¿Qué revela la lista de sanciones de Poroshenko?

¿Qué revela la lista de sanciones de Poroshenko?
25/9/2015 08:46:00



¿Qué revela la lista de sanciones de Poroshenko?
Acompañada de una fotografía de un sonriente presidente Poroshenko firmando el decreto, Ucrania presentaba la semana pasada su nueva y ampliada lista de sanciones.


Esta lista incluye a una serie de personas físicas o jurídicas a las que se prohíbe la entrada en territorio ucraniano por suponer un peligro para la seguridad nacional o una amenaza a su integridad territorial y a la soberanía del Estado.


La lista, que ha dejado en evidencia al Gobierno ucraniano, refleja perfectamente las intenciones de Kiev y deja bien claro que, pese a las críticas de las primeras horas, Occidente está dispuesta a pasar por alto mucho de lo que sería intolerable en cualquier otro país europeo, mucho más si se tratara de Rusia.


Además de los habituales nombres de personalidades de la política y la cultura rusa, presentes en otras listas de sanciones de Ucrania, la Unión Europea o Estados Unidos, la lista incluye también a Alexander Lentsov, que durante el otoño de 2014 y los primeros meses de 2015 fuera el hombre del Kremlin en el Centro de Control Conjunto formado por Ucrania, Rusia y la OSCE.


El general Lentsov, junto al resto de expertos militares rusos, se encontraba en el país invitado por el Gobierno ucraniano.


A pesar de ello, en numerosas ocasiones, y siempre sin prueba alguna, ha sido acusado de dirigir operaciones militares contra el Ejército Ucraniano.


Pese al inmediato desmentido oficial del general en un vídeocomunicado en el que estaba acompañado de un militar ucraniano, la maquinaria de propaganda ucraniana ha conseguido hacer creer que fue el propio Lentsov quien dirigió la operación que dio lugar a la captura de Debaltsevo el pasado febrero.


Un buen número de autoridades, civiles y militares, de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk se encuentran también en la lista a pesar de que uno de los puntos del acuerdo de Minsk firmado por Ucrania en febrero exige garantizar una amnistía a todos los participantes en la guerra.


Pero Ucrania ya había declarado abiertamente que no habría amnistía para los líderes de las repúblicas populares que aparecen ahora en la lista de sanciones.



La presencia en esa lista supone la prohibición de acceder al territorio ucraniano durante un año, aunque si Ucrania sigue considerando como propios los territorios de Donetsk y Lugansk, Zajarchenko, Plotnitsky y otros representantes de las Repúblicas Populares o de las milicias ya se encuentran en territorio ucraniano. Ucrania, que rechaza extender la validez de los acuerdos de Minsk a 2016, pretende recuperar el control de Donbass antes de que finalice 2015, por lo que las sanciones continuarán en vigor.


¿Espera Ucrania que abandonen un lugar en el que ya residían antes de que comenzara la guerra? ¿Retirará sus nombres de la lista si acaba recuperando el territorio gracias a un acuerdo de Minsk en el que estamparon su firma?


Pero ha sido la presencia de periodistas y blogueros de diferentes países lo que han resultado problemático para el Gobierno ucraniano.


Se trata de 34 periodistas y siete blogueros de Alemainia, Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Hungría, Israel, Kazajistán, Letonia, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rusia, Serbia y Suiza.


Además de César Vidal, Ucrania consideraba un peligro para su seguridad nacional a Antonio José Rodríguez Pampliega y Ángel Sastre, desaparecidos en Siria desde julio.


Lejos de dar una versión favorable de los rebeldes de Donbass, ambos han realizado reportajes en los que han alertado del peligro que suponen algunos de los batallones voluntarios.


Puede que calificar a los militantes del Praviy Sektor como “de extrema derecha” haya sido suficiente para molestar al Gobierno ucraniano, que sí se permite calificar como “de ultraderecha” a partidos occidentales, como por ejemplo el Partido Popular.


Pese a las inmediatas críticas que suscitó entre periodistas occidentales la presencia de compañeros de los medios de comunicación en la lista de sanciones, esta nueva actuación es plenamente coherente con la trayectoria del Gobierno ucraniano en temas de libertad de prensa.


Desde la llegada al poder del tándem Poroshenko-Yatseniuk, medios críticos con el Gobierno han sido atacados con total impunidad por la extrema derecha y los servicios de seguridad han acosado, amenazado y detenido a periodistas que consideraban incómodos.


En los últimos tiempos, incluso aquellos que hasta hace escasas semanas eran parte de la coalición dirigente se han visto censurados en una muestra más de que Ucrania perfecciona aquella idea de George W. Bush de que “si no estás con nosotros, estás contra nosotros”.


