La noticia me la comentaba en privado ayer un camarada venezolano. En un primer momento me costaba creerlo, pero la amenaza de ilegalización del PCV (Partido Comunista de Venezuela) es real, salvo que acceda a los requerimientos jurídicos del Consejo Nacional Electoral (CNE), algo que en un futuro podría ser un riesgo para la propia vida de sus militantes. Trataré de explicar en esta entrada el problema planteado. Pero, antes de abordar la cuestión concreta del PCV y Venezuela, creo que debemos primero entender la amenaza permanente que recae sobre los comunistas en los regímenes políticos burgueses.
1. Contexto general del problema. ¿Tienen razón los comunistas del mundo para sentirse amenazados en los regímenes políticos burgueses?
El cuchillo de la represión burguesa contra los partidos comunistas ha sido siempre una amenaza constante por todo el mundo. A partir del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, las organizaciones comunistas despertaron la ira exacerbada de la burguesía capitalista, provocada por su pánico a que el Socialismo se propagase. En su defensa del status quo, los regímenes políticos de la burguesía han reaccionado infinidad de veces con oleadas de represión contras la única fuerza política y social que constituye una amenaza real para su hegemonía y dominación: los comunistas (en muchos lugares y en distintos períodos históricos, también los anarquistas).
A lo largo de los últimos cien años, dicha represión ha tenido lugar no solo bajo el manto de las distintas dictaduras políticas que se han ido generando, sino también incluso bajo el formato "blando" de las democracias burguesas parlamentarias. Así, por ejemplo, la democratísima corona británica reaccionó a la revolución socialista del 17 deteniendo, encarcelando, torturando e incluso ejecutando extrajudicialmente a comunistas británicos muy activos en el movimiento obrero sindical; de esto supo mucho un personaje despreciable como fue Winston Churchill, un anticomunista que miraba con buenos ojos el fascismo (1). O también, por ejemplo, la represión contra los comunistas en EE.UU., especialmente durante la guerra fría. O en la muy "democrática" República Federal Alemana, donde en 1956 -por decisión de la Corte Constitucional Federal- fue ilegalizado el histórico KPD (Partido Comunista Alemán); una de las consecuencias fue que a los comunistas alemanes de la RFA se les prohibió ejercer determinados tipos de trabajo (2). Y podríamos poner muchos más ejemplos históricos. En tiempos recientes, también se están dando casos de represión contra los comunistas en las democracias burguesas (por ejemplo en Polonia y Ucrania; véase "El auge del fascismo y la persecución contra los comunistas en la Unión Europea").
Si esto tiene y tuvo lugar en el marco de las democracias burguesas, cuando el capitalismo adopta su plan B de emergencia -el fascismo, la dictadura política- la situación para los comunistas se vuelve entonces extremadamente grave. La detención, tortura y exterminio físico de los comunistas y simpatizantes, pasa a integrar la línea de actuación principal de las dictaduras políticas impuestas por la misma clase dominante que antes y después va a defender una "democracia". Creo que no es necesario mencionar ejemplos. Los comunistas en algunas regiones del mundo, como es el caso de América Latina, han visto una y otra vez cómo sus ideas se convierten en motivo para ser torturados y asesinados cada vez que los milicos experimentan una excitación de su natural libido golpista. En Indonesia, la dictadura promocionada por la CIA llevó a cabo un genocidio contra el PKI, el mayor partido comunista del mundo después del soviético y del chino; se calcula que entre 500.000 y un millón -la cifra más probable- de comunistas y simpatizantes fueron asesinados por la dictadura de Suharto (ver "Indonesia 1965"); a veces los particulares escuadrones de la muerte indonesios, en las entradas de las aldeas hacían pirámides con las cabezas cortadas de los asesinados, como aviso para los demás (3).
Nadie mejor que el cavernícola ABC captó la esencia de esos golpes que dan lugar a dictaduras con las cuales la burguesía trata de exterminar a los comunistas y afines. En su portada del 12 septiembre de 1973, el ABC anunciaba y celebraba con entusiasmo el golpe de estado chileno contra Salvador Allende, calificando el golpe como una "misión quirúrgica de urgencia" y como "la única posibilidad de salvación contra la amenaza de una dictadura marxista", como podemos ver en la siguiente imagen:
La portada del ABC ejemplifica a la perfección cómo el fascismo es siempre el plan B de la burguesía capitalista cuando se ve amenazada. Democracia burguesa y dictadura son las dos caras de una misma moneda, llamada capitalismo.
