Detención de diputada al parlasur argentina por Macri es ilegitima – Especialista
PL – La detención y encarcelamiento de la líder social y diputada argentina al Parlasur Milagro Sala constituyen acciones ilegítimas, según dictaminó la Procuraduría contra la Violencia Institucional, informa Página 12.
El diario incluye en su suplemento dominical un artículo del titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, que aborda ese dictamen en virtud del cual la fiscal y los dos jueces de Jujuy privaron en forma ilegítima de su libertad a Sala.
“Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer”, escribe el especialista en derecho en su columna “La extorsión a Milagro Sala”.
La dirigente de la organización Tupac Amaru, reconocida por su promoción y apoyo a fomento de cooperativas y obras sociales en Jujuy está presa desde hace casi dos meses en esa norteña provincia argentina.
Primero fue detenida bajo cargos de alentar una manifestación pública contra políticas del gobernador Gerardo Morales, aliado de la administración del presidente Mauricio Macri; y después se le acusó de malversación y apropiación de fondos del Estado.
En ambos casos ninguna de las denuncias ameritan el encierro, según las leyes del país mientras se realiza el proceso de instrucción y juzgamiento si llegara a él, sostienen sus defensores. “El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macri visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión”, señala Verbitsky.
Durante una reciente audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, Macri negó que Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña.
“Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Morales”, asevera el columnista.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala.
Lo que no dijo entonces -remarca el titular del CELS- “es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano”.
Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña, afirma el experto.
“De hecho, el caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más”, sostiene Verbitsky.
En su artículo, también advierte que “la ofensiva oficial también se cierne sobre (la expresidenta) Cristina Fernández, como claman los arietes mediáticos”.
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