El fracaso de las políticas de control y regulación de los productos químicos: del DDT al BPA ( PARTE III)

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El fracaso de las políticas de control y regulación de los productos químicos: del DDT al BPA ( PARTE III) 

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por • 21 mayo, 2016

Por Jonathan Latham,

independentsciencenews.org


Códigos de identificación y símbolos de los diferentes tipos de plástico. De la lectura del artículo se desprende que uno no puede fiarse siquiera de los plásticos que son considerados más seguros. Los sistemas de regulación de los productos químicos están fallando estrepitosamente. Cabe poner en duda, por tanto, la labor de las Agencias de Regulación




Sustituyendo las dudas por falsas certidumbres

Resumiendo, el proceso de evaluación de riesgos químicos se basa en la estimación de la exposición en el mundo real y su potencial para causar daño por extrapolación de uno o unos pocos experimentos simples realizados en el laboratorio. Las estimaciones resultantes vienen acompañadas de una gran incertidumbre. En muchos casos, los resultados han sido muy criticados y se ha demostrado su dudosa valía o ciertamente improbables (Chandrasekera y Pippin, 2013). Sin embargo, se siguen realizando las extrapolaciones, a pesar de que conocemos múltiples errores, frente a la alternativa de realizar las evaluaciones en especies diferentes, usando diferentes mezclas y bajo diferentes circunstancias. Teniendo en cuenta el desafío que esto supone, es comprensible que sigamos dependiendo de unos supuestos simplistas.

Sin embargo, se podría pensar que tales limitaciones e importantes supuestos se tendrían en cuenta como una advertencia en las evaluaciones de riesgo. Así debería ser, pero no lo es. Tras el traumático y desastroso brote de encefalopatía espongiforme bovina (EEB, enfermedad de las vacas locas) en la década de 1980, durante el cual la mayor parte de la población del Reino Unido se vio expuesta a los infecciosos priones siguiendo un asesoramiento científico muy cuestionable, estas recomendaciones se recogieron en el Informe Phillips. Lord Philips propuso que estas advertencias se debieran explicar a los receptores no científicos de dictámenes científicos. En la práctica, el Informe Philips no cambió nada.

Cuando un documento científico inusual promueve una discusión acerca de las limitaciones de las evaluaciones de riesgos de los productos químicos (por ejemplo, como el fracaso para explicar las interacciones entre los plaguicidas y las extrapolaciones entre especies estrechamente relacionadas), rápidamente se hace evidente hasta qué punto nuestro conocimiento y comprensión son mínimos en comparación con la complejidad biológica y real de los sistemas. Como cualquier biólogo esperaría, los errores se han multiplicado y las hipótesis estándar de evaluación de riesgos se han visto desbardadas por las situaciones de la vida ordinaria.

Por una buena razón, muchos expertos científicos están preocupados por el número y la cantidad de productos químicos artificiales presentes en nuestros cuerpos. Recientemente la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha establecido un vínculo entre la exposición a productos químicos y la aparición de nuestras enfermedades y trastornos. Mencionan de manera específica la obesidad, la diabetes, hispospadias y disfunciones reproductivas, y señalaron: “La salud mundial y la carga económica que suponen los productos químicos tóxicos presentes en el ambiente es de varios millones de muertes” (Di Rienzo et al., 2015). La Federación reconocía que se trataba de una subestimación, sin tener en cuenta las discapacidades producidas.

Los conflictos de interés en la evaluación de los riesgos de los productos químicos

Además de las dificultades técnicas, también existe el problema de que los científicos que realizan los estudios de evaluación tienen conflictos de interés económicos ( y otros). Estos conflictos de interés conllevan, como sabemos, un importante sesgo que tiene un importante impacto en la Ciencia, mucho antes de que se incorporase a la evaluación de riesgos (por ejemplo, Lesser et al., 2007).

Un ejemplo fascinante de parcialidad inconsciente se ha manifestado en la reciente revisión entre las publicaciones científicas sobre los efectos no deseados de los cultivos transgénicos que producen sus propios pesticidas (cultivos Bt) en la experimentación a campo abierto. El estudio fue encargado por el Gobierno holandés (COGEM 2014) . En el Informe se observa que la mayor parte de los investigadores han ignorado las consecuencias negativas de los cultivos transgénicos Bt, incluso estando incluidas entre sus propias conclusiones y fueran estadísticamente significativas. Aún más interesante para los autores holandeses fue el hecho de que las razones aducidas para tal comportamiento carecían de toda lógica. En líneas generales, los investigadores utilizaron métodos experimentales especializados en la detección de los efectos ecotoxicológicos locales o transitorios, pero cuando los investigadores encontraron tales efectos desestimaron sus propios resultados por ser transitorios o locales. El Informe COGEM presenta indicios razonables de que los investigadores de una determinada disciplina académica estaban rechazando aquellas conclusiones que ponían en duda las opiniones convencionales sobre los cultivos transgénicos Bt. Al parecer, los investigadores de los cultivos Bt mostraron parcialidad para no encontrar ningún tipo de daño, una parcialidad que se supone no debieran tener.

