¿Por qué se deben cancelar las concesiones hidroeléctricas?
El tema de la electricidad en España es de un escándalo continuado.
El lobby eléctrico tiene un poder inmenso y todos los gobiernos de la
democracia tanto de UCD/PSOE/PP han estado continuamente con los
pantalones bajados para beneficio de las empresas y perjuicio de los
consumidores. España es el cuarto país europeo con la energía más cara
del continente.
Supongo
que estarán sorprendidos del título del artículo y la petición de la
anulación de las actuales concesiones hidráulicas por parte del Estado.
Para entender que está pasando hay que retrotraerse en muchos casos a
más de cincuenta años. Veamos.
Los distintos gobiernos tanto de la dictadura franquista, como los democráticos fueron adjudicando concesiones para el uso hidroeléctrico de ríos y pantanos, que se iban construyendo o que ya estaban construidos. En dichas concesiones, las empresas eléctricas concesionarias firmaron que debían entregar el 25% de su producción hidroeléctrica a los poderes públicos.
¿Cuál es el problema de las concesiones hidroeléctricas?
Durante los últimos cincuenta años, ningún gobierno ha hecho cumplir las condiciones firmadas en las concesiones hidroeléctricas por las distintas confederaciones hidrográficas, las empresas en consecuencia se han llevado un dinero público para su propio beneficio.
Podrán
así entender mucho mejor, porque los consejos de administración de las
multinacionales eléctricas española están llenas de políticos, en
aplicación fragante de las llamadas puertas giratorias y son el pago en
dinero por su inanición política con respecto a ellas. Así se explica, los pagos de 200.000 euros a Felipe González por tres reuniones anuales, y aun dice con descaro "que se aburría en esas reuniones y que por eso renunciaba".
¿Cómo se conoce este impago de las empresas hidroeléctricas?
Fue en el año 2001, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, emite un informe favorable de la Abogacía del Estado, donde se reclama a Endesa, la entrega de ese 25% de la energía producida en las presas que explota en la cuenca del Ebro, a partir del uno de enero de 2012. El posterior presidente de la Confederación, Xavier de Pedro insiste en la petición de entrega de la energía firmada en los contratos de concesión y pide una indemnización por la que debería haber dado a la administración y nunca lo han hecho.
En la cuenca del Ebro hay pantanos con gran capacidad hidroeléctrica como Mequinenza, Ribarroja, Canelles, Santa Ana...
El actual ministerio de Medio Ambiente dirigido por el PP, ya sea con Arias Cañete como por Isabel García Tejerina, no tienen ninguna prisa en solucionar el problema. Son ya más de ochos meses de retraso en solicitar del Consejo de Estado el dictamen que se necesita para resolver el conflicto que provoca Endesa.
¿Cuál es el problema que plantea Endesa para no solucionar el conflicto?
El problema al que se acoge Endesa es que en las concesiones adjudicas a ella, no consta el precio fijo para la energía reservada al sector público. Para hacernos una idea, se calcula que por ejemplo el pantano de Mequinenza debería pagar unos siete millones de euros anuales por esa energía no entregada. Sumen todas las demás pantanos y verán como el desfalco es espectacular.
Resulta
sorprendente que Endesa no sólo discuta por el precio del MW, sino que
también incluye elevados costes de amortización, cuando la obra
hidráulica ha sido realizada por el Estado y cuando las concesiones solo
admite los del primer establecimiento. A todo ello, hay que añadir que la inmensa mayoría de las concesiones de Endesa tienen más de cincuenta años.
Acciona es concesionaria en el Ebro de 700 MW y también ha recurrido al TSJA la entrega de la electricidad. Sin embargo, a partir de enero de 2014 ha puesto a disposición de la Confederación el 25% de la concesión. Esto ha sido posible porque figura en su concesión el precio que es de 29,72 euros/MW/hora, más impuestos y desvíos.
Conocidos estos hechos, los poderes públicos deben cancelar aquellas concesiones que no han cumplido con los contratos públicos firmados. Además de exigir el pago por la energía no entregada a los entes públicos desde que se inició cada contrato de concesión, siendo la autoridad judicial quien fije los precios a las empresas para que indemnicen a los organismos públicos.
En este tema ha habido complicidades por las autoridades políticas al no ejercer el cumplimiento de los contratos públicos firmados y que ha dado lugar a un beneficio privado ilícito.
Es sorprendente que sólo haya sido la CHE, el que exija el cumplimiento de estos contratos públicos ¿Qué hacen las demás Confederaciones Hidrográficas? Es todo un escándalo de gran magnitud, que por supuesto el lobby eléctrico intenta acallarlo.
