Militares que ejecutaron a 6 sacerdotes jesuitas han sido detenidos para su posible extradición a España
Por: Redacción Revolución /
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(06 de febrero,
2016).- En noviembre de 1989, los jesuitas españoles Segundo Montes,
Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno
y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con disparos en la
cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que
vivían dentro del campus de la Universidad Centroaméricana.
Un
coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de
élite Atlacatl fueron procesados por la masacre, pero en 1991 un jurado
absolvió a siete de los acusados. Otros dos se beneficiaron en 1993 de
una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994),
pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la
Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos
militares del asesinato de los jesuitas.
Este
viernes 5 de febrero, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC),
acompañados de agentes de la Interpol en el país, llegaron a las
viviendas de militares acusados por el asesinato de los sacerdotes
jesuitas, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, y capturaron a tres de
los 17 requeridos en un proceso abierto en la Audiencia Nacional de
España.
La
captura sucede un mes después que el juez Eloy Velasco de la Audiencia
Nacional reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión
internacional contra los militares a la Interpol. El 5 de enero, Velasco
envió una copia de la órdenes de captura a la PNC para que estas se
hagan efectivas en territorio salvadoreño. Velasco ya había emitido una
orden de captura a mediados de 2011, pero en agosto de ese año los
militares lograron refugio en un cuartel de la Fuerza Armada
Salvadoreña.
Fue
pasadas las 9 de la noche de este viernes, que Lisandro Quintanilla,
abogado de 13 de los 17 militares, confirmó a medio de comunicación El
Faro que la PNC realizó allanamientos y que “la única persona que tengo
claridad que ha sido capturado es Tomás Zárpate de Castillo”, dijo.
Fuentes policiales también confirmaron la captura del subteniente José
Antonio Ramiro Ávalos Vargas y del coronel Guillermo Alfredo Benavides,
exdirector de la Escuela Militar.
La
PNC desplegó un fuerte operativo en la Colonia Arce de la capital,
cercana al Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña y conocida como
la “colonia de los militares”. En la zona, la policía bloqueó las
salidas de las viviendas de los requeridos con carropatrullas, pero
según declaró Quintanilla, en ese lugar no se efectuaron más
detenciones: “si no los han encontrado es porque no están en sus
viviendas”, dijo.
Quintanilla
declaró que desconoce si ya han sido capturados el resto de los
militares, hacia dónde serán trasladados, ni bajo las órdenes de cuál
juez serán remitidos. Cerca de la medianoche, familiares de uno de los
capturados en el municipio de Colón, La Libertad, acudieron a las
instalaciones de la División Central de Investigaciones de la Policía
para preguntar por su pariente. Los familiares, que no quisieron
identificarse ni dar el nombre del detenido, denunciaron maltrato
durante el allanamiento, que la PNC no mostró la orden de captura y
pidieron un trato justo.
Las
órdenes de captura giradas desde España responden a un proceso abierto
en contra de los militares, éste sería el primer paso que España
necesitaba que se llevara a cabo antes de pedir una extradición a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña. Sin embargo Quintanilla ha
dicho que la extradición “no procede”.
Los
militares, que ocuparon altos cargos en la jerarquía militar durante la
guerra, formaban parte de un grupo conocido como “La Tandona”. Y ha
sido una jueza de Estadios Unidos quien determinó que
un excoronel salvadoreño puede ser extraditado a España para responder
al cargo por su supuesta participación en la planificación de la masacre
de los seis sacerdotes jesuitas.
La
jueza magistrada federal Kimberly Swank consideró procedente la
extradición de coronel retirado Inocente Orlando Montano Morales, una
decisión que supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a
los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos, la
mayoría de los cuales eran españoles.
Un
magistrado de la CSJ explicó que el procedimiento a seguir consiste en
que la PNC deberá remitir a los militares a la CSJ, y la Corte Plena
(compuesta por 15 magistrados) deberá designar un juez administrador del
proceso. Una vez que España solicite la extradición, la Corte Plena
deberá deliberar si esta procede o no.
“Ahora
estamos por fin en un juego de valientes. Cara acara. Ahora la Corte
tendrá que responder y cabe la posibilidad de que por fin se pueda
resolver sobre el fondo de una solicitud de extradición”, declaró vía
telefónica, desde Estados Unidos, Almudena Bernabeu, abogada del Centro
para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés),
la organización querellante en el caso abierto ante la Audiencia
Nacional de España.
Si
se confirman que la PNC ha admitido la alerta roja como una orden de
captura, esto significa cumplir con la legalidad internacional y saca el
caso del ámbito de lo político, del que hace tiempo debió salir, y lo
lleva por fin al terreno hasta ahora inexplorado de lo jurídico”, añadió
la abogada, quien dijo estar emocionada y “sorprendida” con la noticia
del operativo de capturas.
“Dispongo
reiterar a las autoridades de El Salvador de las órdenes de detención
de entrega que se encuentran en vigor de Inocente Orlando Montano,
Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda,
Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara
Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García,
Ángel Pérez Vásquez, Tomáz Zarpate
Hace
dos semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
falló en contra del exdirector de la PNC, Mauricio
Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad), por no
cumplir con su trabajo para capturar a los militares. Montano fue
detenido en 2011, en el estado de Virginia, donde residía, con cargos
por fraude migratorio. El militar mintió en la información que presentó a
las autoridades para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS,
por sus siglas en inglés). En 1989, cuando ocurrió el crimen de los
jesuitas, Montano era el viceministro de seguridad pública durante el
gobierno de Alfredo Cristiani.
La
jueza determinó que hay indicios suficientes de que Montano participó
en la planificación del crimen de lesa humanidad, y dejó claro que su
eventual responsabilidad debe ser determinada por la Audiencia Nacional
de España.
Con
esta decisión, será la primera vez en la historia de El Salvador que un
tribunal civil juzgue a altos oficiales del Ejército y según fuentes
judiciales, el jurado deberá ser seleccionado por sorteo, utilizando las
nóminas del Registro Electoral. Una fuente judicial, que requirió el
anonimato, calculó que por lo menos pasarán dos meses antes de que se
pueda formar el jurado.
En aquel
hecho, también fueron asesinadas la cocinera de los religiosos, Elba
Ramos, y su hija, Celina, de 16 años, salvadoreñas. La
matanza perpetrada en las instalaciones de la Uca, cercana a la Escuela
Militar, se dio cuando en el país regía un toque de queda para controlar
una de las más grandes ofensivas de la guerrilla.
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