Venezuela. ¿Cómo superar la guerra económica?
La guerra
económica que está enfrentando el pueblo venezolano está compuesta por
diferentes elementos, que son necesarios desenmascarar y entender para
poder así contrarrestarla y garantizarían estabilidad económica para el
país, en aras de seguir avanzando en la construcción del proyecto
bolivariano. Así lo explica Víctor Hugo Majano, periodista e
investigador, responsable de la página web “La Tabla”, en una entrevista
especial realizada por Alba TV.
Mariátegui *
La caza fraudulenta de la renta petrolera
“Para entender
lo que es el proceso de desarrollo de esta situación ofensiva contra la
economía y la capacidad de consumo del pueblo, quizás el primer elemento
que hay que tomar en cuenta es el carácter de la burguesía venezolana”
argumenta Majano, “una burguesía que a partir de la aparición del
petróleo en Venezuela, al inicio del siglo XX, se dedicó a apoderarse de
la renta petrolera. Estando el control de la explotación petrolera en
mano del Estado, la burguesía ubicó apoderarse de esa renta petrolera
básicamente de dos maneras: a través de grandes contratos de obras
públicas financiadas por el Estado, y fundamentalmente a través del
control de las importaciones y de su distribución interna. "Ese carácter
fundamentalmente importador de la burguesía venezolana trajo como
consecuencia la configuración de una estructura productiva altamente
dependiente de las compras externas, controlada por grupos de la
burguesía venezolana en vinculación directa (inclusive, a través de
lazos familiares) con grandes factores multinacionales del comercio a
nivel global, alega Majano".
Tratándose de
una burguesía “siempre a la caza de esa renta petrolera” y que sobre
ésta construye su poder económico, cualquier elemento que modifique la
cantidad de divisas que ingresen al país desestabiliza su posibilidad de
apoderarse de más recursos provenientes de ahí. Eso fue lo que pasó en
Venezuela a partir del año 2013, cuando por un lado empieza el proceso
de descenso del ingreso petrolero debido a las coyunturas económicas
mundiales, y por otro lado, el Estado venezolano empieza a tomar control
sobre el sistema importador, desvelando los mecanismos fraudulentos a
eso ligados.
De hecho,
explica Majano, ese proceso de apropiación de la renta se ha venido
dando básicamente a través de un esquema de fraude importador y
sobrefacturación, que lleva las importaciones venezolanas a ser las más
caras, en comparación con otros países de América Latina, y cuyos
precios son inflados artificialmente, sin depender del costo de los
productos a nivel global. “La sobrefacturación, es decir cobrar,
facturar más por cada producto que es entregado al país, le permite a la
burguesía venezolana apoderarse de una parte de esas divisas que además
eran entregadas con una especie de mecanismo de subsidio, a un precio
que el Estado consideraba pertinente para mantener la economía, la
capacidad de compra y de consumo del pueblo venezolano.”
Además, cuando
se empezó a investigar y revisar los datos, cuenta Majano, vino a la luz
que “muchos de los importadores detectados en Venezuela acaparando y
escondiendo mercancías, así como tenían empresas en Venezuela para
importar, tenían también empresas ubicadas en los grandes centros de
comercio del exterior - Panamá, Miami, la zona del Lejano Oriente –
donde con empresas formadas por ellos mismos, se vendían y se facturaban
por supuesto lo que ellos quisieran”, imponiendo a ese tipo de
transferencia de bienes y servicios un sobrecosto enorme y sustrayendo
los recursos económicos del país. Se calcula que la fuga de divisas
hacía el extranjero realizada a través del mecanismo del fraude
importador en éstos último años (sobretodo desde el año 2003-2004,
cuando comenzó el proceso de control de cambio) supere los 300 mil
millones de dólares.
