¿por qué? Porque la ambigüedad y la
indefinición de la norma solamente permitirá que se siga escamoteando la
transparencia”, advirtió la Diputada Lilia Aguilar
Los legisladores de izquierda alegaron la transparencia no acepta medias
tintas: La información le pertenece a los ciudadanos. La información
debe ser pública, sin reservas, sin escamoteos y sin poner de pretexto
la seguridad nacional, coincidieron.
“En este dictamen se deja a instancias como la SEIDO [Subprocuraduría
Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada], el estado
mayor presidencial, la SEDENA [Secretaría de la Defensa Nacional], el
CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], el Centro de
Planeación, análisis e información para combatir a la Delincuencia
organizada no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión
en temas de seguridad nacional”, recordó la Diputada Zuleyma Huidobro,
de Movimiento Ciudadano.
Pero los riesgos de opacidad no son solo dentro del sector público, pues
a pesar de que la ley obliga a los particulares a transparentar el uso
de todos los recursos públicos, lo cierto es que continuarán los “hoyos
negros” en la calidad informativa.
Tras múltiples escándalos sobre los millones de pesos en impuestos que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) condonará a empresas
como Televisa, gracias a la Ley en comento el gobierno federal entregará
información limitada hasta que un juez determine que no pone en peligro
“la estabilidad económica del país”.
“En otras palabras, se busca evitar la fuga de capital y la especulación
en la Bolsa que tendría lugar si se revelara el nombre de las empresas o
instituciones que obtienen trato preferencial del gobierno”, explicó la
Diputada Huidobro.
Aunque las reformas son de carácter constitución y en leyes secundarias,
continuó la oposición, en la práctica continuarán los “caminos
alternos” para encontrar salidas que utilizarán servidores públicos para
no entregar información a los ciudadanos.
Sin embargo, la mayoría en la Cámara de Diputados optó por señalar los
logros de la nueva ley como ampliar el catalogo de sujetos obligados al
incluir a sindicatos, partidos políticos y fideicomisos, incrementar las
áreas de transparencia y hacer obligatorio que servidores públicos
fundamenten por escrito su negativa a entregar información.
“Hoy los ciudadanos están hartos de que existan sindicatos que no le
rindan cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado mexicano.
Hoy los ciudadanos están hartos de que existan poderes opacos que no
transparentan sus propias finanzas. Esta ley ayudará, sin duda, a evitar
que esto siga ocurriendo”, destacó el Diputado Fernando Rodríguez
Doval.
La minuta fue aprobada en lo general y lo particular si cambios y
enviada a Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
ANTICORRUPCIÓN
Al mismo tiempo que se discutía transparencia en el pleno de San Lázaro,
las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación,
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos,
Segunda, aprobó la minuta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Se trata de una reforma constitucional en donde se establece la
posibilidad de legislar contra el enriquecimiento ilícito, se fortalece
la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, se delimitan las
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFO) y se otorga
facultad sancionatoria a tribunales administrativos.
Se combate el enriquecimiento ilícito sí, pero no el del Presidente de la República, advirtió la oposición en la cámara alta.
La discusión se dio en medio de los constantes escándalos del primer
círculo del gabinete presidencial respecto a dudas sobre su
enriquecimiento, reflejados en la compra de millonarios inmuebles como
la “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente, la
residencia en un exclusivo club del secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso y la sospecha de que otros funcionarios como Miguel Ángel
Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pudiera
tener propiedades en la exclusiva zona residencial de la esposa del
Presidente.
No obstante, y contrario a lo que podría pensarse, senadores del PRI y
PAN optaron por no hacer referencia a estos escándalos y prefirieron
señalar los beneficios de la reforma.
Por su parte, legisladores del PRD advirtieron que mantendrán su
posición para eliminar el régimen de excepción al Ejecutivo federal,
contenido en la minuta enviada por la Cámara de Diputados por la que se
crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Un fuero que impide que el Ejecutivo federal pueda ser objeto de
sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de
corrupción”, sostuvo el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
El legislador insistió que el fuero convierte al Presidente y a los
servidores públicos en ciudadanos de excepción, pues son intocables
respecto a las leyes que deben cumplir los otros ciudadanos.
El otro tema pendiente, destacó el Senador Zoé Robledo Aburto, del PRD,
es la falta de obligatoriedad de la publicación de la declaración
patrimonial y la declaración de interés de los servidores públicos y de
los representantes populares.
Sobre ese tema, el Senador Zoé Robledo propuso ampliar el compromiso de
los servidores públicos en el apartado referente a la declaración
patrimonial estableciendo de manera específica las condiciones, formatos
y mecanismos para hacer la presentación.
Por su parte, el Senador Armando Ríos Piter aseguró que si no se regula
el tema de conflicto de intereses, éstos seguirán presentándose a
diario.
Pese a que se señalaron las deficiencias de la minuta, ésta fue avalada
por una mayoría considerable de legisladores, por lo que se le dio
trámite de primera lectura en la sesión de este jueves, para que se
discuta en la sesión ordinaria del próximo martes 21 de abril en el
Senado de la República.
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