La corrupción en el país ha llegado a tal nivel que corruptos y corruptores, de todos los órganos del Estado, pretenden ser juez y parte, lo que constituye otra burla más al pueblo panameño. Pero como si no bastara tanta burla al pueblo, los diputados dicen que se investigarán ellos mismos.
El dilema es quién investiga a quién, quién juzga a quién. Los diputados juzgan a los magistrados de la Corte, la Corte a los diputados, los diputados al presidente, el presidente designa a los magistrados y el Ejecutivo aprueba el presupuesto de todos los órganos del Estado.
El cinismo es tal que la supuesta Comisión de la Asamblea que ‘investigará’, sus miembros (de todos los partidos tradicionales) que no han sido investigados, se llevaron más de 50 millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Se dice que la Contraloría va a auditar, pero no podemos olvidar que desde esta instancia se refrendó todo lo que salió. Además, el propio contralor Federico Humbert elaboró un reglamento para legalizar la corrupción en la Asamblea. El Ministerio Público dice que no es de su incumbencia investigar a los diputados, pero la ley sí los obliga a investigar a los que se beneficiaron de donativos y contratos falsos y a las miles de personas que, de seguro, con la delación premiada, estarían dispuestas a señalar a los que se burlaron de ellos.
Estamos ante una crisis de credibilidad de imagen de los órganos del Estado donde todos se encubren entre sí. Es lo que hemos venido denunciando por más de una década, la vertiginosa descomposición de una institucionalidad que no tiene salvación. Ladrones de cuello blanco impunes. Es una crisis insalvable, que además se ahonda con los otros escándalos como Odebrecht, Panama Papers y más. El sistema ha recibido un duro golpe en su columna vertebral.
Y en medio de todo esto salen los mismos discursos de siempre. ‘Que hay que ver el lado positivo’, ‘que esto es una oportunidad para cambiar’.
Los medios de comunicación y la clase dominante, en función de sus intereses económicos, buscarán consensos entre ellos, una salida tipo caricatura de constituyente, encontrarán chivos expiatorios, maquillarán a seudoindependientes para ofertarlos como Mesías, pero que en verdad son instrumentos de ese poder económico y político que se ha beneficiado de este statu quo. Hay quienes pregonan por salida política (‘pactos de gobernabilidad’ de los grupos de poder económico y su putrefacta ‘clase política’) y desestimar la vía judicial.
Tal como señala Frenadeso, ‘Nosotros, que no somos pesimistas sino luchadores sociales que hablan con la verdad, debemos decirle al pueblo que si la cosa está fea se puede poner peor’, y no hay que esperar a junio.
Y ello es así porque, a pesar de este estruendoso escándalo de corrupción en la Asamblea, los diputados prosiguen con la discusión de unas reformas electorales que, con el apoyo pleno de unos magistrados del Tribunal Electoral al servicio de los partidos tradicionales, buscan darle al menos 400 millones de financiamiento público a los mismos que convirtieron las elecciones en una guerra de chequeras, de sacos de cemento, de hojas de zinc, de gorras, electrodomésticos, etc., en vez del debate de ideas y propuestas.
El pueblo debe asumir las riendas de su futuro. Insistimos en que la única salida real en función de los intereses del pueblo es una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que barra, de una vez por todas, esta podredumbre moral de las instituciones caducas.
Ello exige hacer trabajo de base, organizarnos, intensificar la lucha, hacer educación y propaganda entre las masas populares, denunciar la corrupción e injusticias, construir poder popular y aglutinarnos en torno al Frente Amplio por la Democracia (FAD) como alternativa política electoral que siendo gobierno facilite el camino de las transformaciones sociales, económicas y políticas impostergables y mejore la situación de los pobres y trabajadores.
GENARO LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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