Entonces si, a
partir de 2013, hubo por un lado una reducción del ingreso petrolero, y
por otro lado un aumento del fraude importador por parte de la burguesía
interesada a aumentar sus ganancias, por supuesto que eso impactó
directamente en la cantidad de productos que se están trayendo al país:
“esa es la clave para entender porque hablamos efectivamente de una
situación de guerra económica. Está vinculada efectivamente a la
necesidad de la burguesía de mantener un flujo de divisas que permanecen
en el exterior y que no están destinadas a surtir el consumo [del
pueblo venezolano], y mucho menos está destinado al proceso de
sustitución de importaciones, de creación de una base industrial que
garantizara a Venezuela tener acceso a ese tipo de bienes esenciales,
producidos en cierta medida localmente y con un menor requerimiento de
divisas y de componentes externos” explica Majano.
Ataque múltiple a la economía venezolana
Los dos
mecanismos operativos utilizados por la burguesía venezolana para
desestabilizar la economía y tratar de revertir un proceso político que
no conviene a sus intereses, están anclados en dos puntos, aduce Majano:
el ataque a la moneda para obtener el control del taso de cambio, y la
ofensiva para el control de la fijación de los precios. Se trata de dos
ámbitos en los cuales el Estado venezolano ha ido imponiéndose para
salvaguardar la economía del país, de un lado con el control de cambio
para hacer frente a la fuga de divisas, y por otro lado con la
aprobación de la Ley Orgánica de Precios Justos, propuesta por el
Presidente Chávez en 2011, basada en garantizar la viabilidad de la
producción pero también la accesibilidad de la población al consumo de
los productos. Frente a este avance del Estado, cuenta Majano, la
burguesía venezolana empezó casi inmediatamente a activar un proceso de
restricción de la oferta de productos, a través de una manipulación de
la vía logística de distribución, para así poder disparar los precios
asociándolos a la escasez.
Al mismo
tiempo, se incrementó el ataque a la moneda a través de la manipulación
del cambio existente en la zona fronteriza con Colombia,
especificadamente en la zona que limita con el estado Táchira por el
lado venezolano y el norte de Santander del lado colombiano. Allí,
históricamente, se realiza un cambio especial local entre bolívares
venezolanos y pesos colombianos. “La norma es que las divisas de
conversión, a nivel global, sean solamente 3 o 4: el dólar, la libra
esterlina, el euro y desde hace poco, el yen. Es decir que cualquier
tipo de cambio no se va a dar directamente de una moneda local a otra
moneda local, sino tomando como referencia esas monedas” aclara Majano.
Sin embargo allí, “lograron en términos concretos, en términos
objetivos, que el punto de referencia del bolívar sea el peso colombiano
hasta llegar a su homologación, lo cual implica un proceso de
devaluación que en los últimos dos meses ha superado el 200%”. Eso se
realizó a través de un esquema de casa de cambio informales (se habla de
más de 2000 casas de cambio informales en esa zona, del lado
colombiano), que provocaron una devaluación sistemática del bolívar
venezolano en aras de generar más lucros para el contrabando de
extracción de productos venezolanos.
“Este proceso
está apuntalado por otro fenómeno que se da en la frontera, el del
lavado de capitales provenientes del delito, llámese narcotráfico u otro
tipo de delito, que han tenido en la zona fronteriza, en el Norte de
Santander, como una especie de zona de expansión, sobretodo a partir del
año 2008 cuando el ex-presidente Uribe promovió y consolidó los
acuerdos de pacificación y desmovilización de la fuerza paramilitar. De
alguna manera consiguieron confinar en esa zona geográfica a un grupo de
actores políticos, de actores armados, y darle como salida ese
mecanismo de comercialización cuyo objetivo está dirigido a deteriorar
la economía venezolana, a través del ataque a la moneda y del
contrabando de extracción.” El resultado: la consolidación del
desabastecimiento en Venezuela y el encarecimiento de los precios,
debido no sólo al deterioro del tipo del cambio, sino también a la misma
fijación directa de los precios, ya que los precios referenciales
comienzan a ser los de Colombia.
