Un ataque contra un convoy de sirios evacuados causa más de 120 muertos
Juan Carlos Sanz
Al
menos 126 personas, entre ellos 68 niños, han muerto y decenas más
resultaron heridas el sábado cerca de Alepo a consecuencia de la
explosión de un vehículo cargado con explosivos junto a los convoyes que
llevaban a cabo la evacuación pactada el viernes por el régimen y los
rebeldes de Siria, según el balance de víctimas actualizado el domingo
por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El acuerdo tenía como objetivo el traslado a zonas seguras de unos 30.000 civiles y combatientes
desde cuatro poblaciones asediadas, dos en manos del Gobierno y otras
dos en poder de la oposición. La gravedad del estado de muchos de los
heridos hace temer que se incremente aún más el balance de víctimas
mortales.
Imágenes de una web local difundidas por la agencia
Reuters mostraban varios cadáveres, entre ellos los de varias mujeres y
niños, junto a varios autobuses humeantes, así como decenas de heridos,
algunos con miembros amputados por la onda expansiva, en uno de los
atentados más graves registrados en el conflicto sirio. Testigos del
ataque relataron a un periodista de France Presse que una furgoneta
supuestamente cargada con ayuda humanitaria se había empotrado contra un
convoy, formado por unos 75 autocares, antes de que estallara.
La escena del atentado, en la periferia de Alepo, minutos después de la explosión del coche bomba.REUTERS TVREUTERS
La operación de desplazamiento de población sitiada había
quedado paralizada en la mañana del sábado en Rachidin, en un área
insurgente situada al oeste de Alepo, ciudad controlada en su totalidad por el régimen
desde el pasado diciembre. Las discrepancias sobre el número de
milicianos armados que podían ser transportados parecían ser la causa
del bloqueo.
Unos 5.000 evacuados desde las localidades chiíes
gubernamentales de Al Fua y Kefraya (Idlib, noroeste) se hallaban
retenidos en punto donde se produjo la explosión. El Observatorio
precisó la gran mayoría de las víctimas mortales procedían de ambas
poblaciones, aunque también perecieron algunos miembros de las unidades
de la oposición que vigilaban la caravana o formaban parte de equipos de
ayuda humanitaria.
Otros 2.200 civiles y combatientes procedentes de los pueblos suníes insurrectos de Madaya
y Zabadani, en la provincia de Damasco, se encontraban también
retenidos por las tropas leales al presidente Bachar el Asad en Ramusa,
un nudo de carreteras de la periferia suroeste de Alepo. La evacuación
se reanudó en ambas zonas al anochecer del sábado.
Las cuatro
localidades evacuadas se encontraban asediadas desde 2015 por las
respectivas fuerzas enemigas. El acuerdo para el traslado de la
población fue alcanzado el pasado marzo con la mediación de Irán, aliado
del Gobierno, y de Qatar, que apoya a la oposición, aunque no había
podido ponerse en marcha hasta ahora ante la desconfianza generada entre
los contendientes tras más de seis años de guerra civil.
Está
previsto que los partidarios de la oposición se trasladasen a la
provincia de Idlib, el principal feudo insurgente en el norte de Siria,
en tanto que los de las zonas gubernamentales cercadas deben dirigirse a
Alepo, Latakia o Damasco. Entre los evacuados viajan un gran número de
mujeres, niños y ancianos, así como centenares de combatientes
gubernamentales e insurgentes autorizados a conservar sus armas ligeras.
El régimen y los rebeldes intercambiaron acusaciones sobre la autoría
del atentado, que aún no ha sido reivindicado.
Naciones Unidas ha intentado llevar ayuda humanitaria a las poblaciones asediadas,
pero apenas ha conseguido enviar unos pocos convoyes con alimentos y
medicinas desde 2015. Los casos de desnutrición y enfermedades se han
multiplicado. Unas 600.000 personas viven en zonas sitiadas por tropas
enemigas y cerca de cinco millones de sirios se encuentran en zonas de
difícil acceso a causa de la guerra.
En los últimos meses, el
régimen de El Asad ha ofrecido a los rebeldes una serie de “acuerdos de
reconciliación local” para que abandonen los reductos cercados
acompañados por sus familias. A cambio de que les sea garantizado el
paso hasta los principales feudos de la insurgencia, deben entregar unas
posiciones que obligaban al Ejército a distraer fuerzas de los
principales frentes de combate.
La oposición denuncia que los
sitiados se ven obligados por el hambre y las privaciones a aceptar
pactos que están desencadenando una “limpieza” de rebeldes suníes en
zonas alauíes (rama del islamismo chií) controladas por el Gobierno, lo
que constituye un crimen de guerra.
En una entrevista publicada el jueves por France Presse,
El Asad aseguró que los movimientos de población iban a ser
provisionales y los residentes podrían regresar a sus ciudades una vez
“limpiadas de terroristas (rebeldes, según la denominación del
régimen)”. Tras las evacuaciones masivas de civiles en Homs (2015) y en
el este de Alepo (2016) las áreas abandonadas por los insurrectos se han
convertido en distritos despoblados.
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