Apropiación Corporativa y disfuncionalidad institucional

La regulación de los productos químicos es realizado por un relativamente pequeño número de instituciones gubernamentales de regulación o independientes.

De todas estas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) es el ejemplo más destacado y más ampliamente imitado. La EPA presenta muchos defectos institucionales y procesales que impiden que sea una Agencia de regulación que actúe con eficacia. Tal vez, el mayor defecto sea el permitir que las Empresas Químicas lleven a cabo sus propios experimentos y proporcionen esos datos para la evaluación de los riesgos. Esto les permite seleccionar ( o incluso mentir) los resultados. Como ha señalado Melvin Reuber, ex consultor de la EPA, es extraordinariamente fácil en la obtención de unos datos para comercialización de un producto, introducir un sesgo o amañar los resultados en un estudio toxicológico en beneficio del cliente.

Cómo ha permitido la EPA que sean las propias Empresas las que presenten sus propios datos para la evaluación de riesgos es una historia que merece la pena conocer

En la década de 1980 Industrial Bio-Test Laboratories (IBT) era el mayor laboratorio independiente de pruebas comerciales de todo Estados Unidos. Un científico de la FDA, Adrian Gross, descubrió que IBT (y otras empresas) engañaba de forma consciente y deliberada a la EPA y la FDA. Sirviéndose de prácticas tales como el alquiler de un químico por parte de Monsanto para que amañase las conclusiones de los estudios sobre el PCB, IBT hacía creer que muchos productos químicos eran seguros, como muchos pesticidas. Muchos de ellos todavía se siguen utilizando. Entre ellos se encuentran Roundup, la atrazina y 2,4-D, de uso muy común en la agricultura estadounidense. Sin embargo, las Agencias de Regulación canadienses elaboraron una lista de 106 registros químicos de carácter dudoso, y la FDA identificó 618 estudios realizados en animales como no válidos debido a “numerosas discrepancias entre la realización de los estudios y los datos obtenidos”. Ambas Agencias de Regulación desecharon estos descubrimientos.

Los altos directivos de IBT fueron encarcelados, pero lo que el escándalo había revelado es que cada vez que los resultados mostraban evidencias de daños, lo cual era frecuente, las Agencias de Regulación los eludían, siendo una práctica habitual.

De mayor repercusión que el propio escándalo fue la respuesta de la EPA. En lugar de elaborar sus propios estudios, lo cual parecía la respuesta lógica ante el fallo de todo el sistema de pruebas comerciales independientes, la EPA creó un sistema bizantino de informes externos y resúmenes presentados por las Corporaciones. El laberinto burocrático resultante asegura que ningún funcionario de la EPA tiene a la vista los experimentos originales o los datos primarios, y sólo dispone de un puñado de resultados resumidos. Este sistema trae como consecuencia que se excluya la posibilidad formal de denuncia de irregularidades por parte de los empleados federales o por las solicitudes FOIA (Ley de Libertad de Información), que podrían revelas pruebas fraudulentas o resultados problemáticos. La EPA de manera calculada hizo la vista gorda ante cualquier potencial irregularidad futura, con pleno conocimiento de que el Sistema de Regulación Química era sistemáticamente corrupto.

Probablemente a los lectores les resulte más familiar el término “apropiación de los organismos reguladores”. Esta apropiación (captación) tiene múltiples formas, desde el ofrecimiento de favores a los empleados públicos y la recompensa de futuros puestos de trabajo, al estímulo de interferencias políticas desde arriba hacia abajo con las Agencias de Regulación. El efecto principal es asegurarse de que la voluntad política dentro de estas Agencias para proteger a las personas quede diluida.

La apropiación de los Organismos de Regulación puede llegar a ser una característica permanente de una Institución. Por ejemplo, en los países miembros de la OCDE hay un acuerdo llamado de aceptación mutua de datos (MAD). MAD (demente) es un nombre apropiado. Tiene el efecto de excluir explícitamente de la consideración de las directrices de regulación la mayor parte de la literatura científica revisada por pares (Myers et al., 2009a). El objetivo que pretendía MAD era el de mejorar las prácticas experimentales, exigiendo la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), que fue el procedimiento introducido después del escándalo de IBT (Wagner y Michaels, 2004). BPL es una mezcla de protocolos de manejo y fiabilidad que establece los estándares en los laboratorios industriales, pero rara vez en las Universidades u otros lugares. Sin embargo, la consecuencia de aceptar MAD ha sido excluir específicamente de la consideración de los Organismos de Regulación de las pruebas y datos no producidos por la Industria.

El acuerdo MAD explica en gran medida la ineficacia reguladora del Bisfenol A (BPA) Debido a MAD, la FDA ( y también su equivalente europeo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)) ha ignorado los cientos de estudios revisados por parte sobre los efectos del BPA, ya que no cumplirían las BPL, frente a sólo dos de la Industria. Estos dos estudios de la Industria, cuya credibilidad y conclusiones han sido cuestionadas públicamente por científicos independientes, no muestran efectos nocivos del BPA (Myers et al., 2009b).

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