Así pues, es normal y razonable que los comunistas consideren que su condición conlleva un riesgo para sus vidas, en determinados momentos del devenir del ciclo político burgués. Y en unos lugares más que en otros. Pero, al mismo tiempo, los comunistas no pueden vivir en clandestinidad en una democracia burguesa. Sería de locos que esto ocurriese. Entonces, el problema de fondo que muchas organizaciones comunistas se plantean es cómo compaginar la necesidad de visibilidad y actuación en la vida política y social, y al mismo tiempo tomar ciertas precauciones de protección, por lo general pensando en la posibilidad de que se produzca una involución política (4).
2. Contexto específico del problema. El caso concreto del PCV.
Todo lo anterior es aplicable, sin discusión posible y en grado notable, al caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el más antiguo de los actuales partidos venezolanos. El PCV nació en condiciones de represión contra los comunistas. Fue creado clandestinamente el 5 de marzo de 1931 en duras condiciones de clandestinidad, sufriendo el primer golpe antes de cumplir dos meses, cuando las fuerzas represivas del dictador Gómez Chacón detuvieron a una docena de dirigentes y a 40 obreros militantes. Cuando muere el dictador y se hace un amago de crear una democracia burguesa, el artículo 32 de la nueva Constitución pasó a considerar un grave delito la propagación de ideas comunistas y anarquistas, con lo cual el PCV siguió siendo ilegal. El exilio o la cárcel que muchos de sus cuadros y militantes sufrían, no impidieron que el Partido fuese muy activo en el movimiento obrero, aunque clandestinamente. De hecho, es con la huelga del 36 en el sector petrolero, cuando el PCV se consolida como la organización de referencia del proletariado venezolano. La dura represión sufrida no consiguió acabar con el PCV, un partido muy disciplinado y con cuadros muy preparados, capaz de sobrevivir políticamente en condiciones muy adversas.
En octubre de 1945, el PCV pasa a ser legal por primera vez, pero el golpe de estado militar de 1948, deja al PCV sin posibilidad de realizar actividad política legal. Convertido en locomotora de las reivindicaciones del movimiento obrero, la junta militar encabezada por el dictador Marcos Pérez Jiménez, ilegaliza formalmente al partido en 1950. El PCV es objeto entonces de una durísima represión, con detención y encarcelamiento de miembros del Partido e incluso con el asesinato de varios de sus líderes. En el 58 es derrocado Pérez Jiménez y el PCV vuelve a ser legal. Ese mismo año hay elecciones y sube al poder alguien que en los años 30 había mostrado unas ciertas simpatías por el Partido Comunista antes de convertirse en un furibundo anticomunista: Rómulo Betancourt, del partido Acción Democrática (AD).
Aunque el PCV era legal en aquellos momentos, bajo el gobierno de Betancourt la represión contra los comunistas no se detuvo. Por ejemplo, en 1960 grupos armados del sector sindical amarillista de Acción Democrática (llamados “sotopoles”) se dedicaron a atacar a los sindicalistas comunistas del PCV. Con Betancourt la represión de manifestaciones llega a provocar muertos. Así sucedió con la que tuvo lugar en Caracas en enero de 1961, después de la cual el "demócrata" Betancourt afirmó en un discurso, dirigiéndose a las fuerzas represivas: “Disparar primero, averiguar después”. Se suceden las detenciones, asaltos a los talleres en los que se imprimía Tribuna Popular, las torturas, prisión y asesinatos de comunistas (5). En mayo de 1962, un decreto de Betancourt ilegaliza formalmente (porque de facto, ya estaban) las organizaciones comunistas, procediéndose a la detención de sus dirigentes. Y las cárceles de Venezuela se llenan de presos políticos en la "democracia" venezolana...
Livia Gouverneur, estudiante de Psicología de la UCV y militante del PCV, asesinada el 1 de noviembre de 1961. Desde su creación, el PCV ha sufrida una dramática experiencia de represión de sus militantes: detenciones, prisión, torturas, desaparecidos, asesinatos, exilio...
Tras dejar el poder Betancourt, la situación en principio no cambió para el PCV. Siguen los encarcelamientos, torturas, asesinatos y "desaparecidos". En 1967 (5) el PCV vuelve a ser legal y de hecho se presenta a las elecciones del año siguiente. Durante la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974), el PCV fue legal en Venezuela, y lo mismo con gobiernos posteriores hasta el día de hoy.
En 1998, en su X Conferencia Nacional, el PCV se convirtió en la primera organización en dar su apoyo de manera oficial a la candidatura electoral de Hugo Chávez. Desde entonces el PCV apoyó a Chávez, como más tarde haría también con Nicolás Maduro, en lo que se conoce como el Gran Polo Patriótico (GPP). Aunque el PCV ha estado apoyando al PSUV sin dejar de hacer sus críticas cuando consideró necesario hacerlas, se ha mantenido como partido independiente, rechazando su integración -tal como quería Chávez- al considerar que el PSUV es una organización interclasista, lo cual resulta incompatible con un partido comunista.