Nuestro talón de Aquiles
Existen además
unos elementos que complejizan todo el proceso y han favorecido el
impacto de la guerra económica, sigue Majano: se trata del tema de los
patrones de consumo de la población venezolana y de los paquetes
tecnológicos a éstos asociados, ambos consecuencia del carácter de la
burguesía venezolana y del modelo “productivo” altamente dependiente del
sector externo.
Con respecto a
los patrones de consumo, a través de los años se han anclado en los
productos presentes en el mercado, en su mayoría industrializados y
determinados por el sector importador. “Lo vemos si lo comparamos con la
cesta alimentaria de los demás países de América Latina: tenemos países
donde el 60-70% de la cesta alimentaria son productos agrícolas no
procesados o procesados artesanalmente: es el caso de Paraguay, y de la
misma Colombia. Pero en el caso de Venezuela esa relación es
absolutamente a la inversa: el 70% de la dieta básica es de productos
industrializados, muy difíciles de desplazar de la mesa de la población
venezolana”. Se trata, además, de productos industrializados
absolutamente dependientes de la importación, porque, agrega Majano
“nuestras grandes empresas «productoras» no son productoras: son
empaquetadoras, son ensambladoras, son procesadoras de alimentos pero no
los producen: simplemente compran los productos afuera y los empacan
aquí, o los mezclan simplemente". El mismo hecho de que gran parte de la
cesta básica venezolana sea constituida por rubros industrializados no
perecederos ha facilitado la guerra económica, permitiendo el
acaparamiento y la fácil movilización de este tipo de productos.
Autocrítica para poder avanzar
“Creo que el
elemento fundamental para entender por qué durante todos estos últimos
años no logramos avanzar en lo que era la consolidación de un modelo
distinto es que simplemente tratamos de remplazar con la misma
metodología, con las mismas técnicas, con los mismos patrones de
consumo, con los mismos paquetes tecnológicos, la forma de producir del
capitalismo, y resulta que el modelo es inherente al capitalismo”
explica Majano, añadiendo que a eso se debe parte del fracaso relativo
del intento de industrialización impulsado por el Comandante Chávez a
partir del 2006-2007. En esos años hubo un proceso sistemático de
industrialización de elementos claves de la producción, aunado a una
serie de procesos orientados a remplazar le rol de la burguesía (en
particular la importadora), por una base industrial propia que además
había sido abandonada por ella. Es el caso, por ejemplo, de Lácteos Los
Andes y de Industrias Diana, empresas que habían sido quebradas por sus
dueños. “Si vamos a ver todas las empresas que la burguesía
mediáticamente dice que el Estado no ha sabido manejar, son empresas que
el Estado se vio obligado a tomar bajo control tanto para garantizar la
producción cuanto para garantizar los puestos de trabajo”, agrega
Majano.
¿Cuáles han
sido los errores en este proceso? Según Majano, se deben al “haber
tratado de hacer las cosas con los mismos elementos de dependencia
tecnológica y para satisfacer el mismo patrón de consumo”, incurriendo
en la dependencia de insumos importados y de tecnologías con licencia de
uso, sin avanzar en el rompimiento del modelo rentista. En este último
caso, “la limitación no sólo implicaba el pago de esa licencia sino que
también a esa industria multinacional [propietaria de la licencia] no le
convenía estar contribuyendo con un proceso alternativo de modificación
de los elementos productivos que ahí estaban asociados”.
Otro error ha
sido desarrollar una producción orientada no hacia el consumo masivo
sino a surtir otros sectores industriales, en manos de la burguesía,
quien a la hora de meter en acto su ofensiva económica, paró la
producción, y por lo tanto la compra de los insumos. “Entonces
paradójicamente, mientras teníamos a la gente sufriendo porqué no tenía
acceso directamente al producto de consumo, el producto que hubiera
podido ser consumido por la gente estaba deteriorándose, dañándose en
estas plantas porque no era comprado por las industrias que procesaban
posteriormente con base en este tipo de insumo”.
¿Qué hacer?
