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Alfredo Castillo deberá pagar por mentir, violar la ley y dañar tanto a Michoacán: exigen
Redacción Revolución
Alfredo Castillo deberá pagar por mentir, violar la ley y dañar tanto a Michoacán: exigen
(21
de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Diversas voces se han unido
buscando que Alfredo Castillo Cervantes, quien hace unos años pasara de
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a
Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán,
comparezca ante la justicia.
Hace unos días, la dirigencia del PAN, solicitó al gobierno federal dejar de protegerlo para que este responda por su presunta responsabilidad en las diversas irregularidades que cometió durante su gestión en la entidad. Así, se interpuso ante la PGR una denuncia penal contra este ex funcionario “que violentó la ley y causó mucho daño a Michoacán”.
José Manuel Hinojosa Pérez, refirió que tras darse a conocer una nueva evidencia de las irregularidades cometidas por el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, su partido solicita que “quien ha dañado a Michoacán asuma la consecuencia de sus actos rindiendo cuentas ante las autoridades que imparten la justicia”.
Mencionó que Castillo negó ante un juez el haber legitimado el registro de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército a los grupos de autodefensas, “cuando hoy se conocen documentos que confirman que el 27 de enero de 2014 firmó un acuerdo con las autodefensas con el aval del gobierno del estado”, sostuvo
El día de ayer, Apro dio a conocer información tras una entrevista sostenida con un defensor del doctor José Manuel Mireles, llamado Ignacio Mendoza Jiménez , quien menciona que ”En el proceso contra el ex vocero de las autodefensas de Michoacán, Manuel Mireles (actualmente preso), se han destapado todas las mentiras y convenios con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), (Secretaría de) Gobernación, zonas militares del estado y hasta la firma de un acuerdo con los civiles armados de la entidad, que Castillo siempre negó ante el juez Quinto de Distrito de Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno”.
Dicha investigación, agrega también la pronunciación de Javier Estrada Cárdenas, secretario general del PAN en Michoacán, al darse a conocer, la firma del acuerdo -que Castillo negó- sacado a la luz al solicitarlo al Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI):
“Al legalizarlos (a los guardias comunitarios) y sentarse con ellos a planificar el combate a los delincuentes, (Castillo) ya está aceptando que los grupos están armados. Y el colofón fue la licencia que el gobierno de la República dio a las autodefensas, luego Fuerzas Rurales, de portar armas.”
La investigación de Proceso señala también que, durante una audiencia del Juzgado Quinto de Distrito se le preguntó a Hipólito Mora: “Que diga el testigo si en esos operativos en conjunto las autodefensas portaban armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas”.
A lo que el exlíder de autodefensas respondió: “De todas: cuernos de chivo, calibre 50 milímetros, algunos hasta granadas, y ni el Ejército ni Castillo dijeron nada, menos el procurador”.
Señalando que las autoridades quienes lo permitieron fueron: ”Alfredo Castillo Cervantes, Martín Godoy Castro (el procurador michoacano), el general Patiño (Miguel Ángel Patiño Canchola, en ese tiempo comandante de la 43 Zona Militar) y Fausto Vallejo”.
El año pasado, trascendió que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán borró dos mil delitos cometidos durante el año en el que Alfredo Castillo Cervantes se desempeñó como comisionado federal para la seguridad en el estado, para de esta manera minimizar el número de incidentes delictivos que se presentaron en 2014.
Dicha modificación corresponde al cinco por ciento del total de delitos que ya había reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el primer semestre, pues pasó de 37 mil 366 a 35 mil 369 delitos.
El actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) fue designado como comisionado federal el 15 de agosto de 2014, casi un año después del surgimiento de grupos civiles armados autodefensas, quienes decidieron enfrentar a los grupos del crimen organizado, por lo que el objetivo del gobierno federal era combatir la delincuencia y ordenar los grupos civiles.
Hace unos días, la dirigencia del PAN, solicitó al gobierno federal dejar de protegerlo para que este responda por su presunta responsabilidad en las diversas irregularidades que cometió durante su gestión en la entidad. Así, se interpuso ante la PGR una denuncia penal contra este ex funcionario “que violentó la ley y causó mucho daño a Michoacán”.
José Manuel Hinojosa Pérez, refirió que tras darse a conocer una nueva evidencia de las irregularidades cometidas por el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, su partido solicita que “quien ha dañado a Michoacán asuma la consecuencia de sus actos rindiendo cuentas ante las autoridades que imparten la justicia”.
Mencionó que Castillo negó ante un juez el haber legitimado el registro de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército a los grupos de autodefensas, “cuando hoy se conocen documentos que confirman que el 27 de enero de 2014 firmó un acuerdo con las autodefensas con el aval del gobierno del estado”, sostuvo
El día de ayer, Apro dio a conocer información tras una entrevista sostenida con un defensor del doctor José Manuel Mireles, llamado Ignacio Mendoza Jiménez , quien menciona que ”En el proceso contra el ex vocero de las autodefensas de Michoacán, Manuel Mireles (actualmente preso), se han destapado todas las mentiras y convenios con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), (Secretaría de) Gobernación, zonas militares del estado y hasta la firma de un acuerdo con los civiles armados de la entidad, que Castillo siempre negó ante el juez Quinto de Distrito de Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno”.
Dicha investigación, agrega también la pronunciación de Javier Estrada Cárdenas, secretario general del PAN en Michoacán, al darse a conocer, la firma del acuerdo -que Castillo negó- sacado a la luz al solicitarlo al Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI):
“Al legalizarlos (a los guardias comunitarios) y sentarse con ellos a planificar el combate a los delincuentes, (Castillo) ya está aceptando que los grupos están armados. Y el colofón fue la licencia que el gobierno de la República dio a las autodefensas, luego Fuerzas Rurales, de portar armas.”
La investigación de Proceso señala también que, durante una audiencia del Juzgado Quinto de Distrito se le preguntó a Hipólito Mora: “Que diga el testigo si en esos operativos en conjunto las autodefensas portaban armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas”.
A lo que el exlíder de autodefensas respondió: “De todas: cuernos de chivo, calibre 50 milímetros, algunos hasta granadas, y ni el Ejército ni Castillo dijeron nada, menos el procurador”.
Señalando que las autoridades quienes lo permitieron fueron: ”Alfredo Castillo Cervantes, Martín Godoy Castro (el procurador michoacano), el general Patiño (Miguel Ángel Patiño Canchola, en ese tiempo comandante de la 43 Zona Militar) y Fausto Vallejo”.
El año pasado, trascendió que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán borró dos mil delitos cometidos durante el año en el que Alfredo Castillo Cervantes se desempeñó como comisionado federal para la seguridad en el estado, para de esta manera minimizar el número de incidentes delictivos que se presentaron en 2014.
Dicha modificación corresponde al cinco por ciento del total de delitos que ya había reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el primer semestre, pues pasó de 37 mil 366 a 35 mil 369 delitos.
El actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) fue designado como comisionado federal el 15 de agosto de 2014, casi un año después del surgimiento de grupos civiles armados autodefensas, quienes decidieron enfrentar a los grupos del crimen organizado, por lo que el objetivo del gobierno federal era combatir la delincuencia y ordenar los grupos civiles.
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