Resulta que todos los españoles estamos pagando a precio de oro el llamado "déficit tarifario", valorado en 30.000 millones de euros, que las eléctricas han demandado al Estado. Pero estas mismas empresas eléctricas, se niegan a pagar los contratos públicos, que por supuesto superan dicho déficit tarifario. Por todo ello es exigible:
Todo lo que rodea al sector eléctrico español está basado en el oscurantismo y el favoritismo político. Es hora, que exijamos, que el Estado de una vez regule de forma eficaz y clara este sector, teniendo en cuenta siempre los intereses de los CONSUMIDORES.
Los distintos gobiernos tanto de la dictadura franquista, como los democráticos fueron adjudicando concesiones para el uso hidroeléctrico de ríos y pantanos, que se iban construyendo o que ya estaban construidos. En dichas concesiones, las empresas eléctricas concesionarias firmaron que debían entregar el 25% de su producción hidroeléctrica a los poderes públicos.
¿Cuál es el problema de las concesiones hidroeléctricas?
Durante los últimos cincuenta años, ningún gobierno ha hecho cumplir las condiciones firmadas en las concesiones hidroeléctricas por las distintas confederaciones hidrográficas, las empresas en consecuencia se han llevado un dinero público para su propio beneficio.
¿Cómo se conoce este impago de las empresas hidroeléctricas?
Fue en el año 2001, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, emite un informe favorable de la Abogacía del Estado, donde se reclama a Endesa, la entrega de ese 25% de la energía producida en las presas que explota en la cuenca del Ebro, a partir del uno de enero de 2012. El posterior presidente de la Confederación, Xavier de Pedro insiste en la petición de entrega de la energía firmada en los contratos de concesión y pide una indemnización por la que debería haber dado a la administración y nunca lo han hecho.
En la cuenca del Ebro hay pantanos con gran capacidad hidroeléctrica como Mequinenza, Ribarroja, Canelles, Santa Ana...
El actual ministerio de Medio Ambiente dirigido por el PP, ya sea con Arias Cañete como por Isabel García Tejerina, no tienen ninguna prisa en solucionar el problema. Son ya más de ochos meses de retraso en solicitar del Consejo de Estado el dictamen que se necesita para resolver el conflicto que provoca Endesa.
¿Cuál es el problema que plantea Endesa para no solucionar el conflicto?
El problema al que se acoge Endesa es que en las concesiones adjudicas a ella, no consta el precio fijo para la energía reservada al sector público. Para hacernos una idea, se calcula que por ejemplo el pantano de Mequinenza debería pagar unos siete millones de euros anuales por esa energía no entregada. Sumen todas las demás pantanos y verán como el desfalco es espectacular.
Acciona es concesionaria en el Ebro de 700 MW y también ha recurrido al TSJA la entrega de la electricidad. Sin embargo, a partir de enero de 2014 ha puesto a disposición de la Confederación el 25% de la concesión. Esto ha sido posible porque figura en su concesión el precio que es de 29,72 euros/MW/hora, más impuestos y desvíos.
Conocidos estos hechos, los poderes públicos deben cancelar aquellas concesiones que no han cumplido con los contratos públicos firmados. Además de exigir el pago por la energía no entregada a los entes públicos desde que se inició cada contrato de concesión, siendo la autoridad judicial quien fije los precios a las empresas para que indemnicen a los organismos públicos.
En este tema ha habido complicidades por las autoridades políticas al no ejercer el cumplimiento de los contratos públicos firmados y que ha dado lugar a un beneficio privado ilícito.
Es sorprendente que sólo haya sido la CHE, el que exija el cumplimiento de estos contratos públicos ¿Qué hacen las demás Confederaciones Hidrográficas? Es todo un escándalo de gran magnitud, que por supuesto el lobby eléctrico intenta acallarlo.
Resulta que todos los españoles estamos pagando a precio de oro el llamado "déficit tarifario", valorado en 30.000 millones de euros, que las eléctricas han demandado al Estado. Pero estas mismas empresas eléctricas, se niegan a pagar los contratos públicos, que por supuesto superan dicho déficit tarifario. Por todo ello es exigible:
A todo ello, el Estado debería imponer un impuesto a las empresas hidroeléctricas por el uso de un bien público, el agua, para la obtención de un beneficio privado, al igual que existen en muchos países europeos. Por ejemplo, Alemania recauda unos 3.000 millones de euros anuales y que en España podría rondar los 2.000 millones anuales.
- Cancelación de todas las concesiones públicas realizadas a empresas privadas que no hayan cumplido sus obligaciones contractuales.
- Reclamación de todas las cantidades que se deben.
- Un nuevo proceso de concesiones hidroeléctricas con claridad.
Todo lo que rodea al sector eléctrico español está basado en el oscurantismo y el favoritismo político. Es hora, que exijamos, que el Estado de una vez regule de forma eficaz y clara este sector, teniendo en cuenta siempre los intereses de los CONSUMIDORES.
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