“Yo creo que en
términos muy concretos y muy inmediatos, aquí hay cosas muy sencillas
que se pueden hacer y que incluso la gente ya las está haciendo, sólo
tenemos que meterle un poco de tecnología y de metodología. [En ámbito
alimentario] hay que avanzar directamente hacia el tema de garantizar
como mínimo una base de carbohidratos y de proteínas no industrializados
y de producción y distribución masiva” sugiere Majano. “Nuestra
sociedad tiene capacidad productiva para poder autoabastecerse,
simplemente habría que ordenarla”, dice Majano, a través de procesos muy
sencillos de incorporación tecnológica (relativos por ejemplo a la
molienda y a la cadena del frio) que van a garantizar volúmenes
importantes y sin mayores costos para producir estos tipos de alimentos.
Se trata de procesos de desindustrialización, que permitirían
garantizar estabilidad productiva (y hasta emocional, dice Majano) en el
cortísimo plazo y que permitirían abordar áreas mucho más complejas. En
éste ámbito por supuesto entrarían en juego los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) como elemento fundamental en la
creación de alternativas productivas, para procesar, producir y
distribuir localmente lo que se está generando.
Con respecto al
ámbito macroeconómico, opina Majano, el Estado tiene que volver a
asumir el control del cambio, sobretodo reactivando el cierre de
frontera con Colombia, así como ya se hizo por unos meses obteniendo
cierto nivel de estabilidad: porque allí en la frontera hay elementos
concretos que influyen sobre el tipo de cambio y que dan veracidad a lo
que puedan publicar las notas páginas web que se dedican a especular y a
formular propuestas de tasas de cambio absolutamente desvinculadas de
los elementos macroeconómicos. Hay que asumir que además de esas páginas
web, dice Majano, el elemento concreto que dispara esa tasa de cambio
es el intercambio comercial en condiciones absolutamente asimétricas con
la República de Colombia.
“En la medida
en que nosotros podamos tener control de ese tipo de cambio, vamos a
poder incidir en términos concretos sobre el tema de los precios”, sigue
Majano, “y el Estado tendrá que asumir nuevamente su rol de regulador
de precios”, retomando el Registro de Costos de Bienes y Servicios,
presente en las primeras versiones de la Ley Orgánica de Precios Justos:
“un volumen de datos que permitiría saber cual es la estructura de
costo de cada uno de los rubros” consintiendo así de fijar precios sobre
la base de lo que sea viable tanto para el productor como para el
consumidor.
Se trata de
aprender de los errores cometidos, prestar atención a las alertas
presentes y asumir la necesidad de “romper con los patrones de consumo
existentes, con los paquetes tecnológicos impuestos, cambiar los
mecanismos de producción. Y asumir de que a estas alturas, después de un
año que el Gobierno trató de retomar un especie de acuerdo con la
burguesía, ya nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que
evidentemente esa es una burguesía en la cual no podemos confiar”
asevera Majano.
“Eso implica
volver a poner la vista en lo que es el tema de la producción de base,
de la producción a través de empresas de producción directa o indirecta,
de la transferencia de tecnología, de recursos y de herramientas que de
hecho ya están disponibles”. Esas medidas incluyen la entrega de
plantas productoras a sus propias trabajadoras y trabajadores, “que han
demostrado poder hacer mucho más de lo que hace esta burguesía. Y, en
todo caso, una posible alianza con esa burguesía está vinculada a la
participación de los trabajadores, de los productores y de los
consumidores”.
Majano termina
alertando sobre los peligros del monopsonio, a través del cual se
entrega la entera producción de un rubro a una única empresa
(transnacional o local), “ya que en vez de estar potenciando la
capacidad productiva, estaríamos comprometiendo nuestra producción a
unas empresas que probablemente en este momento tienen la voluntad y la
capacidad para absorber y procesare esos volúmenes, pero en cualquier
momento simplemente esa relación se puede romper, dejando nuestros
productores con su producción sin ser procesada en términos masivos, en
términos colectivos, como debería ser el proceso que debemos adelantar”.
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