Las cuatro empresas “offshore” detrás de YPF-Chevron
Uno
de los temas centrales de debate en estos días es si el contrato entre
YPF y Chevron debe ser secreto o no. Una atenta lectura a diversa
documentación pública permite componer parte lo que el acuerdo oculta,
aportando elementos que refuerzan la importancia de su pronta
publicación. Entre los diversos puntos, encontramos que se creó un
complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales y que el
marco jurídico que se aplica es el del Estado de Nueva York. ¿Las
implicancias? Hasta tanto y en cuanto se cumpla con el fallo de la Corte
Suprema de Justicia, la publicación íntegra del contrato entre YPF y
Chevron, se desconocen a ciencia cierta.
Por Taller Ecologista y OPSur
Los hechos: pantallas jurídicas offshore regidas por el Estado de Nueva York
El
supuesto acuerdo entre YPF y Chevron fue firmado el 16 de julio de 2013
tras muchos meses de negociación. Pero, al revisar la documentación, lo
primero que salta a la vista es que en el contrato de explotación sobre
el área Loma Campana, Chevron no figura: la concesión
se reparte en partes iguales entre YPF S.A. y la ignota Compañía de
Hidrocarburo No Convencional SRL (en adelante CHNC). ¿Qué es CHNC? Un
“tercer actor” que, si bien es propiedad de YPF, la empresa no controla.
Creada días previos a la firma del contrato, CHNC es el nudo del acuerdo ya que es la pantalla por la cual Chevron operaría.
Para ocultar a la firma norteamericana, se crearon las siguientes estructuras:
- El 1 de julio de 2013, YPF creó en el Estado de Delaware (EE.UU.), reconocido paraíso fiscal, a las empresas YPF Shale Oil Investment I e YPF Shale Oil Investment II. El agente de registración de dichas estructuras jurídicas offshore fue Corporate Service Company, mismo representante de Chevron en el Estado de Delaware.
- El 8 julio de 2013, YPF creó CHNC en la Argentina, firma que es controlada por YPF Shale Oil Investment I y II.
- El 16 de julio de 2013, YPF anuncia públicamente que firmó el supuesto contrato con Chevron.
- Chevron crea Chevron Overseas Finance I en Islas Bermudas, otro paraíso fiscal.
- En diciembre, YPF le transfirió el 50% de la concesión de Loma Campana a CHNC fruto de un acuerdo firmado por YPF Shale Oil Investment I y Chevron Overseas Finance I.
- En marzo de 2014, la provincia del Neuquén convalida el nuevo acuerdo (YPF y CHNC) mediante el decreto 2420/13 (publicado en el Boletín Oficial con un retraso de casi tres meses).
Chevron
controla CHNC a través de un préstamo prendario entre Chevron Overseas
Finance I y la subsidiaria de YPF en Delaware, las que efectivamente
firmaron el acuerdo y que tiene a la misma CHNC como garantía. Entonces,
si bien YPF posee indirectamente el 100% de CHNC no posee la potestad sobre su destino, ni percibe ningún beneficio. Así lo define en su último Balance Contable:
“La
Sociedad [YPF] mantiene indirectamente el 100% del capital social de
CHNC, pero dado que en virtud de los acuerdos contractuales existentes,
no ejerce las decisiones financieras y operativas relevantes de CHNC ni
financia sus actividades, no se encuentra expuesta a riesgos ni
beneficios por su participación en CHNC”.
La
arquitectura jurídica permite el flujo de capital entre las sociedades,
que fue en aumento en los últimos tiempos. Según el Boletín Oficial, el capital social de CHNC se incrementó de los $100.000 iniciales a $6.464,64 millones en octubre de 2014
(U$S1.200 millones a tasa de 2013), misma cifra que Chevron prometió
invertir en la primera fase de desarrollo del proyecto Loma Campana. Por
otro lado, el Balance Contable de YPF menciona, como si se tratase de
una sociedad separada, millonarias transferencias por compras a CHNC:
$3.556 millones (2015), $2.311 millones (2014) y $50 millones (2013).
Más allá de los números, el destino final de estos montos se desconoce
pero se intuye.
Otro de los elementos que emergen es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York, según el informe remitido por YPF al ex senador nacional Rubén Giustiniani y publicado por la Oficina Anticorrupción. A esto hay que sumar, como ya figuraba en el contrato de agosto de 2013 entre YPF y Neuquén, que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Ambos puntos quitan injerencia a los tribunales argentinos en el mentado proyecto.