El conocido programa Shuster Live, decididamente pro-Maidan y radicalmente anti-ruso, ha sido el último ejemplo.


Una edición del programa fue censurada y sustituida en el último momento por un capítulo de un melodrama ruso, minutos antes del inicio de una emisión que iba a contar con Oleh Lyashko entre sus invitados.


El líder del Partido Radical se disponía a defender a su compañero de partido y de batallas Ihor Mosiychuk, detenido por corrupción esta semana tras una votación en la que los diputados de la Rada le privaron de su inmunidad parlamentaria y aprobaron el arresto.


Ucrania había vetado ya a periodistas o medios de comunicación rusos, pero ha sido necesaria la presencia de periodistas occidentales, concretamente empleados de la BBC, para causar una reacción de la prensa y las autoridades occidentales.


La presencia de periodistas de la BBC en esta lista, preparada por el SBU, ha reflejado el gran poder de los servicios de seguridad de Ucrania.


Es difícil creer que esos periodistas permanecieran en la lista de haber sido revisada por los asesores del presidente o del Ministerio de Información.


Pero ha revelado también que, más allá del contenido de su cobertura informativa, que en el caso de Ucrania ha sido decepcionante y sesgada, la BBC se sigue considerando intocable.


Así lo ha demostrado la reacción que se produjo apenas minutos después de la publicación de la lista y la rápida rectificación que el presidente Poroshenko se vio obligado a realizar.


Sin embargo, durante meses la BBC, como la mayor parte del resto de la prensa occidental, ha ignorado la expulsión de periodistas o de canales rusos, el acoso y las agresiones a la prensa no afín al Gobierno, el asesinato de periodistas de la oposición como Oles Buzina, la desaparición del periodista de Mariupol Sergey Dolgov o la detención de periodistas como Ruslan Kotsaba, Artyom Buzila o Alexander Bondarchuk, encarcelado desde marzo por el único “crimen” de publicar una entrevista a Pavel Gubarev.


El pasado sábado, la prensa local informaba de la detención de unas 60 personas que exigían frente a la prisión de Odessa la puesta en libertad del joven periodista Artyom Buzila, acusado de separatismo y de amenazas a la integridad territorial de Ucrania.


Ninguno de estos casos, incluido el del periodista pro-Maidan Ruslan Kotsaba, que llamó a sabotear el reclutamiento y buscar la paz en el país, ha contado con las simpatías de sus colegas occidentales, más centrados, según explicaba Alec Luhn en The Guardian, en las víctimas civiles de la guerra y el uso de bombas de racimo por ambas partes.


En realidad, la prensa occidental ha sido tremendamente selectiva en su preocupación por las víctimas civiles. El interés que sí se prestó a las víctimas de Volnovaja y de Mariupol, donde se daba por hecha la culpabilidad de la RPD, no se mostró en su momento por las víctimas de los bombardeos ucranianos de Gorlovka o del bombardeo aéreo de Lugansk del verano de 2014.


Europa y Estados Unidos, junto a gran parte de la prensa occidental, han evitado deliberadamente ver el mayor movimiento de población en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, olvidando así a los miles de refugiados acogidos por Rusia, un Estado que no tuvo para ello la necesidad de ofrecer el espectáculo mediático con el que Europa pretende presentarse como cuna de la solidaridad.


No hay que olvidar que, en las primeras semanas del verano de 2014, cuando ya eran miles las personas que buscaban refugio en Rusia, Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, justificaba ese movimiento de población como algo habitual. Según ella, eran familias que cruzaban la frontera para visitar a las abuelas.


Pero ante todo, los países occidentales que sostienen política y económicamente a Kiev han permitido, sin crítica pública ni reprimenda alguna, que el gobierno de Ucrania instaure un bloqueo económico, bancario y de transporte en Donbass que dura ya diez meses y que podría haber causado una catástrofe humanitaria para millones de personas de no ser por la ayuda humanitaria rusa.


Con su visión complaciente de los actos del Gobierno ucraniano, la prensa occidental jamás ha sido una amenaza para Kiev.


Sin necesidad de pruebas, los medios occidentales han publicado, sin verificar y sin pararse a pensar en la veracidad de los hechos, toda afirmación de Kiev, ya sea la de los miles de soldados rusos presentes en Donbass o el uso de bombas de racimo.


Pese a que por el momento solo se ha probado su uso por parte del Ejército Ucraniano, Human Rights Watch lo denunció el pasado octubre, la prensa ha publicado en repetidas ocasiones lo contrario.


