Un tsunami político golpea a Brasil

Implosión. Ocho de los veintiocho ministros del excepcional gobierno brasileño fueron incluidos en la lista de políticos involucrados en el escándalo que investiga la causa Lava Jato a cargo del Supremo Tribunal Federal.
El juez del Supremo Jorge Edson Fachin, sucesor del fallecido Teorí Zavascki, presentó un listado de funcionarios contra los cuales hay indicios serios de corrupción, en el que figuran el jefe de gabinete Eliseu Padilha y el secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco, pertenecientes al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y desde hace años lugartenientes del presidente Michel Temer. En la “Lista de Fachin” también aparecen el reciente canciller Aloysio Nunes Ferreira y su antecesor José Serra, ambos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), agrupación liderada por Fernando Henrique Cardoso, considerado uno de los inspiradores del golpe que derrocó a Dilma Rousseff para terminar con el “proyecto de poder delictivo del Partido de los Trabajadores”.
Los expresidentes Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff fueron citados por el juez Fachim, y dado que no tienen foro privilegiado –como los ministros y legisladores– sus causas serán tramitadas ante jueces de primera instancia, como Sergio Moro.
El informe de Fachin se basó en una denuncia de la Procuraduría General de la República elaborada a partir de las “delaciones premiadas” de Marcelo Odebrecht y ejecutivos de su empresa constructora.
Claro que esas confesiones no bastan para condenar a nadie y requieren de pruebas que las sustenten.
En una de las declaraciones bajo juramento de Marcelo Odebrecht, éste contó la cena compartida en 2014 con el entonces vicepresidente Michel Temer, que tuvo entre sus comensales al hoy ministro Padilha, y en la que se acordó el aporte de millones de dólares ilegales para la campaña del PMDB.
Ayer ninguno de los ocho ministros consignados en la “Lista de Fachin” presentó su renuncia al cargo en los que fueron implícitamente ratificados por Temer durante una ceremonia oficial.
El siempre solemne jefe de estado habló de un país probablemente inexistente donde “avanzamos” aceleradamente hacia las “osadas reformas” estructurales que cuentan con el apoyo del Poder Legislativo.
El discurso lleno de optimismo expresado en el Palacio del Planalto se dio de bruces con el vacío que se observaba en el Congreso, donde fueron suspendidas las sesiones plenarias ante el tsunami desatado por las denuncias que enlodaron a 63 parlamentarios, incluyendo al jefe de la Cámara Alta Eunicio de Oliveira y a su colega de Diputados Rodrigo Maia.
El caso es que ni los fiadores del régimen parecen creer en las palabras ilusorias de un mandatario doblemente excepcional: que nunca tuvo legitimidad electoral y ahora parece haber perdido parte del apoyo de los grupos de interés que lo llevaron al poder.
“Las delaciones (de Odebrecht) enflaquecen al gobierno y complican la sucesión de Temer” escribió, realista, el diario financiero Valor Económico, que está lejos de ser opositor y apoya el programa neoliberal en curso. Ayer por la noche el Supremo Tribunal Federal comenzó a distribuir los HD con decenas de horas de confesiones de los “arrepentidos” de Odebrecht, en las que podrían surgir más revelaciones excluidas del informe presentado por Fachin.
Por lo pronto el magistrado cumplió con sobriedad la tarea que heredó de su colega Teorí Zavascki, muerto en enero pasado en las costas de Río de Janeiro en un accidente aéreo cuyas causas son investigadas por peritos de la Aeronáutica. La desaparición de Zavavacki no fue una mala noticia para Temer y los suyos.
El ex magistrado fue el único miembro del Supremo Tribunal Federal que se permitió encuadrar al gobierno a través de una serie de decisiones y hasta puso límites a los atropellos del juez Sergio Moro, en su papel perseguidor de Luiz Inácio Lula da Silva.
Con su muerte quedó enterrada la jurisprudencia por la cual si un presidente en funciones es sospechado de corrupción debe ser objeto de investigaciones. Esa tesis fue reemplazada por otra, acatada por Fachin y festejada por Temer, que prohíbe abrir pesquisas sobre un mandatario mientras está en el ejercicio del cargo sobre hechos anteriores a su mandato.
Página12

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