Por
último, es importante decir que este mapa no es completo. Según la base
de datos de subsidiarias en paraísos fiscales OpenCorporate.com, en
Bermudas hay otras dos estructuras offshore creadas en noviembre de
2013, llamadas YPF Shale Oil Investment II e YPF Shale Oil Holding. Por
las fechas, es probable que estén relacionadas con Chevron, pero no
figuran en los documentos consultados.
Más allá de YPF-Chevron en Loma Campana, peligroso modus operandi
La
cantidad de subsidiarias que YPF ha creado en paraísos fiscales
parecerían hablar de un modus operandi. En abril de 2014, YPF firmó otro
contrato con Chevron para la explotación del área Narambuena, también
localizada en la provincia del Neuquén. Para ello, creó en febrero de
2014 dos nuevas estructuras offshore en Delaware y, jugando con la
creatividad, las nombró YPF Shale Oil Investment III y IV.
Paralelamente, en la Argentina, creó en marzo de 2014 la Compañía de
Desarrollo No Convencional SRL (CDNC), controlada por las dos
estructuras offshore antes mencionadas. Con la misma operatoria, YPF
transfirió el 50% del área Narambuena a CDNC mientras aclaró que no
ejerce ninguna potestad sobre CDNC ni percibe beneficio alguno, a pesar
de ser de su propiedad. Pero, ¿la práctica es algo exclusivo de la
relación con Chevron? No. Una operatoria similar se utilizó en 2013 con
Dow Chemical para la explotación del área El Orejano (Neuquén) y también
se han creado subsidiarias offshore cuando YPF compró los activos de
Apache en la Argentina: YSUR Argentina Corporation (Islas Caimán), YPF
Europa B.V. (Países Bajos) e YSUR Argentina Investment SARL (Luxemburgo)
e YSUR Argentina Holding SARL (Luxemburgo).
En suma, en la información parcial sobre el proyecto Loma Campana aparecen por lo menos 4 subsidiarias offshore directamente vinculadas y otras dos potenciales pero, si lo extendemos a otras subsidiarias derivadas de Vaca Muerta, la lista supera las diez.
Las figuras cambian, el secreto permanece impune
La
ingeniería jurídica presentada es no solo poco transparente sino además
de responsabilidad difusa. Con arquitecturas montadas en paraísos
fiscales, las empresas esquivan necesarios controles fiscales y
regulatorios en actividades de interés público, como es el caso de la
industria hidrocarburífera. Al mismo tiempo, la utilización masiva de
técnicas controversiales y experimentales, como la fractura hidráulica o
fracking, hacen perentorio conocer a fondo quiénes son responsables de
forma clara y directa. Que, entre las diversas razones mencionadas por
Chevron para promover estos esquemas, una sea esquivar potenciales
embargos por los afectados de la Amazonía ecuatoriana, agrava aún más el
panorama de responsabilidad ambiental.
La
férrea defensa del gobierno nacional, anterior y vigente, de negar el
contrato por razones comerciales atenta contra el ejercicio efectivo de
derechos colectivos y con la administración plena de justicia. Más allá
de si pudiera haber alguna razón de índole comercial, lo que se oculta
es un entramado empresarial global estructurado a partir de la
explotación de hidrocarburos en el norte de la Patagonia argentina. El
reciente dictamen de la Oficina Anticorrupción, que tendría que velar
por la ética en los actos públicos, muestra un escenario preocupante
para el pueblo argentino como también flexible para los intereses
concentrados, sean nacionales o extranjeros. Por su parte, YPF S.A., con
su mayoría accionaria en manos del Estado argentino, debería publicar
integralmente la estructura vigente y, a futuro, prescindir de este tipo
de mecanismos.
A 40 años de un
nuevo aniversario de la peor dictadura cívico-militar que sufrió nuestro
país, con visita de Obama y rumores sobre un Tratado de Libre Comercio
mediante, reclamamos una vez más que se dé a conocer el contrato entre
YPF y Chevron debido al carácter estratégico para el pueblo argentino.
Esperamos que el viernes 18 de marzo de 2016, nueva fecha dictada por
la jueza federal María Cristina Carrión de Lorenzo, sea el fin de casi
tres años de secreto e impunidad.
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