[Referencias.- Wikipedia: "Partido Comunista de Venezuela". Tribuna Popular: "65 años de la juventud comunista" y otras entradas. PCV Los Guayos: "Cronología Mínima de la Historia del PCV".]
Todo esto, ¿qué nos está señalando? Es muy sencillo: que en base a su experiencia histórica (en distintos períodos, tanto en dictadura como en democracia burguesa), el PCV tiene sobradas razones para desconfiar y rechazar cualquier práctica reglamentaria que suponga facilitar a los poderes del estado burgués (y Venezuela lo sigue siendo) los datos de sus militantes. Y esto es el trasfondo de la noticia. Quizás me haya extendido contextualizando, pero lo anterior nos permite entender que el rechazo de la norma que ahora le imponen, no es un capricho de los comunistas venezolanos. Pero veamos cuál es exactamente la norma que origina el problema.
3. La disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE)
Leemos en la web de la Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela:
"El proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos se iniciará el sábado 18 de febrero, de acuerdo con lo aprobado este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE)". Esto afecta a los partidos "que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios. Cada partido tendrá dos días para la recolección de manifestaciones de voluntad de sus miembros". Dichos partidos deberán recoger el 0,5% de las firmas del padrón electoral, en un plazo de 48 horas (apenas 14 horas hábiles).
Cada partido deberá llevar a cabo "la recolección de manifestaciones de voluntad de sus miembros". "(...) Las y los militantes deberán validar su identidad en el estado en el que se encontraban registrados para esa fecha". "(...) Para este proceso de renovación, el CNE dispondrá de 390 puntos (...) y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de las y los militantes". También se habla de "validación de huellas" de los registrados. Estas huellas serán tomadas digitalmente a través de "máquinas captahuellas" en los 390 puntos mencionados.Tal como interpreto esto, lo que significa la disposición es que buena parte de los partidos deberán presentar los datos de sus militantes incluyendo su expresión de voluntad de apoyo al mismo y sus huellas digitales. En otras palabras, el Estado pasa a conocer la identidad, con pelos y señales, de todos y cada uno de los militantes de un partido.
Se habla de "renovación" del registro. ¿Por qué? Sencillo: porque tal disposición ya existía desde que fuera creada por el gobierno del anticomunista Betancourt en 1965, en el contexto de la represión política contra la izquierda. Con la nueva Constitución venezolana, la norma dejó de aplicarse porque contradecía la carta magna venezolana. Pero con la reforma de la ley en 2010, la norma se mantuvo a pesar de su inconstitucionalidad, de forma que ahora se pretende aplicar.
4. ¿Qué consecuencias tiene para los partidos que no la cumplan?
Perderán el derecho a presentarse a elecciones políticas (de entrada). Es decir, al menos en términos electorales pasarían a ser ilegales.
5. Reacción del PCV.
Según recoge Tribuna Popular, medio de expresión y comunicación del PCV, el Buró Político de los comunistas venezolanos, ha expresado que el PCV "no participará en el proceso de legalización de los partidos políticos anunciado por el Consejo Nacional Electoral", lo que supondría que el Partido dejaría de ser legal.
Por un lado (seguimos la misma fuente arriba enlazada), el PCV interpuso "un recurso de nulidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos porque está en contradicción con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
Por otro lado, el PCV recuerda a todos que la norma fue aprobada en 1965 "en un contexto de represión, persecución y asesinato y de control de los partidos políticos progresistas, revolucionarios y populares como el Partido Comunista de Venezuela bajo el gobierno, de aquel momento, el gobierno puntofijista”.
En definitiva, el PCV "no participará en el proceso de legalización de los partidos políticos anunciado por el Consejo Nacional Electoral, en los términos en que está planteado, 'en virtud de que el mismo, acarrea para nuestra militancia riesgos fundamentales, estamos hablando de entregar información confidencial de los militantes de un partido que a lo largo de la historia ha sido perseguido'”.
Yul Jabour, el Buró Político del PCV, ha insistido en lo absurdo que supone la aplicación de una norma "betancusrista de 1965", todavía vigente pero que contradice el marco constitucional actual. Y sobre todo ha insistido en la necesidad que tiene el Partido en garantizar la seguridad de sus militantes. además de que la relación de estos con el Partido no debe ser interferida ni depender de "órganos del Estado burgués":
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