A pesar de los 8.000 muertos y más de un millón de desplazados que ha dejado la guerra, la prohibición de partidos políticos, la intimidación a activistas y políticos de la oposición, el completo desinterés por detener y procesar a los culpables de la muerte de medio centenar de personas en la Casa de los Sindicatos de Odessa y el colapso de la economía, que depende casi exclusivamente de los créditos occidentales, la prensa y el establishment político occidental siguen presentando al Gobierno ucraniano como una avance comparado con el “régimen autoritario y sanguinario del dictador Yanukovich”.


Tras meses de muerte y destrucción, ha tenido que ser la presencia de los periodistas de la BBC en la lista de individuos que amenazan la seguridad nacional la que provoque las primeras críticas al Gobierno ucraniano. Ucrania, que no ha sido capaz de demostrar que existe la tan repetida invasión rusa –la Rada declaró a Donbass y Lugansk territorios temporalmente ocupados–, sí ha sido capaz de convencer a la prensa y a los gobiernos occidentales de su lucha contra la corrupción y por la democracia, aunque la realidad diga lo contrario.


El temor de Kiev a los resultados que pudieran arrojar las elecciones locales en las Repúblicas Populares se extiende también a los territorios de Donbass bajo su control, donde salvo cambio de última hora no se celebrarán los comicios. No se ha producido, sin embargo, reacción pública ni de la prensa ni de los gobiernos de Occidente.


El desinterés por los compañeros periodistas detenidos, amenazados, agredidos o asesinados desde la llegada al poder del Gobierno nacido de la victoria en Maidan contrasta con los homenajes que ha recibido Georgiy Gongadze, periodista independiente asesinado el 16 de septiembre del año 2000.


El autor material del asesinato, Oleksiy Pukach, fue detenido y condenado a cadena perpetua, pero su familia denuncia que jamás se trató de buscar a quien dio la orden y acusan directamente al entonces presidente Kuchma.


Quince años después, la nueva Ucrania tampoco parece excesivamente interesada por conocer quién ordenó la muerte de Oles Buzina, tiroteado a las puertas de su vivienda en Kiev a plena luz del día.


Opositor al Gobierno y a su deriva nacionalista, el asesinato de Buzina pasó prácticamente desapercibido más allá de moderadas exigencias de investigar los hechos. La placa en su memoria, colocada por sus vecinos, familiares y amigos, ha sido retirada por la extrema derecha en dos ocasiones.


En la segunda de ellas, militantes del Praviy Sektor sustituyeron la placa por una que homenajea a los dos acusados por el asesinato. Militantes de batallones voluntarios y miembros de organizaciones de extrema derecha se manifestaron la pasada semana, tanto en Járkov como en Odessa, exigiendo la puesta en libertad de los detenidos.


El mismo día en que se presentaban las sanciones, Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la libertad de prensa, se hacía eco del aniversario del asesinato de Georgiy Gongadze, considerado como el máximo símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Ucrania.


Enlazaba a un reportaje titulado “La verdad no es un crimen”, que bien podría utilizarse para esta nueva Ucrania, capaz de sancionar por considerar un peligro para la seguridad nacional a milicianos fallecidos como Alexey Mozgovoy, a empleados de TASS que jamás han escrito sobre Ucrania o a periodistas de Letonia que ni siquiera existen.


Tras una serie de tuits con enlaces a la información sobre la prohibición de periodistas en Ucrania, Mijatovic regresó, a las pocas horas, a su tema más común: la falta de libertad de prensa en Rusia.


Hace unos meses, en una entrevista con el diario ucraniano Kyiv Post en la que comparaba Crimea con el sitio de Sarajevo, Mijatovic justificaba, en nombre de la libertad de prensa y de la lucha contra la propaganda, la prohibición de medios rusos en Ucrania.


Eliminados de la lista -“por el clamor y por la importancia estratégica de las relaciones con la Unión Euroea”- los periodistas de la BBC primero, y otros periodistas occidentales después, los dos españoles secuestrados en Siria entre ellos, la crisis simplemente ha quedado olvidada.


El incidente podría haber servido para confirmar que el objetivo del Gobierno ucraniano no es mejorar la democracia o garantizar la libertad de prensa sino consolidarse en el poder, especialmente ahora que se aproximan las elecciones locales y todas las encuestas apuntan la escasa popularidad del presidente y del primer ministro.


En vez de eso, la prensa y las autoridades occidentales han optado por pasar página.


Los periodistas rusos, continuarán en la lista y seguirán sin contar con el apoyo de sus colegas occidentales, que siguen considerándoles soldados de una guerra informativa en la que Occidente quiere presentarse como víctima.


El desliz de Poroshenko pone de manifiesto las prioridades del Gobierno ucraniano y también de la prensa occidental, que son capaces de utilizar todos los medios de presión para hacer rectificar a los gobiernos solo para defender a los suyos.