¿Por qué el secreto?
Las manifestaciones en contra del TTIP surgen de la poca información que se ha obtenido sobre el avance del mismo.
Enrique Del Val Blanco
25/04/2015 05:33
El sábado pasado, en varios países,
principalmente de Europa, se celebró el Día de Acción Global en Contra
del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), que podemos
traducir como Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el cual
se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Estas manifestaciones en contra surgen del secretismo con que se han llevado hasta ahora las pláticas entre los negociadores y de la poca información que se ha obtenido sobre el avance del mismo, lo cual lo único que ha logrado es poner más en guardia a las comunidades de los países involucrados, ante la ofensiva del neoliberalismo más rancio en defensa de lo que eufemísticamente llaman “libre comercio”.
Entre los hechos que se conocen está que en 90% de las reuniones celebradas han participado representantes de las empresas multinacionales. Las únicas que cuentan son las poderosas organizaciones patronales, como Business Europe, que agrupa a las transnacionales más importantes de ese continente.
Lo que muchos no entendemos es el motivo de tanta negociación en lo oscurito y, lo que es peor, el compromiso del negociador europeo Ignacio García Bercero, quien en una carta a su homólogo estadunidense Daniel Mullaney garantizó que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”, según se ha sabido por los medios de comunicación. ¿Cuál puede ser la razón de ocultarlos tantos años si, como dicen los negociadores, será para bien de los habitantes de los países firmantes?
Entre los temas que más preocupan se encuentran los derechos laborales, ya que en los documentos conocidos se menciona: “eliminar las normativas y la regulación que supongan un obstáculo para el comercio”.
En esta normativa se encuentran los derechos adquiridos por los trabajadores en Europa, que son más avanzados que en Estados Unidos. Incluso, les preocupa que se firme un acuerdo con un país que sólo ha ratificado dos de los diez convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Otro tema de preocupación es el de los alimentos, porque se contemplan cambios en los etiquetados y la entrada de alimentos transgénicos, prohibidos en ciertos países de Europa.
Como ejemplo mencionan el caso de los cerdos alimentados con ractopamina, sustancia prohibida en la Unión Europea desde hace 20 años y en más de 150 países; sin embargo, se sabe que en Estados Unidos 80% de los cerdos criados se nutren con dicha sustancia.
Quizá la cuestión más polémica, y ante la cual se han alzado ya decenas de municipios de varios países, se refiere al denominado ISDS (Investor State Dispute Settlement), el cual será el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados.
Este acuerdo estipula que no serán jueces quienes decidan conforme a
la legislación vigente en cada país, sino el arbitraje privado.
Las multinacionales podrán denunciar a los Estados cuando sientan que sus intereses han sido afectados y, para demostrar quiénes mandan, sólo pueden demandar las empresas, nunca los Estados. Para cerrar con broche de oro esta cesión de autoridad, los laudos que emanen de estos arbitrajes privados serán irrevocables.
Además de que será un negocio redondo para los abogados. Ya hay varios países oponiéndose a este tipo de arbitrajes, como Egipto, que fue demandado por las empresas transnacionales que operan en ese país por habérsele ocurrido al gobierno incrementar en cinco euros el salario mínimo: tremenda osadía.
O lo que está sufriendo Uruguay en contra de las perniciosas transnacionales del tabaco, que tienen demandado al gobierno por incluir advertencias severas en las cajetillas de cigarros sobre los peligros de su consumo.
Por todos lados se ve que este tratado en lugar de favorecer a los ciudadanos beneficiará a un puñado de empresas transnacionales que, bajo el sobado y cada día menos demostrado “libre comercio”, provocarán una concentración mayor de la riqueza en 1% de la población mundial.
Estas manifestaciones en contra surgen del secretismo con que se han llevado hasta ahora las pláticas entre los negociadores y de la poca información que se ha obtenido sobre el avance del mismo, lo cual lo único que ha logrado es poner más en guardia a las comunidades de los países involucrados, ante la ofensiva del neoliberalismo más rancio en defensa de lo que eufemísticamente llaman “libre comercio”.
Entre los hechos que se conocen está que en 90% de las reuniones celebradas han participado representantes de las empresas multinacionales. Las únicas que cuentan son las poderosas organizaciones patronales, como Business Europe, que agrupa a las transnacionales más importantes de ese continente.
Lo que muchos no entendemos es el motivo de tanta negociación en lo oscurito y, lo que es peor, el compromiso del negociador europeo Ignacio García Bercero, quien en una carta a su homólogo estadunidense Daniel Mullaney garantizó que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”, según se ha sabido por los medios de comunicación. ¿Cuál puede ser la razón de ocultarlos tantos años si, como dicen los negociadores, será para bien de los habitantes de los países firmantes?
Entre los temas que más preocupan se encuentran los derechos laborales, ya que en los documentos conocidos se menciona: “eliminar las normativas y la regulación que supongan un obstáculo para el comercio”.
En esta normativa se encuentran los derechos adquiridos por los trabajadores en Europa, que son más avanzados que en Estados Unidos. Incluso, les preocupa que se firme un acuerdo con un país que sólo ha ratificado dos de los diez convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Otro tema de preocupación es el de los alimentos, porque se contemplan cambios en los etiquetados y la entrada de alimentos transgénicos, prohibidos en ciertos países de Europa.
Como ejemplo mencionan el caso de los cerdos alimentados con ractopamina, sustancia prohibida en la Unión Europea desde hace 20 años y en más de 150 países; sin embargo, se sabe que en Estados Unidos 80% de los cerdos criados se nutren con dicha sustancia.
Quizá la cuestión más polémica, y ante la cual se han alzado ya decenas de municipios de varios países, se refiere al denominado ISDS (Investor State Dispute Settlement), el cual será el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados.
Este acuerdo estipula que no serán jueces quienes decidan conforme a
la legislación vigente en cada país, sino el arbitraje privado.Las multinacionales podrán denunciar a los Estados cuando sientan que sus intereses han sido afectados y, para demostrar quiénes mandan, sólo pueden demandar las empresas, nunca los Estados. Para cerrar con broche de oro esta cesión de autoridad, los laudos que emanen de estos arbitrajes privados serán irrevocables.
Además de que será un negocio redondo para los abogados. Ya hay varios países oponiéndose a este tipo de arbitrajes, como Egipto, que fue demandado por las empresas transnacionales que operan en ese país por habérsele ocurrido al gobierno incrementar en cinco euros el salario mínimo: tremenda osadía.
O lo que está sufriendo Uruguay en contra de las perniciosas transnacionales del tabaco, que tienen demandado al gobierno por incluir advertencias severas en las cajetillas de cigarros sobre los peligros de su consumo.
Por todos lados se ve que este tratado en lugar de favorecer a los ciudadanos beneficiará a un puñado de empresas transnacionales que, bajo el sobado y cada día menos demostrado “libre comercio”, provocarán una concentración mayor de la riqueza en 1% de la población mundial.
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