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Los "ultraizquierdistas violentos" de Berlín
Los diarios se interesaron el fin de semana pasado, de repente, por lo
que ocurre en Berlín. Como casi siempre que hay disturbios, los análisis
son rápidos y mal fundamentados. En este caso se trataba de un edificio
que los medios de habla hispana han catalogado como un edificio ocupado
ilegalmente. Aquí tenemos ya el primer error garrafal: según la Oficina
de Urbanismo de Berlín, no hay en este momento inmuebles ocupados por
colectivos como tales. Después de que en los 90 cientos de bloques
fueran ocupados, y de una lucha callejera que tuvo su punto álgido en la
encarnizada batalla de la calle Mainzer, todos los grupos de activistas
negociaron contratos con el ayuntamiento y los propietarios de los
inmuebles que habían ocupado.
El número 94 de la calle Rigaer no es un local ocupado. De hecho, su desalojo ha sido declarado ilegal por un juzgado berlinés. El juez considera que el propietario del edificio, la empresa Lafone Investments Limited, tiene que poner a disposición de los arrendatarios del mismo las partes del edificio que han sido desalojadas. Cuando se produjo el desahucio parcial el pasado 22 de junio, no había una orden judicial que lo justificase. El desalojo tuvo lugar por la mañana y los inquilinos no tuvieron la oportunidad de rescatar sus enseres: en una cubeta de escombros acabaron decenas de bicicletas y hasta una silla de ruedas, sofás y otras pertenencias.
El responsable de Interior en Berlín, y por tanto responsable de la actuación de la policía, es el senador Frank Henkel, que además es candidato a la alcaldía de la conservadora CDU, el partido de la canciller Angela Merkel. Las elecciones tendrán lugar el próximo día 18 de septiembre. Henkel se presenta como la mano dura que necesita la ciudad y que combate a los "ultraizquierdistas" sin querer hablar siquiera con ellos, contrariando así al propio alcalde, Michael Müller, del partido socialdemócrata SPD.
Henkel se vanagloriaba hace dos semanas de que habían detenido a uno de los extremistas de izquierdas que se han dedicado a quemar coches de lujo por la capital alemana como forma de protesta en contra de la gentrificación y del sistema capitalista. Entre los activistas aseguran que desconocen quién lleva a cabo estos incendios. El detenido por la policía ha sido acusado por parte de algunos activistas de ser un informante de la policía y de simpatizar con el movimiento islamófobo Pegida. La policía ha negado dichas vinculaciones y asegura que se trata de un intento de desprestigio.
En todo caso, la criminalidad en la ciudad ha disminuido, excepto los robos. En ese caso la violencia o los delitos no se asocian con los activistas. Pero tras el desalojo y las semanas de control policial, así como la espectacular acción que tuvo lugar en enero, los ánimos están más que caldeados. El conflicto es sobre todo político y se mueve en torno a la especulación inmobiliaria. Así, este fin de semana tuvieron lugar los disturbios y quema de coches y cajeros, así como ataques a sucursales bancarias y empresas inmobiliarias. La ira es auténtica y se dirige contra la gentrificación, contra el uso de las viviendas y el suelo como un bien con el que especular, sin importar el tejido social que se pierde por el camino.
A calmar dicho descontento y rabia no ayuda el que la empresa inmobiliaria que posee el inmueble aparecezca relacionada con los Papeles de Panamá. Según el periódico Tagesspiegel, el propietario de la empresa, un abogado británico, tiene cuentas en el país, lo cual no supone ningún delito en sí, pero se asocia de forma inevitable en las mentes de los activistas a la corrupción o la evasión de impuestos. Al parecer, según un vídeo colgado en internet, los habitantes de la casa entraron en las oficinas de dicha inmobiliaria en actitud intimidatoria, portando un martillo y cascos de motocicleta. Cierto o no, la lucha que está teniendo lugar en Berlín, y que no ha acabado este fin de semana, aunque el tema haya desaparecido de los medios, es una protesta masiva contra alquileres abusivos, contra el destierro de los pobres a la perferia de la ciudad y, en definitiva, en contra de que Berlín sea una capital más del mundo capitalista en que vivimos, y no la excepción que aún en cierto modo sigue siendo.
El número 94 de la calle Rigaer no es un local ocupado. De hecho, su desalojo ha sido declarado ilegal por un juzgado berlinés. El juez considera que el propietario del edificio, la empresa Lafone Investments Limited, tiene que poner a disposición de los arrendatarios del mismo las partes del edificio que han sido desalojadas. Cuando se produjo el desahucio parcial el pasado 22 de junio, no había una orden judicial que lo justificase. El desalojo tuvo lugar por la mañana y los inquilinos no tuvieron la oportunidad de rescatar sus enseres: en una cubeta de escombros acabaron decenas de bicicletas y hasta una silla de ruedas, sofás y otras pertenencias.
El responsable de Interior en Berlín, y por tanto responsable de la actuación de la policía, es el senador Frank Henkel, que además es candidato a la alcaldía de la conservadora CDU, el partido de la canciller Angela Merkel. Las elecciones tendrán lugar el próximo día 18 de septiembre. Henkel se presenta como la mano dura que necesita la ciudad y que combate a los "ultraizquierdistas" sin querer hablar siquiera con ellos, contrariando así al propio alcalde, Michael Müller, del partido socialdemócrata SPD.
Henkel se vanagloriaba hace dos semanas de que habían detenido a uno de los extremistas de izquierdas que se han dedicado a quemar coches de lujo por la capital alemana como forma de protesta en contra de la gentrificación y del sistema capitalista. Entre los activistas aseguran que desconocen quién lleva a cabo estos incendios. El detenido por la policía ha sido acusado por parte de algunos activistas de ser un informante de la policía y de simpatizar con el movimiento islamófobo Pegida. La policía ha negado dichas vinculaciones y asegura que se trata de un intento de desprestigio.
En todo caso, la criminalidad en la ciudad ha disminuido, excepto los robos. En ese caso la violencia o los delitos no se asocian con los activistas. Pero tras el desalojo y las semanas de control policial, así como la espectacular acción que tuvo lugar en enero, los ánimos están más que caldeados. El conflicto es sobre todo político y se mueve en torno a la especulación inmobiliaria. Así, este fin de semana tuvieron lugar los disturbios y quema de coches y cajeros, así como ataques a sucursales bancarias y empresas inmobiliarias. La ira es auténtica y se dirige contra la gentrificación, contra el uso de las viviendas y el suelo como un bien con el que especular, sin importar el tejido social que se pierde por el camino.
A calmar dicho descontento y rabia no ayuda el que la empresa inmobiliaria que posee el inmueble aparecezca relacionada con los Papeles de Panamá. Según el periódico Tagesspiegel, el propietario de la empresa, un abogado británico, tiene cuentas en el país, lo cual no supone ningún delito en sí, pero se asocia de forma inevitable en las mentes de los activistas a la corrupción o la evasión de impuestos. Al parecer, según un vídeo colgado en internet, los habitantes de la casa entraron en las oficinas de dicha inmobiliaria en actitud intimidatoria, portando un martillo y cascos de motocicleta. Cierto o no, la lucha que está teniendo lugar en Berlín, y que no ha acabado este fin de semana, aunque el tema haya desaparecido de los medios, es una protesta masiva contra alquileres abusivos, contra el destierro de los pobres a la perferia de la ciudad y, en definitiva, en contra de que Berlín sea una capital más del mundo capitalista en que vivimos, y no la excepción que aún en cierto modo sigue siendo.
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