Grecia podría declarar el estado de necesidad para suspender pagos y garantizar los derechos humanos en el país
En un comunicado después de la
reunión con el ministro, Dimitris Stratoulis, que supervisa las
pensiones, Éric Toussaint, coordinador del Comité de la verdad sobre la
deuda griega, critica “las demandas de los acreedores que quieren
imponer nuevos recortes en las pensiones, cuando está claro que las
políticas anteriores y actuales impuestas por los prestamistas violan
los derechos de los pensionistas a recibir ingresos decentes”.
Después de la visita, el viernes, 15 de
mayo 2015, al ministerio griego de pensiones y de una reunión con el
Ministro Stratoulis, aquí está su declaración:
Por supuesto que existe una relación directa entre las condiciones impuestas por la troika y el aumento de la deuda pública.
El Comité de la verdad sobre la
deuda producirá un informe preliminar en el que se evaluará la deuda en
el sentido de si es legítimo o legal, porque hay
evidencia significativa de que tanto la Constitución griega como los
Tratados internacionales, que deben garantizar los derechos humanos, han
sido violados.
La comisión considera que existe una
relación directa entre las políticas impuestas por los acreedores, con
la degradación de las condiciones de vida de la población y una caída
del 25% del PIB desde 2010.
Por ejemplo, los fondos públicos de
pensiones han sufrido una enorme ruptura tras la reestructuración de la
deuda griega, organizada por la Troika en 2012. Se perdieron entre 16 y
17 mil millones de euros en comparación con su valor original de 31 mil
millones. Los ingresos procedentes de fondos de la seguridad social
también se ven directamente afectados por el aumento del desempleo y la
reducción de los ingresos, a consecuencia de las medidas impuestas por
la troika.
La deuda griega es insostenible, tanto
desde el punto de vista financiero, ya que es obvio que Grecia es
realmente incapaz de pagar, como desde el punto de vista de los derechos
humanos.
Varios
abogados, expertos en derecho internacional consideran que Grecia
podría declarar el estado de necesidad. Según el derecho internacional,
cuando un país se encuentra en un estado de necesidad puede tener la
capacidad de suspender los pagos de la deuda de manera unilateral (sin
acumular intereses atrasados), con el fin de garantizar a sus ciudadanos
los derechos humanos básicos, como la educación , la salud, la
alimentación y las pensiones.
El propósito del informe preliminar de la
Comisión de la verdad sobre la deuda es fortalecer la posición de
Grecia, que le proporcione más argumentos para las negociaciones con los
acreedores.
El Comité de la verdad sobre la deuda
organizará una rueda de prensa pública con los periodistas con el fin de
permitir que el ministro muestre la relación directa entre las
políticas impuestas por la Troika y la degradación de las condiciones de
vida de la mayoría de la población, sobre todo, la de los pensionistas
que han visto sus pensiones reducidas en un 40% de promedio, durante los
años de la Troika.
Hemos sabido, a través del ministro, que
el 66% de los pensionistas reciben pensiones inferiores a 700 euros y
que el 45% de ellos recibe pensiones por debajo del umbral de la
pobreza: 660 euros por mes.
Personalmente, yo, Eric Toussaint*,
critico fuertemente las demandas de los acreedores que quieren imponer
nuevos recortes en las pensiones cuando es evidente que las políticas
anteriores y actuales impuestas por los prestamistas violan los derechos
de los pensionistas a recibir un ingreso decente. Las pensiones deben
ser restituidas.
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